El preso político cubano José Jorge Méndez Vázquez, de apenas 18 años, sufre un patrón de vejaciones por parte de las autoridades represivas del régimen cubano, que lo someten a "agresiones, amenazas y represalias" recurrentes mientras permanece en prisión provisional, a la espera de juicio y acusado de "sabotaje" por su supuesta participación en el incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, en Maffo, Contramaestre, Santiago de Cuba, en junio pasado.
Como parte de las acciones en su contra, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que esta semana fue trasladado de forma arbitraria a la prisión de Mar Verde, sin que ni la organización ni sus familiares conozcan "las circunstancias del traslado y su situación actual". Este traslado, enfatizó Cubalex, "aumenta la preocupación por su seguridad e integridad física".
Además, durante su reclusión en la prisión de Aguadores, también en Santiago de Cuba, Méndez Vázquez fue brutalmente golpeado junto a los presos políticos Lester Ramírez Ramírez, Vladimir Yanquis Pacheco y Daniel Tabares Rodríguez, igualmente acusados por el incendio.
"Las autoridades penitenciarias enviaron a presos comunes para agredir a los cuatro jóvenes, hasta dejarlos inconscientes, como forma de intimidación y presión para obligarlos a confesar su participación en los hechos", remarcó Cubalex.
"Estos hechos reflejan un patrón de violencia documentado por Cubalex en las prisiones cubanas, en el que la Seguridad del Estado, con la complicidad de funcionarios penitenciarios, utiliza a presos comunes para provocar, amenazar y agredir a presos políticos como forma de intimidación y castigo", enfatizó la organización.
Un caso denunciado por la ONU
Las irregularidades y la falta de garantías que han marcado el proceso por el incendio en Contramaestre han suscitado la atención de Naciones Unidas, cuyo Comité contra la Desaparición Forzada solicitó explicaciones al régimen sobre "las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el posterior ocultamiento del paradero de diez personas" vinculadas a los acontecimientos.
Si bien La Habana respondió a Naciones Unidas y reconoció que cinco personas fueron imputadas por el delito de "sabotaje", no ofreció garantías acerca del proceso, mientras los jóvenes continúan encarcelados sin haber sido llevados a juicio y sin pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.
Un hecho y la represión como toda respuesta
El hecho que desencadenó tanto estas detenciones como una sostenida ola represiva en Contramaestre incluyó, además del incendio, a decenas de personas congregadas frente al inmueble al grito de "¡Pongan la corriente!", así como consignas de "¡Libertad!" y "¡Contramaestre no quiere más comunismo!", en medio de los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el creciente descontento social.
El pasado agosto, la activista Anamely Ramos resumió en estos términos el ambiente en el territorio: "En Contramaestre están usando el encierro como castigo anticipado y como escarmiento: se llevan a adolescentes y jóvenes sin evidencias, los separan de sus familias y los aterrorizan mientras intentan fabricar culpables".
El caso de Méndez Vázquez, en particular, y el de los acontecimientos en Contramaestre, en general, evidencian que el régimen cubano solo sabe responder con represión ante los reclamos populares, desplegando amplios operativos policiales en medio de la pobreza generalizada en la Isla, con los militares como única baza para continuar en el poder.
