El severo deterioro del sistema penitenciario del régimen cubano, marcado por muertes por falta de atención médica, desnutrición crítica, golpizas sistemáticas e interrupción de las comunicaciones, quedó una vez más en evidencia en el más reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), correspondiente a septiembre de 2026.
En el noveno mes del año, la organización registró 93 eventos relacionados con personas privadas de libertad; de ellos, "en 79 se vulneraron derechos de las personas recluidas", denunció.
El monitoreo documentó abusos en 34 establecimientos penitenciarios y centros de instrucción distribuidos en 12 provincias y la Isla de la Juventud. Las prisiones de Kilo 8 y Kilo 7 (Camagüey) y Quivicán (Mayabeque) encabezaron las denuncias.
Un total de 72 personas victimizadas fueron identificadas de forma directa (68 hombres y cuatro mujeres), entre las que sobresalen los casos del periodista Henry Constantín y de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Ediolvis Marín Mora y Vladimir Castillo Llanes.
En este contexto, el CDPC denunció, además, que las negligencias de las autoridades continúan provocando muertes bajo custodia estatal. En septiembre fallecieron al menos cuatro prisioneros.
Entre las víctimas mortales, la organización identificó al preso político Florentino Morono Torres, recluido en la Prisión Provincial de Las Tunas, quien "murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara, dos días después de sufrir un infarto en su celda y sin recibir atención médica oportuna".
Hambruna, epidemias y abandono médico
Las deplorables condiciones sanitarias e higiénicas han desatado brotes infecciosos de tuberculosis, hepatitis, dengue y diarreas en penales como el Combinado del Este y Nieves Morejón. La escasez de alimentos es generalizada: "Reclusos y familiares denunciaron que las raciones que reciben los presos son mínimas y de mala calidad... la comida se entrega con gusanos y podrida y varios reclusos presentan elevados signos de desnutrición".
Entre las agresiones médicas más graves destaca el caso de Lisandro Betancourt Escalona (El Típico, Las Tunas), una persona con discapacidad severa a quien las autoridades le niegan una cirugía para evitar que pierda totalmente la vista. Además, "un capitán le propinó una golpiza y le rompió sus espejuelos, provocando que esté en una situación aún más vulnerable", sostuvo el CDPC.
Represión y aislamiento deliberado
A las vulneraciones sanitarias se sumó el aislamiento masivo provocado por el corte deliberado de las llamadas telefónicas a mediados de mes en centros como Kilo 7, Kilo 8, Guanajay y Boniato.
De igual forma, quienes alzan la voz dentro del penal se enfrentan a golpizas, celdas de castigo o torturas físicas. El caso de Alexander Figueroa Gutiérrez, en Kilo 8, ilustra esta realidad: "fue golpeado con tonfas por los funcionarios Leodanis y Erislandis, atado a una cama y fotografiado para simular que había abandonado su huelga de hambre".
El CDPC advirtió, asimismo, que los datos reflejados representan un subregistro debido a "la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos".
El nuevo informe da cuenta de lo que dijo hace pocos meses a DIARIO DE CUBA la directora del CDPC, Camila Rodríguez, quien enfatizó que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política". No se trata de fallas aisladas, sino de "una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
