En un nuevo programa de Cuadrando la Caja, espacio televisivo dedicado a la defensa del discurso económico oficial, funcionarios del Banco Central de Cuba, economistas afines al Gobierno y representantes del Ministerio del Interior reconocieron de manera explícita la incapacidad del Estado para controlar el mercado cambiario, al tiempo que anunciaron un endurecimiento de la persecución penal contra quienes operan en el mercado informal de divisas.
La contradicción atravesó buena parte del debate: el mercado informal es presentado como ilegal, delictivo y dañino, pero al mismo tiempo se admite que existe y se expande porque el Estado no ha logrado —tras más de tres años de la Tarea Ordenamiento— crear un mercado cambiario oficial funcional.
"El propio Banco Central reconoce que hoy no existen condiciones macroeconómicas mínimas para estabilizar la moneda nacional", recordó Ian Pedro Carbonell, director de políticas macroeconómicas del organismo. Producción deprimida, exportaciones en caída, déficit fiscal elevado y falta de reservas fueron señalados como obstáculos estructurales para ofrecer una tasa de cambio creíble.
Sin embargo, esa admisión no vino acompañada de un calendario, ni de medidas concretas a corto plazo. El mercado oficial sigue siendo una promesa "gradual", mientras el único espacio operativo continúa siendo el informal, al que acuden ciudadanos, MIPYMES y otros actores económicos por igual.
Un mercado "inevitable" que sigue siendo delito
Aunque el coronel Marcos Yobany Rodríguez González, del Ministerio del Interior, negó la existencia de "mafias" en Cuba, describió el mercado informal como un entramado delictivo organizado, con alta disponibilidad financiera y capacidad de escalamiento. Según su explicación, estas estructuras afectan los flujos de remesas, encarecen los precios y perjudican a la población.
No obstante, participantes en el programa como el ingeniero Carlos Miguel Pérez, presidente de la MIPYME Dofleini y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, reconocieron que ese mercado informal se ha convertido en una condición de supervivencia económica, precisamente porque el Estado no ofrece alternativas legales eficaces. Las mipymes privadas, los importadores y hasta las empresas estatales dependen de ese espacio para acceder a divisas.
Pese a que el Gobierno reconoce que no existe hoy un mercado cambiario oficial funcional, criminaliza a quienes operan en el único mercado disponible.
El tipo de cambio oficial, reconocido como inviable
En otro momento del programa se admitió explícitamente que el tipo de cambio oficial de 1 dólar por 24 pesos resulta económicamente insostenible. Funcionarios y empresarios coincidieron en que esa tasa desestimula las exportaciones y genera pérdidas incluso en empresas estatales.
Pérez Reyes aseguró que exportadores estatales estarían dispuestos a cambiar millones de dólares en un mercado oficial a tasas cercanas a las del mercado informal, con el objetivo de poder pagar salarios, impuestos e incentivos.
El propio Estado reconoce que su tasa oficial no refleja la realidad económica, pero persigue penalmente a quienes operan según el valor real del peso cubano.
Más procesos penales, menos soluciones económicas
Mientras se insiste en que la solución estructural pasa por la creación de un mercado cambiario oficial, el énfasis inmediato del Estado parece estar puesto en el aparato represivo. El Ministerio del Interior informó que en 2025 se han iniciado más de 70 procesos penales vinculados al mercado cambiario informal, con incautaciones que superan los 150 millones de pesos y cientos de miles de dólares.
Además, se anunció la posibilidad de ampliar las investigaciones a nivel internacional, con cooperación penal y el uso de mecanismos como Interpol, lo que sugiere un endurecimiento del enfoque punitivo frente a una crisis de origen económico.
Nada se dijo, en cambio, sobre el impacto de esa ofensiva en ciudadanos comunes que recurren al mercado informal para recibir remesas, comprar alimentos o sostener pequeños negocios.
Promesas sin plazos
El programa cerró reiterando que el mercado cambiario oficial llegará "por etapas" y que las condiciones actuales no permiten una unificación inmediata. Sin fechas, sin cifras y sin compromisos verificables, el mensaje final fue claro: la población debe esperar, mientras el Estado intensifica la persecución de una realidad económica que reconoce como consecuencia directa de su propio fracaso.
En el régimen de las prohibiciones y represiones, mucho se demoraron en tomar las medidas que habitualmente suelen tomar. Hace varios meses en un comentario que hice en un artículo de Rafaela Cruz, mencioné la casi segura posibilidad de que esto ocurriera, no por ser profeta, sino por conocer al monstruo y haber vivido en sus entrañas.
el estado del hortelano