La organización Raíces de Esperanza en España y otras que integran la Alianza contra el Trabajo Forzado en Cuba (ACT for Cuba) han publicado su Informe de Medio Término del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, centrado en las violaciones de derechos humanos y laborales a las que son sometidos los profesionales y técnicos de la salud que exporta La Habana a través de sus llamadas "misiones médicas".
El documento reúne evidencia reciente aportada por diversas organizaciones, entre las que se encuentran Archivo Cuba, el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), además de "investigaciones propias de Raíces de Esperanza en España sobre adoctrinamiento ideológico en la formación médica y vigilancia digital en el sector sanitario", explicó Raíces de Esperanza en una nota de prensa enviada a DIARIO DE CUBA.
El objetivo del informe, que ya se encuentra disponible, es "contribuir a la evaluación de medio término del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, mediante el análisis de las recomendaciones aceptadas por el Estado que guardan relación con las Misiones Médicas Cubanas", explican las organizaciones en la introducción del texto.
También aclaran que no pretenden cuestionar el valor de los servicios médicos prestados por los profesionales cubanos en los países receptores de las misiones, sino examinar "si el modelo mediante el cual el Estado cubano organiza y administra esas prestaciones resulta compatible con los compromisos asumidos en el EPU en materia de trata de personas, derechos laborales, derecho a la salud y cooperación internacional".
En ese sentido, recuerdan que el Estado cubano fue examinado en el marco del cuarto ciclo del EPU en noviembre de 2023 y que varias de las recomendaciones que recibió y aceptó tienen especial relevancia para el análisis de lo que sucede en las llamadas misiones, "especialmente aquellas referidas a la prevención y combate de la trata de personas, la protección de los derechos laborales, el fortalecimiento del sistema nacional de salud y la cooperación internacional en materia sanitaria".
"Su aceptación proporciona, por tanto, un marco pertinente para evaluar, a mitad del ciclo, en qué medida las políticas, normas y prácticas vinculadas con las misiones resultan consistentes con los compromisos asumidos voluntariamente por Cuba en el EPU", subrayan.
Desde la evaluación del Estado cubano en el cuarto ciclo del EPU, las organizaciones que integran ACT for Cuba han realizado investigaciones que aportan "información novedosa y actualizada sobre diferentes etapas y dimensiones del funcionamiento de las misiones médicas cubanas", señala el informe.
Los principales hallazgos están relacionados con el adoctrinamiento que reciben los estudiantes de Medicina en Cuba durante su formación y el control, la vigilancia y las condiciones en las que los trabajadores exportados cumplen las "misiones".
El informe aborda la brigada médica enviada por el régimen cubano a Calabria, Italia, para ejemplificar los mecanismos de control del régimen sobre los profesionales y el despojo de un alto porcentaje de los salarios que les pagan las autoridades en los países receptores.
"La investigación documenta que el depósito directo del salario por parte de las autoridades sanitarias italianas no necesariamente determina cuánto de esa remuneración conserva finalmente el trabajador. Según la documentación y las fuentes examinadas, después de recibir la nómina los médicos reciben instrucciones respecto de las cantidades que deben transferir a la CSMC (Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba) y deben remitir el correspondiente comprobante", señala el texto.
"El mecanismo alcanza no solamente al salario base sino también a determinados ingresos adicionales. El informe estima retenciones de entre el 54 % y el 72 % del salario base y señala que, respecto de algunos ingresos extraordinarios, la proporción que queda en poder del profesional puede reducirse aproximadamente al 28,5 %, aunque advierte expresamente que los porcentajes generales requieren una auditoría pública para establecer su alcance y aplicación individual", explica el informe.
"Una médica entrevistada vinculó directamente la transferencia con su permanencia en el programa: cuando comunicó que dejaría de enviar dinero a la Comercializadora, afirmó que 'automáticamente estaba fuera de la misión'", relata el texto.
El informe también muestra los efectos negativos que tienen las misiones sobre los profesionales que el régimen envía a otros países y sus familias, y contrasta la exportación de servicios médicos con la precaria situación del sistema cubano de salud.
Las recomendaciones incluyen "avanzar hacia la sustitución del actual esquema de intermediación estatal por mecanismos de contratación directa e individual de los profesionales cubanos por los Estados o entidades de salud receptoras, garantizando contratos transparentes, igualdad de condiciones con los trabajadores nacionales comparables y el pago íntegro y directo de la remuneración al profesional, sin retenciones ni transferencias obligatorias al Estado cubano o a sus empresas".
"Las experiencias examinadas en Brasil, Jamaica y otros Estados demuestran que esta alternativa permite preservar la prestación de servicios sanitarios sin mantener las condiciones abusivas asociadas al actual sistema de misiones", sostiene.
A los Estados receptores de las misiones les recomienda adoptar "mecanismos efectivos e independientes de supervisión laboral de los profesionales cubanos".
Además de las organizaciones mencionadas, también integran ACT for Cuba el grupo de asesoría jurídica Cubalex, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
