El 'paquetazo' económico, una decisión incongruente que no hará bajar los precios en Cuba

El paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno durante la Asamblea Nacional del Poder Popular está causando polémica no solo entre la agobiada población de la Isla, sino incluso entre los "amigos" afines de la izquierda en el extranjero, por considerarse "de choque" social y neoliberal.

Es un plan absurdo e incongruente, en medio de un modelo económico torcido y disfuncional. Se puede afirmar categóricamente que "el paquetazo" está encaminado a elevar los costos de la producción y de los servicios en el sector privado. Sin embargo, paralelamente el Gobierno se dice comprometido con bajar los precios.

¿Acaso es posible que bajen los precios con las medidas anunciadas?

Cabe señalar, primero, que la rebaja en un 50% de los aranceles a la importación de materias primas, o cualquier importación necesaria para la producción de bienes dentro del país, tendría un efecto positivo potencialmente antiinflacionario, pero ello sería a mediano o largo plazo, si llegase a funcionar el incentivo, pues depende de muchos otros factores para que pueda concretarse.

Mientras que, en contraposición, la subida de aranceles a la importación de productos elaborados, con la intención de estimular la producción interna, provocará una mucho más rápida subida de los precios al encarecerse su entrada al país; o generará un déficit de ofertas, porque el mercado interno con ofertas nacionales es muy inestable y más caro, aunque parezca ilógico.

La subida de las tarifas del gas, la electricidad y el agua repercutirá directamente en el incremento de los costos de los bienes y servicios que presta el sector privado. Al igual que el multiplicar al menos cinco veces el precio de los combustibles. Si finalmente toman como referencia el segundo precio oficial del dólar supuestamente "de equilibrio", de 120 peros, los costos de transportación se incrementan, y de igual forma tendrán un reflejo en precios mayoristas y minoristas mucho más elevados.

Perfeccionar la recaudación fiscal, haciendo énfasis en combatir la subdeclaración de ingresos en el sector privado, tendría igualmente implicaciones en los precios, elevándolos. Con una clientela constituida en un 80% por hogares que dependen de los bajos salarios y pensiones estatales, calculados con un dólar de referencia a 24 pesos, imponer al consumidor un IVA o impuesto a la venta del 10% es abusivo y prohibitivo. Y en este escenario la subdeclaración ha sido la válvula de escape, a riesgo de los actores económicos.

Para que el sector privado (TCP y MIPYMES) pueda ofrecer precios más asequibles a la población, aun siendo elevados, necesita subdeclarar obligatoriamente. Los funcionarios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) son conscientes de ello en su día a día y hacen de la vista gorda en aras de que no se paralicen los negocios y funcionen, interviniendo con medidas de fiscalización solo cuando hay violaciones groseras.

Pero si se crea un mecanismo de control fiscal que obligue a declararlo todo, las consecuencias no recaerán sobre el sector privado sino sobre el pueblo, hacia el que realmente va dirigido el impuesto. Obviamente, el Gobierno arrastra un déficit fiscal que busca paliar con mayor eficacia recaudatoria, pero en el contexto económico actual de deterioro del valor real de los salarios, el impuesto a la venta es contraproducente.

Por último, la Asamblea Nacional se ha convertido en otro factor de desequilibrio de la economía cubana, al generar incertidumbres y temores en el sector privado y principalmente en las fuentes de su financiamiento en la emigración.

Aunque lo privado, o "no estatal", como se prefiere llamar oficialmente, no represente todavía un segmento mayoritario en la economía cubana, es un hecho que ya tiene un impacto significativo de manera global, en el orden del 15%. Y, específicamente con respecto a los bienes de consumo, donde se incluye del 70-80% de la alimentación del pueblo, es ya protagónico con un decisivo 40%. Cualquier desequilibrio repercute significativamente y más aún en medio de una crisis tan profunda de desabastecimiento e inflación.

Son ya tradicionales los planteamientos críticos hacia el sector privado en las sesiones que tienen lugar dos veces al año, y que se pueden interpretar incluso como "amenazantes". Algunos diputados sin jerarquía en el Gobierno exhalan sus frustraciones de marxistas trasnochados arremetiendo contra el sector privado. Este les sirve de chivo expiatorio perfecto para cuestionar lo que les molesta en la sociedad caótica actual, sin meterse con el sistema que los pone en esos sillones y del que viven como parásitos traficando influencias.

Aunque los líderes decisores más importantes en la nomenclatura política afirman la irreversibilidad de la apertura privada, coquetean de manera populista con esos planteamientos y dictan medidas que exacerban la incertidumbre. Tal es el caso del "paquetazo" anunciado por el primer ministro, Manuel Marrero, que no es más que una respuesta autoritaria y suicida a la inflación.

Tras las sesiones del Parlamento se sucede cíclicamente el pánico con una tendencia a disminuir las compras en el exterior, lo que a mediano plazo genera escasez de muchos productos de primera necesidad, con la consiguiente alza de precios.

En fin, que esas distorsiones en la economía desde la política no hacen otra cosa que aumentar el sufrimiento y la carga sobre los hombros del pueblo trabajador, con mayor peso en el vinculado al sector estatal, alrededor del 80%, sin dudas el más vulnerable. Es otra más de las incongruencias (dígase mejor falacias) de un sistema que se autoproclama socialista, que hipotéticamente representa y vela por los intereses de esa clase trabajadora a la que perjudica.