En la comparecencia televisiva del gobernante Miguel Díaz-Canel que dio inicio a las explicaciones gubernamentales acerca de las medidas que el régimen se dispone a implementar para capear el agudo temporal que se abate sobre Cuba, se habló, entre otras cosas, del redimensionamiento empresarial en un intento por aligerar y hacer eficientes las obsoletas estructuras de las empresas y entidades cubanas.
Relacionado con lo anterior, el mandatario reconoció que había en el país una cantidad de organizaciones e instituciones que excedían las posibilidades de la economía, y en consecuencia era alto el número de trabajadores indirectos, o sea, que no participaban en la creación de bienes o la prestación de servicios.
En ese contexto se hizo referencia a la existencia de un grupo de instituciones con encomiendas muy parecidas entre sí, y que obviamente serían de las primeras en reducirse. Sobresalen en ese sentido, por ejemplo, las varias instituciones dedicadas al estudio de la vida y la obra de José Martí: la Oficina del Programa Martiano, el Centro de Estudios Martianos, la Sociedad Cultural José Martí y la Fragua Martiana.
Estas palabras de Díaz-Canel hacían presagiar la llegada de un proceso de reubicación de trabajadores hacia los sectores priorizados de la economía, entre ellos la producción de alimentos y las labores agrícolas.
Y, en efecto, un día después de la comparecencia del heredero de los Castro se presentó en la Mesa redonda de la televisión el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi, para anunciar las modalidades de trabajo que se van a implementar en las actuales condiciones del país.
El ministro se refirió a un aumento de los trabajadores que laborarán a distancia, en sus hogares, con vistas a aliviar el déficit de transporte público, y también a las reubicaciones laborales a las que hacíamos referencia. Pero lo más significativo de la intervención del citado funcionario fue expresar el tratamiento que se otorgará a los trabajadores que no logren ser reubicados, o que no acepten las nuevas plazas que se les ofrezcan. En esos casos los trabajadores serán declarados interruptos, y se les pagará únicamente su salario básico durante el primer mes de la interrupción. Es decir, que después de esa fecha el interrupto no va a percibir ningún tipo de ingreso.
Esta situación de desamparo en que puede quedar un número nada despreciable de trabajadores estatales constituye un mentís a esa recurrente afirmación de la propaganda castrista de que ningún trabajador quedará desprotegido.
Si devengando un salario estable a cualquier trabajador estatal le resulta muy difícil acceder a los artículos de primera necesidad que garantizan la subsistencia, ahora cuando la canasta básica que se ofrece por la libreta de racionamiento ha visto muy disminuida su cuantía, no es muy engorroso imaginar las penurias que deberá afrontar un trabajador, sin salario y en medio de un proceso inflacionario que depreda hasta los bolsillos más potentes.
Por otra parte, este panorama de desamparo que les viene encima a infinidad de trabajadores cubanos tiene lugar en un momento significativo para el sindicalismo oficialista en la Isla. Existe una comisión organizadora que prepara la celebración del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Sería muy alentador que el mandamás de ese gremio oficialista, Osnay Miguel Colina Rodríguez, se preocupara por la suerte de esos trabajadores que quedarán interruptos, y le exigiera a la jerarquía gobernante algún tipo de protección para ellos.
Pero no nos llamemos a engaño. El señor Colina Rodríguez, antes que dirigente sindical impuesto, era jefe del Partido Comunista en la provincia de Villa Clara, y por tanto su misión siempre será trasladar las directivas del poder a la masa de trabajadores, y nunca interesarse por la defensa de los intereses de esos mismos trabajadores.
