El control gubernamental sobre los trabajadores en firmas extranjeras se mantiene

Tratar de que los trabajadores cubanos no se independicen económicamente  ha sido siempre una obsesión de las autoridades cubanas. Esa es una de las tantas razones por las que ha prevalecido  la propiedad estatal durante todos estos años de gobernación castrista. Y después de que las circunstancias obligaron a la cúpula gobernante a permitir el trabajo por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas particulares (MIPYMES) y otras formas de gestión no estatal, han intentado influir sobre esos trabajadores mediante la labor de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos oficialistas.

Por supuesto, la maquinaria del poder es consciente de que no estar atado económicamente al Gobierno podría hacer que los trabajadores manifestaran abiertamente su oposición a las autoridades de la Isla.

Con la ampliación de la inversión extranjera en la economía cubana, aparecieron las agencias empleadoras, que constituyeron un eslabón intermedio entre los inversionistas foráneos y los trabajadores cubanos. De esa manera se impedía que los inversores contrataran de forma directa a sus empleados. Así, aunque trabajaran para propietarios extranjeros, los trabajadores debían mostrar fidelidad al Gobierno para no perder el favor de la mencionada agencia empleadora.

Ahora, a raíz de celebrarse una nueva edición de la Feria de La Habana, y necesitadas con urgencia de que más empresarios extranjeros se decidan a invertir en Cuba, las autoridades de la Isla anunciaron una serie de medidas encaminadas a reducir en unos casos o flexibilizar en otros, los trámites para la aprobación de esas inversiones.

Sin embargo, en lo que respecta a la contratación de la fuerza de trabajo para las inversiones con capital foráneo no ha habido cambios de consideración. Se plantea que, aunque la decisión final de contratación la tomará el inversionista, la agencia empleadora participa en la selección de los candidatos. 

En declaraciones aclaratorias formuladas al periódico Granma, la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Yanet Vázquez Valdés, afirmó: "En materia de contratación de la fuerza de trabajo se otorgará a los inversionistas extranjeros la posibilidad de solicitar, de manera excepcional y caso por caso, la contratación directa de sus empleados. No obstante, el proceso de selección a través de las agencias empleadoras autorizadas por el Estado se mantiene como la regla general". Además, ese hipotético proceso de análisis "caso por caso" alargaría la duración del trámite aprobatorio de la inversión, algo muy molesto para los potenciales inversionistas.  

Es decir, que el castrismo parece dispuesto a destrabar muchas de las medidas que obstaculizan la inversión extranjera, pero no accede a perder el control de buena parte del personal que labore en esas firmas. Un personal que deberá seguir mostrando adhesión ideológica a las autoridades del país, y que probablemente dará su consentimiento a pertenecer a los sindicatos oficialistas, hechos más para recibir el adoctrinamiento del régimen que para defender los intereses de los trabajadores.

Por otra parte, resulta significativo que la cúpula gobernante decida mantener en funcionamiento una instancia que puede ser caldo de cultivo para actividades de delitos y corrupción. Porque seguramente habrá algún que otro  obrero, técnico o profesional  que estarían dispuestos a  comprar sus plazas laborales. O sea, pagándole a la agencia empleadora para ser finalmente seleccionado por ella. Pues no hay que olvidar la ventaja que significa estar empleado en una firma extranjera (con la posibilidad de recibir los salarios en divisas), en lugar de trabajar en una empresa estatal o una unidad presupuestada, con salarios en moneda nacional que apenas alcanzan para vivir.