Luego de que la Presidencia de Cuba publicara el jueves 25 de junio el listado con las medidas para la presunta reforma económica del país aprobadas por la cúpula del régimen y la Asamblea Nacional del Poder Popular la semana pasada, su lectura de conjunto genera nuevas consideraciones entre los expertos.
El economista cubano Pedro Monreal señala este viernes que el listado con las 176 medidas, que según señala "no es un paquete de reforma", intenta vender "una privatización parcial del modelo, asentada en una visión de la propiedad privada como privilegio o concesión revocable".
"Es propiedad privada instrumental y subordinada al poder político", advierte Monreal en un hilo en X dedicado al asunto.
Para el experto, no existe en el documento "un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada. Para ello tendría que reconocerse un derecho inalienable y la limitación jurídica del poder estatal. La expropiación, mediante debido proceso, sería excepcional y justificada".
Para Monreal, la condescendencia con respecto a lo privado que contiene la lista de medidas "se refleja en el uso y abuso del verbo 'permitir', que se repite 29 veces en el texto. 'Permitir' es una postura permisiva del poder ('te dejo tener')".
"Lo que está ausente en las 176 medidas, a pesar de su interés en seducir a inversionistas privados, es el reconocimiento de la propiedad privada como derecho, lo que limitaría el poder del Estado", añade.
"El documento con las 176 medidas no menciona términos como protección de propiedad privada, solución negociada de disputas, arbitraje comercial, cortes, reclamación o compensación, que son imprescindibles para el nivel de actividad privada que parece anhelar el documento", advierte, como han hecho otros analistas.
Monreal recuerda que al presentar las medidas, que La Habana ofrece como solución in extremis a la crisis terminal de la economía cubana y trata de desvincular de las presiones de EEUU para que se produzca un cambio de régimen, se dijo que "habría que revisar y elaborar unas 180 normas jurídicas".
Pero, señala, "parece poco probable que incluyan la visión del derecho de propiedad que necesita la expansión de la empresa privada a la que parece aspirarse".
En una publicación anterior, el economista había señalado un cambio no menor en la lista de medidas, al comparar la leída ante la ANPP por el primer ministro, Manuel Marrero, y la publicada.
"En una lectura rápida, identifico un cambio notable en la antigua medida #8, que ahora es la #9: no se elimina la escala salarial ni se menciona el salario mínimo. He comentado en una nota previa que, en su versión anterior, la entonces medida #8 tenía un marcado tono anti obrero que se mantiene ahora: los niveles de salario 'dependerán' de la capacidad económica y financiera de la empresa", señaló.
El economista había cuestionado esa medida, que en su formulación previa anunciaba la eliminación de la escala salarial en las empresas estatales y la subordinación de los salarios a la capacidad financiera de cada entidad, que es lo que ahora se dispone.
Monreal afirmó entonces que la decisión contradecía incluso la tradición doctrinal marxista que el Partido Comunista ha invocado históricamente para justificar el modelo económico cubano.
"Las contorsiones del poder son tan evidentes que, para el 'socialismo a lo cubano', ya no parece quedar ni gota de la Crítica al programa de Gotha, donde Marx formuló aquello 'de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su trabajo'", sostuvo.
A su juicio, la reforma tampoco garantiza que los salarios permitan cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
"En la empresa estatal, el salario no cubrirá las necesidades básicas —ni siquiera lo hace el salario mínimo—, ni dependerá de la capacidad, la calidad o la cantidad del trabajo realizado. Lo decidirán 'cuadros' burocráticamente reconvertidos en empresarios", afirmó.