El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) publicó en días recientes su informe oficial sobre las solicitudes de acción urgente tramitadas por el organismo, confirmando la magnitud de la represión estatal y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba. Con 217 casos acumulados registrados históricamente desde la entrada en vigor del procedimiento, la Isla ocupa el cuarto lugar entre los países del mundo con más solicitudes tramitadas ante el organismo internacional, superada únicamente por México (877), Irak (670) y Colombia (255).
El documento del organismo de la ONU detalla que, solo en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026, el Comité registró 17 nuevas solicitudes de acciones urgentes procedentes de la Isla, cifra que representa el 13% del total global de nuevos casos tramitados por el CED en dicho período.
Entre las violaciones documentadas figuran operativos violentos de las fuerzas del régimen contra civiles, trasladados posteriormente a centros de detención sin que sus allegados conozcan su destino.
"Dos casos conciernen a la presunta privación de libertad de 11 personas por parte de las autoridades en junio de 2026. En un caso, un hombre se presentó en una comisaría de policía de La Habana tras una citación oficial y posteriormente fue trasladado en un vehículo policial. En el otro, 10 personas, entre ellas cuatro menores, fueron presuntamente privadas de libertad durante operaciones policiales y de investigación tras un incendio en la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo en Maffo, provincia de Santiago de Cuba", señala el informe de la ONU.
Asimismo, el Comité puso bajo la lupa las acciones desmedidas del aparato de seguridad en fronteras y prisiones. En tal sentido, dio cuenta de la intercepción violenta de una embarcación en aguas territoriales cubanas en febrero de 2026, así como del traslado irregular de presos políticos a paraderos desconocidos.
En uno de los incidentes citados, un prisionero político que cumplía condena desde 2021 "fue trasladado por agentes del Estado desde la prisión de Guanajay a un lugar desconocido en julio de 2026, poco antes de la fecha prevista para la finalización de su condena", ocultando la información a su familia.
Aunque las autoridades del régimen proporcionaron, a regañadientes y de forma indirecta, datos para esclarecer el paradero de los detenidos en el caso de Guanajay y en el de la embarcación, la ONU subrayó la inacción del Estado frente al resto de las denuncias: "El Comité lamenta que el Estado aún no haya facilitado información sobre las medidas adoptadas para buscar y localizar a las otras 11 personas en cuyo favor se registraron Acciones Urgentes".
Históricamente, el Comité de la ONU resalta que una parte considerable de los casos cerrados o descontinuados en la Isla conciernen a personas detenidas durante protestas populares, en las que las autoridades negaron de manera reiterada la ubicación de los arrestados.
Al respecto, la ONU recordó que "la gran mayoría de los casos en los que la persona desaparecida fue localizada con vida se refieren a desapariciones ocurridas en el contexto de protestas en Colombia y Cuba, donde las personas fueron privadas de su libertad y a sus familiares se les negó cualquier información sobre su suerte y paradero durante la desaparición".
A estos casos se suma la práctica de "desapariciones de corta duración", utilizadas como mecanismo de intimidación política contra activistas y opositores antes de formalizar acusaciones penales.
Buena parte de las denuncias recogidas por el organismo de la ONU, que pidió cuentas al régimen, fueron emitidas por el grupo de asesoría legal Cubalex, que enfatizó que "el ocultamiento deliberado del paradero de las personas privadas de libertad incrementa el riesgo de torturas, malos tratos y otras violaciones graves de derechos humanos, además de profundizar el sufrimiento de sus familiares".
