La corporación estatal CIMEX, que forma parte del conglomerado militar del régimen cubano GAESA, anunció recientemente que ofrece varios de sus locales para que sean regentados por empresas del sector no estatal a través de "contratos de producción cooperada", ante la incapacidad para gestionarlos y como parte de un ejercicio de "ceder activos empresariales públicos a actores privados", advirtió el economista Pedro Monreal.
El experto apuntó que, en un contexto políticamente cerrado como el cubano, "lo preocupante es que quienes dicen defender una economía socialista —concepto vagamente definido que, en la práctica, se desplaza hacia la propiedad privada y los mecanismos de mercado— estén utilizando la cesión de activos estatales para consolidar el poder económico de funcionarios, emprendedores 'de confianza' y testaferros".
"Esa cesión puede adoptar la forma de una transferencia de propiedad o de un control de facto mediante arrendamientos de largo plazo, derechos de superficie, concesiones u otras modalidades de gestión", explicó y lanzó dos preguntas retóricas a La Habana: "¿De qué socialismo se habla?" y "¿Qué tipo de capitalismo se está construyendo?".
En tal sentido, el economista resaltó que este proceso de cesión de bienes "podría dar lugar a un capitalismo de compinches, donde el acceso privilegiado a activos públicos, información y decisiones discrecionales sustituya a la competencia abierta".
"También podría combinarse con un capitalismo de Estado en el que ciertos núcleos de poder político y militar conserven el control estratégico, externalicen la gestión y capturen rentas mediante redes selectas de actores privados", agregó.
Al hilo de lo anterior, recordó que, según la Constitución cubana, "los activos de las empresas estatales cubanas pertenecen a todo el pueblo. Las entidades estatales encargadas de administrarlos y gestionarlos actúan como sus custodios".
En un entorno tan corrupto como el cubano, "las debilidades normativas agravan los riesgos asociados a la opacidad, la discrecionalidad y los controles insuficientes, y favorecen a quienes disponen de información privilegiada o contactos previos", dijo. Apuntó a los "plazos extremadamente breves para presentar ofertas", la "falta de transparencia en los arrendamientos y la distribución de resultados", la "discrecionalidad y falta de gestión de los conflictos de interés" y la "posible subvaluación del arriendo y de los aportes estatales en la producción cooperada".
Para prevenir la corrupción en este ámbito, Monreal propuso "limitar la acumulación de locales" e "impedir que los locales sirvan de base a redes privilegiadas", así como "definir los 'sujetos restringidos' en los ámbitos político, estatal y gubernamental", quienes, explicó, "no podrían recibir, por ninguna vía, acciones, activos, usufructos, derechos de superficie, concesiones, arrendamientos de bienes estatales ni beneficios de contratos de producción cooperada".
Entre ellos deberían estar, según su criterio, tanto los miembros del Comité Central del Partido Comunista como los integrantes de sus comités provinciales y municipales, así como los miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, los integrantes de los gobiernos provinciales y municipales, los diputados de la Asamblea Nacional y los delegados de las asambleas de ámbito provincial y municipal.
Además, tendrían que figurar entre los "sujetos restringidos" los miembros de la Contraloría General de la República, junto con sus contralores provinciales y municipales, al igual que los integrantes de la Fiscalía General y los directivos del Banco Central y de la banca estatal responsables de asignar divisas o crédito, entre otros funcionarios. También deberían incluirse, subrayó Monreal, "los cónyuges, hijos y sociedades controladas por las personas incluidas en esta lista, independientemente de su nacionalidad o residencia".
El problema, remarcó, "no es la transición hacia una economía con mayor participación privada, sino que podría apoyarse, al menos en parte, en el expolio de bienes públicos".
