El régimen admite que las leyes no resuelven por sí solas la comida del pueblo

Funcionarios cubanos reconocen que una veintena de normas legales implementadas para sacar a la agricultura cubana del desastre en que se encuentra son teoría vacía sin no van acompañadas de políticas económicas y fiscales eficaces que redunden en el progreso de la actividad y la mejoría de la alimentación de los cubanos.

Según publicó el diario oficial Juventud Rebelde, en medio de una crisis alimentaria profunda que el medio atribuyó al "recrudecimiento del bloqueo" de EEUU, y las "insuficientes inversiones en el sector agrícola, ahora se discute sobre qué sucede con las normas jurídicas aprobadas para resolver la comida del pueblo".

Desde 2018 hasta la fecha se han aprobado 15 políticas y las normas jurídicas que las instrumentan, las cuales engloban dos leyes, ocho decretos leyes, 11 decretos y varias resoluciones del Ministerio de la Agricultura (MINAG).

Según Mayra Cruz Legón, directora jurídica del MINAG, "todas son robustas, de alta valía, modernas y con reconocimiento internacional" y puso el ejemplo de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Sin embargo, la joven funcionaria dijo que "todo ello debe acompañarse de medidas económicas y fiscales, insumos, estímulos y bonificaciones, para que cuando estas normas se apliquen las personas puedan tener un mejor desarrollo de la actividad que realizan".

Cruz Legón dijo también que "ni políticas ni normas jurídicas significan comida inmediata en la mesa de los cubanos", pero defendió que "sin buenas políticas y marcos legales que levanten trabas a nuestros productores y organicen la actividad agropecuaria y forestal de forma novedosa tampoco alcanzaremos la satisfacción del derecho a la alimentación de nuestra población".

Igual que organizan las actividades y regulan el comportamiento de las personas y las situaciones por las que atraviesan, las normas jurídicas también determinan el funcionamiento de instituciones, los poderes del Estado y del Gobierno, dijo la funcionaria, pero estos están lejos de atajar los problemas.

El economista Pedro Monreal alertó en un análisis de la agricultura y el discurso oficial sobre los desastrosos resultados de los últimos años que la seguridad alimentaria en Cuba depende de dedicar mayores inversiones al sector agrícola.

"El estribillo de que 'hay que sembrar más' y que 'hacen falta más trabajadores' es una pésima guía para la política agropecuaria. La crisis es en alto grado el resultado de la caída de la eficiencia (rendimiento y productividad) y eso requiere mucho más que tierra y trabajo", dijo Monreal en un hilo en su red social X.

"El reto que enfrentan los 'planificadores' en Cuba no es tanto el de agregar más tierra y trabajadores, sino superar la muy baja prioridad inversionista que limita la eficiencia agropecuaria. Sin inversión no habría mayor oferta ni más eficiencia. Otra cosa sería fantasiosa", insistió.

"Dado el alto peso relativo de la producción privada en el agro cubano, un porciento sustancial de la inversión adicional debería dirigirse directamente hacia lo privado, o para apoyo estatal al privado. También habría que tomar otras medidas para avanzar hacia un agro privado moderno", recomendó el analista.

Según Monreal, con anterioridad a la pandemia "se 'sembró más', pero decrecieron los rendimientos de importantes cultivos".

"En 2018, la superficie cultivada ya alcanzaba 3,12 millones de hectáreas (48,8% de la superficie agrícola) y el promedio entre 2013 y 2018 fue de 2,77 millones de ha. El aumento de la superficie cultivada entre 2013-2018 coexistió con un decrecimiento de los rendimientos (toneladas por hectárea) de ocho importantes cultivos después de haberse alcanzado 'picos de rendimiento' en 2014 y 2015", añadió.

De acuerdo con los datos oficiales expuestos por Monreal, el decrecimiento de los rendimientos de finales del período 2013-2018, cuando había mayor disponibilidad de recursos que en la actualidad, se agudizó posteriormente y calificó como "alarmante" la caída registrada en 2022 respecto a los "picos" de rendimientos de 2014-2015. 

"La actividad 'Agricultura, ganadería y silvicultura' es, por muy amplio margen la principal fuente de empleo de Cuba. Con 802,9 mil trabajadores representaba 17,8% del empleo total en 2022. Entre 2013 y 2022 el promedio anual de ocupados del agro fue de 809,7 mil trabajadores", apuntó.

"Cualquier aproximación a una alegada escasez de fuerza de trabajo en un sector exige siempre una mirada a los datos relativos. En un país como Cuba, con decrecimiento de su fuerza laboral total, llama la atención la estabilidad relativa del porciento del empleo agropecuario. En un contexto de reducción de la fuerza laboral nacional, la noción de que se necesitan 'más trabajadores' asume que pudieran venir de otras actividades. Ese es un supuesto muy problemático, incluso sin considerar otros factores (condiciones de trabajo, calidad de vida, etc.)", señaló Monreal.

"Cabría la posibilidad de que los funcionarios estén asumiendo que pudiera 'reinventarse' —en escala considerable— como trabajadores directos en la producción una parte de los 'ocupados' del agro que hoy no trabajan en la producción. Ese es otro supuesto muy problemático", alertó.

"Una de las características del agro cubano es que con 17,8% del empleo total solo genera 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que lo convierte en un sector de baja productividad, con la agravante de que, además de ser baja, la productividad también ha decrecido", consideró Monreal.

Para Monreal, "con independencia de la narrativa de los 'planificadores' cubanos respecto a enfoques más flexibles y de autonomía empresarial, al final sigue operando un esquema de 'balance material' que mantiene muy baja la prioridad inversionista en el agro", algo que no consideró "inevitable".

"Parecería ser que los 'decisores' de política económica han optado por un enfoque que combina la adición de tierra y fuerza de trabajo con un 'localismo' de supervivencia, pero es problemático asumir que esa opción significa una mejor utilización de los recursos disponibles", añadió.

"La seguridad alimentaria de Cuba exige decisiones de inversión —crucial para aumentar la eficiencia— que no parecerían estar a la vista. Aumentar la oferta también requiere inversión. No queda claro cómo eso es oficialmente aceptado para el turismo y no para el agro", lamentó.