Revelado en diciembre de 2016, el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht y posteriormente sus repercusiones políticas demostraron que, aunque la democracia sea frágil en algunos países de América Latina, la separación de poderes permite luchar contra la corrupción y hacer justicia.
El delito de Odebrecht fue haber pagado sobornos a cambio de contratos no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo. El soborno compraba a políticos, y esto le permitía a la empresa ganar licitaciones de grandes proyectos de infraestructura, como el metro de Caracas, el puerto de Mariel en Cuba, y gran parte de la infraestructura utilizada por Brasil en la Copa del Mundo de fútbol de 2014, incluidos algunos de los nuevos estadios construidos para dicho evento. Como parte del esquema, Odebrecht financiaba campañas presidenciales, comprometía a políticos y sembraba el camino para futuros negocios. Se trataba de toda una maquinaria de corrupción, amparada en el poder y el éxito de una empresa que se fue expandiendo especialmente en América Latina con el paso del tiempo.
Como resultado de la operación Lava Jato, decenas de ejecutivos de Odebrecht, incluido el presidente de la empresa, fueron encarcelados. Estos ejecutivos firmaron acuerdos con los investigadores de la Justica brasileña, en los que se comprometieron a confesar los delitos e identificar a los funcionarios corruptos a cambio de sentencias de prisión más leves. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de indulgencia con las autoridades de Estados Unidos y Suiza, acordando pagar 2.600 millones de dólares en multas por sus errores pasados.
Sin embargo, cuando analizamos la corrupción en Cuba, observamos un fenómeno más sofisticado y que el montado por Odebrecht. La diferencia es simple. En el caso cubano, no es una empresa como Odebrecht la que compraba políticos para ganar licitaciones de proyectos de infraestructura, sino una organización que controla el país a través de rígidas leyes y decretos que entierran la transparencia financiera de las instituciones, poniéndolas en manos de quienes controlan el aparato represivo del Gobierno. No se trata de una organización que compra a políticos, sino de un grupo criminal que decide e implementa la política pues, además de ser sus miembros empresarios monopólicos, son también los políticos, los represores y quienes imparten la justicia.
Disparidad en las inversiones muestra la punta del iceberg de la corrupción en Cuba
Como hemos visto recientemente, las estadísticas publicadas por el propio régimen muestran una abismal disparidad entre los montos de inversiones en actividades inmobiliarias, y los destinados a sectores de la economía extremadamente sensibles, como la agricultura y la salud, una diferencia que ha llamado la atención de varios economistas cubanos.
Primero que todo, hay que señalar que esta disparidad en el manejo de las inversiones y sus prioridades muestra una total falta de transparencia en el manejo de las finanzas de Cuba, resultando obvio que es tema ajeno al propio Gobierno, y que es el grupo criminal que controla el país el que hace uso y desuso del capital financiero a su propia conveniencia.
Con las exportaciones en niveles críticos, las remesas disminuidas en más de un 70% en los primeros ocho meses de 2021 y el turismo con un declive del 95% con respecto al año anterior —que de por si fue bien bajo—, el país se ha quedado prácticamente sin fuentes de financiamiento. El sector menos afectado ha sido la exportación de servicios médicos, la cual aportó en 2018 unos 6.398 millones de dólares (no se han publicado los del 2019 y del 2020).
Cualquier Gobierno con un poco de sentido común y responsabilidad social, hubiese utilizado los fondos generados por la exportación de servicio médicos para controlar y erradicar la pandemia del Covid-19 lo antes posible. La prioridad debió ser estabilizar el país y echar a andar la economía, como han hecho decenas de países de la región, como Uruguay, República Dominicana, Chile o Costa Rica.
Al ser Cuba un estado fallido controlado por una organización criminal, no hay control gubernamental sobre millones de dólares, principalmente empleados en la construcción de hoteles. Al disminuir considerablemente las remesas —convertidas en el principal soporte financiero de la construcción de hoteles en el país en los años previos a la pandemia—, se ha echado mano a los recursos provenientes de la exportación de servicios médicos para continuar la creación desenfrenada de activos inmobiliarios, incluso cuando los niveles de arribo de turistas que existían antes de la pandemia no se recuperarán hasta dentro de dos o tres años, siendo optimistas.
La caja negra de las inversiones en el sector turismo
Las ganancias que deja el turismo en Cuba son bajas. En estos momentos es un sector que aporta muy poco a la economía nacional debido al impacto de la pandemia. La industria lleva casi 18 meses prácticamente clausurada. Antes del Covid-19, los ingresos por concepto de turismo a duras penas alcanzaban los 2.200 millones de dólares por parte del Estado cubano.
El año en que se obtuvieron mayores ingresos en el turismo fue 2017, con 2.479 millones dólares. Sin embargo, ese monto representa los ingresos brutos. Con una industria bien administrada, Cuba tendría alrededor de un 15% de ganancias aproximadamente, lo cual representa unos 330 millones de dólares anuales. Pero hay que recordar que los costes que tiene Cuba en la industria turística son altos: pago a turoperadores, agencias de viajes, líneas aéreas, mantenimiento de infraestructura, compra de insumos, mantenimiento de flota de transporte, etc. También las ganancias que quedan hay que compartirlas con los socios.
Figura 1. Serie histórica de ingresos en la industria turística cubana. Estado vs. Sector privado, 2011-2020 (millones de dólares).
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Por tanto, el capital que queda para invertir es poco en comparación con los montos millonarios que se han venido invirtiendo en los últimos años (17.614 millones en el período 2015-2010).
Las preguntas que hay que hacerse entonces son: ¿De dónde ha salido el capital de inversión de la industria turística, utilizado para financiar la construcción de decenas de hoteles, cuando la propia industria no ha sido capaz de generar dicha suma en los últimos cuatro años? ¿De dónde ha salido ese capital cuando el Gobierno cubano ha perdido las pocas líneas de créditos que le quedaban por mal pagador, incluidas las líneas de sus socios chinos y rusos, quienes ya no prestan a la Isla?
Solo quedan dos posibles fuentes de financiamiento posibles: las remesas y la exportación de servicios médicos. Como ya hemos mencionado, las remesas han caído en un 70% debido al cierre de las fronteras y a la renuencia de GAESA a ceder el negocio a una institución civil cubana. Por lo que la única fuente oficial que queda disponible para financiar el sector hotelero sería la exportación de servicios médicos.
Para ser más precisos y entender los números, en 2020 el Gobierno invirtió en Actividad Inmobiliaria 4.398,4 millones de dólares, mientras que al sector de Educación dedicó solo 12,3 millones y al sector de la Salud Pública y la Asistencia Social, en medio de la pandemia, solo 28,1 millones de dólares.
Exportación de servicios médicos: esclavitud y lavado de capital
El colapso que ha sufrido el sistema de salud cubano es la prueba viviente de la pobre gestión inversionista en dicho sector en Cuba, a pesar de ser el que mayores ingresos aporta a la economía. Es obvio que, desde hace mucho tiempo, este capital está tomando otros destinos, lo cual representa otra prueba de escasa transparencia financiera por parte del grupo criminal que controla al Gobierno.
En este caso, el delito es doble: por una parte, el grupo criminal se roba el 80% del salario de miles de médicos y paramédicos contratados en el exterior bajo normas que violan las reglas y estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, organismo de la ONU, todo lo cual ha sido denunciado reiteradamente en la Comisión de Derechos Humanos como trata de personas. Por otra parte, el capital robado no termina en el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria del país, ni en la compra de medicamentos, sino que se convierte en grandes activos inmobiliarios que pasan a formar parte de la empresa Gaviota S.A, propiedad de GAESA.
Aquí la única explicación posible es que la propia GAESA prepara una piñata financiera que viene en camino y que va a tener a la industria turística como una de las más jugosas cuando se comience a vender el país. Esto no es más que una gran estafa financiera llevada a cabo con total impunidad, que ha costado miles de vidas a la población cubana y sumido a un país en la miseria.
Conclusiones
La falta de transparencia del sistema financiero cubano es el mecanismo perfecto bajo el cual opera GAESA para hacer el mayor lavado de capital que ha sufrido el país en su historia.
Todo el dinero que se recoge como resultado de los contratos del personal médico y paramédico en el exterior va a parar al Banco Financiero Internacional S.A (BFI). Quien controla ese banco no es otro que el general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, que es quien autoriza cualquier movimiento financiamiento desde ese banco. Sin embargo, no solo es Luis Alberto López-Callejas responsable de la debacle y el desfalco. El ministro de Economía, Alejandro Gil, y el presidente Miguel Díaz-Canel, también tienen que elevadas cuotas de responsabilidad.
¿Dónde está, si no, la gestión del ministro Gil y del presidente Díaz-Canel, quienes permitieron que en 2020 se invirtieran más de 4.000 millones de dólares en la construcción de hoteles mientras la población sufría el impacto de la pandemia, mientras los hospitales se caían a pedazos y en el país no había medicamentos para tratar no solo a los pacientes afectados por el Covid-19, sino por el resto de las enfermedades?
¿Dónde están los recursos que necesita el personal de salud para protegerse y poder atender a los enfermos? ¿Dónde está el dinero que se necesita para mantener la higiene en los hospitales? ¿Dónde está el dinero que les roban a los médicos que se encuentran trabajando en el exterior en misiones esclavas, y que representa el 80% de sus salarios?
¿Dónde están las instituciones civiles cubanas que tienen que velar por la transparencia financiera del país, como, por ejemplo, la Contraloría General de la República? ¿Dónde está el Ministerio de Economía y Planificación, responsable de presupuestar y aprobar los planes de inversión? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República de Cuba y el Tribunal Supremo de Justica, que en vez de investigar lo que ocurre se dedican a criminalizar el derecho ciudadano a protestar pacíficamente y a ocultar la brutal represión?
A diferencia del esquema de corrupción del gigante Odebrecht, en Cuba es un mismo grupo el que decide e implementa la política, controla la economía, las finanzas, los órganos de represión y la forma de impartir justicia para tapar sus crímenes financieros y políticos.
Aquí volvemos a encontrar el uso controversial de etiquetas, porque "lavado de dinero" suele aplicarse normalmente a otros entornos, incluso menos complejos que el dibujado por el señor Morales. A mi modo de ver, lo que trata de explicar el artículo --a no dudar con éxito-- es el escenario de ilegalidad nacional e internacional totalmente escandalosos en los manejos financieros cubanos.
Como Estado, Cuba opera con absoluta opacidad, lo cual es inaceptable en el mundo actual y más allá de las imprescindibles estadísticas, por el debido respeto a obligaciones en el uso de monedas extranjeras. Como gobierno, vemos un grupo de individuos que no diría criminales al uso, pero sí al margen de la legalidad internacional y con total desprecio por todo interés y derechos ajenos a su grupo de poder.
La ausencia de una sociedad civil y mecanismos democrático de conciliación de intereses llevó al país a ser considerado por muchos expertos como un Estado criminal moderno.
Se llama mafia.
DE acuerdo 100 %
Excelente análisis. Gracias.
Algo nuevo en este artículo? No creo. No veo acusación sobre lavar dinero del narcotráfico, con afectación para los Estados Unidos, así que no habrá por el momento ningún caso en tribunales norteamericanos. Lo que hacen es mover el dinero que ganan y que el exilio les regala de un lugar para otro; pero eso no es ilegal. Es decir, "el cuartico está igualito" a pesar del pataleo de los "realistas críticos".
Es verdad que "mover el dinero de un lugar a otro" no es ilegal, excepto cuando el cash evade los canales bancarios, se usa para sufragar elecciones ajenas o el movimiento es de cocaina, como hacian los narco-lideres de Punto Cero con el Cartel de Medellin en los 80s y otras fechorias similares mas recientes con el Cartel de los Soles.
Por lo general, el narcotrafico y sus derivados involucran a USA, pues la droga y el dinero lavado (sucio) no termina en Zambia sino en NY o Miami. Sin embargo, los capos-presidentes de Cuba y Venezuela pueden estar tranquilos. Ni Reagan ni Bush en aquella decada de narcotrafico intenso, hacia y desde la isla, ni esta administracion (ni ninguna) le interesa llevar a los tribunales a jefes de carteles socialistas y a sus parasitos herederos.
"El cuartico esta igualito", pero no por las inexactitudes de los acusadores ni las de algunos fanaticos, sino porque las capturas seguiran concentrandose en los Escobar, los Chapos, los pollos y los sobrinos.