El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, negó que el paquete de 176 medidas económicas aprobado recientemente por el régimen cubano sea consecuencia de la presión ejercida por la Administración de Donald Trump y aseguró que responde exclusivamente a una estrategia diseñada por La Habana para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país.
En una entrevista concedida a CNN, el funcionario sostuvo que las reformas, calificadas por el propio Gobierno como las más amplias desde 1959, "tienen amparo total en la ley, en la Constitución de la República de Cuba, y no obedecen a presión alguna que no sea el interés de las máximas autoridades del Gobierno cubano de generar bienestar".
Las declaraciones llegan pocos días después de que la Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 medidas agrupadas en 23 ejes, que abren espacios inéditos para la inversión privada y extranjera, permiten la participación de capital en empresas estatales, autorizan el desarrollo inmobiliario en zonas turísticas, prevén la creación de bancos privados y eliminan la prohibición de acumular riqueza, aunque sin modificar el monopolio político del Partido Comunista.
El Gobierno niega improvisación
Pérez-Oliva Fraga afirmó que las medidas forman parte de un programa económico previamente diseñado y no constituyen una reacción a las sanciones estadounidenses.
"El punto de partida de estas transformaciones son precisamente el programa económico y social de nuestro gobierno (...) y buscan crear un dinamismo diferente en la economía", aseguró.
Sin embargo, el calendario económico alimenta las dudas. El paquete fue anunciado después de varios meses de endurecimiento de la política de Washington, que incluye nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA, restricciones al suministro de combustibles y medidas destinadas a dificultar cualquier operación internacional vinculada con el aparato económico del régimen.
El Departamento de Estado estadounidense calificó las reformas de "modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales cortinas de humo del régimen cubano".
Este fin de semana, Miguel Díaz-Canel reconoció que las medidas no se adoptaron antes por falta de consenso.
La inversión extranjera sigue chocando con la falta de confianza
Uno de los ejes principales del programa consiste en atraer inversión extranjera. El vice primer ministro admitió que existe desconfianza entre los potenciales inversionistas, aunque sostuvo que el Gobierno trabaja para revertir esa percepción.
"Perseguimos crear un ambiente favorable, una legislación que ofrezca seguridad jurídica (...) y que exista mucha transparencia para generar confianza", prometió.
Las medidas permitirían que empresas nacionales y extranjeras adquieran participaciones en compañías estatales, además de facilitar proyectos inmobiliarios, franquicias internacionales y concesiones sobre instalaciones recreativas y turísticas.
No obstante, especialistas consultados por diversos medios consideran que las modificaciones no resuelven el principal obstáculo: la ausencia de un verdadero Estado de derecho y de garantías sobre la propiedad privada.
En esa línea, el economista Pedro Monreal ha advertido que el programa omite aspectos decisivos como el régimen cambiario definitivo, la evolución de los salarios y la formación de precios, incertidumbres que podrían traducirse en una rápida pérdida adicional del poder adquisitivo de la población.
Reformas profundas... sobre el papel
The Economist describió el paquete como el intento más ambicioso de transformación económica desde la Revolución, aunque advirtió que su éxito dependerá de una implementación que muchos consideran improbable.
La publicación señala que, si las medidas llegaran a aplicarse íntegramente, Cuba avanzaría hacia una suerte de "socialismo de mercado" mediante una reducción del peso estatal en la economía, una mayor libertad para las empresas privadas y la posibilidad de privatizar parcialmente compañías estatales.
Sin embargo, recuerda que el Gobierno ha anunciado reformas similares en otras ocasiones sin ejecutarlas plenamente y destaca que la falta de divisas, la inseguridad jurídica y las sanciones estadounidenses continúan limitando severamente cualquier posibilidad de atraer capital extranjero.
Subsidios y "cambio de mentalidad"
Entre las medidas defendidas por Pérez-Oliva Fraga figura también la eliminación gradual de los subsidios universales.
"Los subsidios universales o generalizados también son injustos", afirmó.
Según explicó, el objetivo consiste en sustituirlos por ayudas dirigidas únicamente a las personas consideradas vulnerables.
El funcionario reconoció además que el proceso exigirá "un cambio de mentalidad", que definió como uno de los desafíos más complejos para la implementación del programa.
Diversos economistas han advertido que esa transformación podría acelerar el incremento de los precios de bienes y servicios esenciales sin que exista una red de protección suficiente para amortiguar el impacto sobre una población ya golpeada por la inflación, los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el desplome de los salarios reales.
La presión internacional aumenta
Mientras La Habana insiste en responsabilizar a Washington del agravamiento de la crisis, el Gobierno de Guyana reclamó este fin de semana elecciones "libres y justas" en Cuba y pidió que cualquier salida a la situación actual se base en "la voluntad del pueblo cubano", el Estado de derecho, la transparencia y la buena gobernanza.
En un comunicado citado por EFE, la Cancillería guyanesa también instó al diálogo entre Washington y La Habana para reducir las tensiones y favorecer una solución sostenible a la crisis económica y humanitaria que enfrenta la Isla.
El pronunciamiento coincide con un contexto de creciente presión diplomática y económica sobre el régimen, que intenta convencer a potenciales inversionistas de que las 176 medidas representan un cambio estructural, mientras persisten las dudas sobre si constituyen una verdadera apertura económica o un nuevo intento de preservar el sistema político mediante reformas limitadas.
