El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba presentó su Reglamento para las actividades del mercado de carbono, con el que La Habana pretende "acceder a nuevas fuentes de financiamiento y tecnología que impulsen su desarrollo sostenible".
La norma legal, contenida en la Resolución 106/2025, aún por publicarse, fue presentada la pasada semana por Armando Rodríguez Batista, titular del CITMA, quien reconoció que "este es un tema de alta prioridad para el Gobierno cubano", citó el medio Travel Trade Caribbean.
El interés de La Habana, dijo Rodríguez Batista, se debe a "las oportunidades que representa para el desarrollo sostenible del país y su alineación con los compromisos internacionales asumidos frente al cambio climático", aunque evitó ser específico en cuanto a los ingresos monetarios que espera recibir entrando en ese mecanismo.
Odalys Goicochea, directora de Medio Ambiente del CITMA, afirmó que los beneficios de insertarse en el negocio de los bonos de carbono incluyen la "preservación de nuestra naturaleza, protección de los recursos naturales o diversidad biológica", así como "el acceso y transferencia de tecnologías eficientes; la creación de empleos verdes; mejoras de las comunidades donde se asientan nuestros principales ecosistemas y recursos naturales, y por supuesto, la generación de bienes y servicios".
La presentación del Reglamento se produjo a menos de un año de que el Consejo de Ministros del régimen de Cuba, siempre a la caza de recursos externos que la paralizada economía nacional no genera, aprobara el 15 de febrero de 2025 una normativa al respecto.
El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Rudy Montero, aseguró entonces que la inserción de Cuba en el negocio, a través del cual los países, empresas u otros actores pagan proyectos de absorción de dióxido de carbono (CO2) para compensar sus emisiones, se realizará "sobre la base de líneas priorizadas en el área de los bosques, los residuos, la energía y el llamado carbono azul".
Montero señaló que su ministerio, junto a otras instituciones y sectores clave, tienen "la responsabilidad de desarrollar un sistema de trabajo que permita la inserción de Cuba de manera efectiva, racional, a partir de la Contribución Nacionalmente Determinada (CND), con los compromisos que tiene el país".
"Sobre esa nueva mirada, estaremos trabajando desde lo científico técnico-metodológico, lo normativo y también desde la concepción de modelos de negocios y de proyectos concretos en las áreas de la gestión de los residuos sólidos urbanos, la transición energética, de todo lo que se pueda introducir en función de eliminar la contaminación generada por la industria", comentó, sin precisar cómo ello beneficiaría la recogida de basura o la eliminación de fuentes contaminantes, como son las propias termoeléctricas cubanas, o la minería.
Montero anticipó que, para la rehabilitación de los ecosistemas cubanos y avanzar en este "reto desafiante para la comunidad técnica y científica", las autoridades trabajarían en un marco habilitador que permita la integración de las instituciones y los expertos.
Durante un foro comercial organizado en La Habana este mismo año por el Ministerio de la Agricultura de la Isla y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se abordó el tema del mercado de carbono como modalidad de comercio que brinda incentivos financieros para la mitigación del cambio climático.
Roberta de Souza, especialista en financiación de mercados de carbono de la FAO, dijo durante ese encuentro que Cuba tiene "enormes potencialidades para insertarse en ese área a partir de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques)".
"Cuba es un modelo ejemplar en la gestión de sus bosques, con una tasa de deforestación negativa, lo que significa que ha cultivado más bosques en los últimos años. Esta situación, única en el mundo, posiciona a la Isla como un líder en soluciones basadas en la naturaleza para combatir el cambio climático", aseguró.
Por su lado, Kim Friedman, oficial superior de Recursos Pesqueros de la FAO, celebró a través de una videoconferencia el potencial de Cuba en la captación de carbono en los ecosistemas marinos y costeros.
"Cuba alberga el bosque de manglares más grande del Caribe y el 36% de todos los arrecifes de coral con conectividad oceánica, lo que muestra que sus aguas son fundamentales para mantener pesquerías prósperas, no solo dentro del país, sino en toda la región del Caribe y los Estados Unidos, ya que las aguas cubanas proveen larvas de especies clave que ayudan a sostener los arrecifes en toda la región caribeña", comentó.
Lo anterior, señaló Friedman, es un capital natural significativo en términos de carbono azul, uno de los mercados emergentes, aún en vías de definición, dentro del negocio del carbono. El Sistema de Naciones Unidas comenzó a reconocer formalmente los datos sobre el viento y las olas dentro de la contabilidad económica nacional, apuntó.
"Todos esos tipos de cuentas son importantes para la capacidad de un Gobierno de recaudar ingresos. Estas normas incluyen, por un lado, procedimientos reconocidos internacionalmente para medir el carbono azul, pero también metodologías para informar sobre los activos y sobre el funcionamiento de los mercados", comentó.
"Los activos costeros y oceánicos no están bien reconocidos en comparación con las acciones en la agricultura y las acciones sobre el carbono en los sistemas terrestres. Sin embargo, como hemos mostrado, el carbono azul es extremadamente importante para capturar y almacenar carbono", puesto que estos ecosistemas podrían representar alrededor del 15% de la eliminación de gases efecto invernadero, si se activan estrategias efectivas.
"No solo esta acción sobre el carbono azul ofrece beneficios monetarios y cobeneficios, sino que al proteger y restaurar la naturaleza de los ecosistemas, debido al valor de protección costera que ofrecen, el sector de los seguros podría convertirse en un actor clave en la financiación del trabajo que necesitamos hacer para restaurar y gestionar los activos de carbono azul en nuestras aguas costeras", enfatizó.
Señaló Friedman que las autoridades cubanas tienen que hacer un inventario de sus activos de carbono azul. Como contraparte, la FAO podría expandir e integrar las reservas y flujos de carbono azul en la contabilidad nacional e internacional de Cuba, desarrollar sinergias entre las agencias nacionales y la aplicación de sus procesos para acceder a los fondos para la gestión y restauración costera.
"No podemos predecir el futuro, pero sabemos que el valor de los recursos naturales ha definido el éxito de las naciones a lo largo de la historia. ¿Podría la próxima década ver a la captura de carbono convertirse en una nueva fuente de riqueza global?", interrogó Friedman.
"El enfoque global en el clima y la biodiversidad está movilizando recursos significativos a través del Fondo Verde para el Clima y otros mecanismos financieros para las aguas marinas y continentales. Es necesario mayor atención a los ecosistemas de carbono azul, monetizarlos, permitiendo que el dinero que generan se reinvierta en su gestión y conservación", finalizó.
Habrá que ver si La Habana utiliza en favor de los ecosistemas los fondos que hipotéticamente recibiría en tales actividades, o los desviaría parcial o totalmente, imponiendo la opacidad sobre su uso, como ocurre con la exportación de profesionales, por mencionar un caso.
El precio actual de los bonos de carbono a futuro (con fecha de diciembre próximo) alcanza los 76,71 euros la tonelada. Este mercado de bonos es un mecanismo implementado en los pasados años a raíz de las conferencias internacionales sobre cambio climático y deriva en buena medida de la exigencia de países menos desarrollados, que se opusieron a acogerse a los mismos requisitos de control de emisiones que las economías altamente contaminantes.
De lo anterior parte el acuerdo según el cual pueden pagarse proyectos de absorción de dióxido de carbono para compensar emisiones. Un informe publicado en noviembre de 2024 por la agencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), indicó que los 45 países menos desarrollados del mundo (33 de África, 11 de Asia-Pacífico y Haití) solo aprovechan el 2% de su potencial de absorción de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
La secretaria general de UNCTAD, la costarricense Rebeca Grynspan, aseguró entonces que los países menos desarrollados poseen recursos valiosos para la lucha contra el cambio climático, como bosques y selvas que pueden absorber CO2, o un enorme potencial eólico o solar para el desarrollo de energías alternativas, con los que pueden comerciar con grandes emisores industriales.
Cuba cumple con los requisitos para participar en el mercado de carbono, tras actualizar en febrero de 2025 su CND, que representa el compromiso voluntario de cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático.
El documento, conocido como Contribución Nacionalmente Determinada 3.0 de Cuba, identifica como una de las vías para lograr el desarrollo de una economía resiliente y más baja en carbono, la utilización de los instrumentos cooperativos que establece el Artículo 6 del Acuerdo de París sobre el cambio climático, relacionados principalmente con la implementación del programa de transición energética y el desarrollo forestal.
En ese compromiso, se apunta que las autoridades de Cuba "se proponen alcanzar, según su Estrategia Nacional de Transición Energética, un 49,3% de participación de FRE (fuentes renovables de energía) en la generación de electricidad para el 2035. De ello compromete un 26% como CND de forma incondicional y el resto prevé dedicarlo al mercado de carbono para invertir en FRE".
