Presupuesto cubano, más alquimia que matemática

Como ya es tradición, a finales de diciembre el Gobierno cubano presentó sus presupuestos para el próximo año fiscal. Lamentablemente, esta ley pasa bastante desapercibida para los medios de comunicación: los gubernamentales porque no les interesa que el pueblo gane cultura económica; los independientes porque saben que, diga lo que diga la ley, el castrismo hará lo que desee.

No obstante, es necesario entender qué son los presupuestos y cómo se estructuran, para comprender el funcionamiento de cualquier estado, incluso uno tan surrealista como el cubano.

Un presupuesto nacional, en esencia, es una autorización de gastos que da el poder legislativo al ejecutivo, basada en una estimación de ingresos. Pero como es más fácil estimar a priori gastos que ingresos, un Gobierno con cordura —hay muy pocos— deja cierto margen de seguridad, haciendo partidas de reserva, y aplica una contabilidad conservadora, que tenga criterios más rígidos y estrictos para contabilizar ingresos estimados que para reconocer los gastos previstos.

Y es que, para calcular ingresos futuros, hay que hacer suposiciones sobre variables clave como inflación, tipo de cambio o tipos de interés, de las cuales se desconoce su evolución, al menos en valores reales, lo que hace bastante imprevisible cuál será el ingreso durante el año que comienza. Por esta dificultad técnica, más las irreales expectativas que tiene la población acerca de lo que un gobierno puede hacer, muchas veces estos gastan más de lo que ingresan.

Pero, como es imposible gastar más de lo que se ingresa, a menos que se tenga ahorros propios o un tercero financiando el expendio, los gobiernos, habitualmente cortoplacistas y manirrotos, para evitar una impopular subida de impuestos, tienden a recurrir a la deuda, las confiscaciones y la monetización.

Matemáticamente, ningún estado puede dar más de lo que quita o de lo que va a quitar en el futuro a sus propios ciudadanos; sin embargo, por pura conveniencia política, los presupuestos no se diseñan teniendo en cuenta lo que ya se quitó el año anterior, sino en base a lo que el gobierno estima podrá quitar al pueblo este año, es decir, en base a ingresos estimados.

No obstante, como Alfred Rappaport sentenció, "Cash is a fact; profit is an opinion", con lo que tenemos que, en vez de que los gobiernos hagan sus cuentas sobre hechos reales (cash en sus diferentes estados de liquidez), nos encontramos con que el presupuesto estatal —es decir, la proyección del gasto del año próximo— se basa en meras opiniones, por más que los economistas sofistiquen sus modelos matemáticos.

En el caso de Cuba, el gasto que podrá hacer el Estado depende en gran medida del turismo, industria que por razones de conveniencia política y personal el castrismo ha potenciado con niveles de inversión económicamente injustificables. Si el año pasado el país creció la mitad de lo previsto, un raquítico 2%, se debió en parte —como bien reconoce el ministro de Economía— a que de los 2,5 millones de turistas que esperaba el Gobierno, apenas llegaron 1,7 millones.

¿Ese fiasco hizo que el Gobierno hiciese estimaciones de ingreso más fiables y conservadoras para este año? Pues no, para 2023 ha subido la apuesta y afirma que arribarán 3,5 millones de turistas. ¿Terminó la invasión a Ucrania? ¿La economía global mejorará este año? ¿Está controlada la inflación mundial? ¿Volverá el turismo norteamericano? La respuesta a todos esos factores que determinan el arribo de visitantes a Cuba es un rotundo no, lo que convierte al presupuesto cubano de 2023 en un ejemplo de manual de cómo organizar toda una economía sobre una opinión claramente errada.

Aclaremos, la opinión es errada, pero la decisión de organizar la economía sobre esa estimación absurda de turistas es consciente y premeditada, típica de un gobierno que, ahogado financieramente, se sostiene de un clavo ardiendo mientras mira cómo el pueblo se ahoga de desesperanzas, cuando no literalmente.