Un grupo de 58 colaboradores cubanos de la salud regresó a Cuba este martes, como parte del retiro escalonado de la Brigada Médica Cubana en Guatemala, tras la decisión del Gobierno de Bernardo Arévalo de no renovar el convenio con La Habana, informó Prensa Latina.
La jefa de la BMC en el país centroamericano, Mariheta Cutiño, defendió el programa de cooperación médica y recordó que la misión cubana opera en ese país desde 1998, cuando llegó un contingente enviado tras el huracán Mitch. También destacó que más de 600.000 trabajadores cubanos de la salud han participado en misiones internacionales en 165 países desde el inicio de ese programa, según cifras oficiales cubanas.
Durante una ceremonia de despedida celebrada en la Plaza José Martí de la avenida Las Américas, en Ciudad de Guatemala, Cutiño atribuyó el fin de los convenios a la "presión" ejercida por Estados Unidos sobre varios países de la región y afirmó que los médicos regresan "con la moral invicta", según la agencia de prensa estatal.
Sin embargo, el retorno se produce mientras el Ministerio Público (MP) de Guatemala mantiene bajo investigación más de 60 denuncias contra ciudadanos cubanos que habrían ejercido funciones médicas sin cumplir los requisitos legales. Las pesquisas incluyen posibles casos de usurpación profesional, incumplimientos en la homologación de títulos y riesgos para la seguridad ciudadana. El MP solicitó cooperación internacional, incluido el apoyo de agencias de Estados Unidos, para determinar tanto la legalidad del ejercicio profesional como los roles desempeñados por algunos integrantes de la misión.
El nuevo retorno a Cuba se produce apenas tres días después de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala rindiera un homenaje oficial a la brigada médica cubana por sus casi 28 años de presencia en el país.
De acuerdo con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias, durante el acto el ministro Joaquín Barnoya agradeció la labor realizada por la brigada y destacó su aporte en áreas como la atención primaria, la prevención de enfermedades y la salud materno-infantil. También afirmó que la cooperación bilateral con La Habana continuará en otras áreas de la medicina.
Al momento de su cierre, la misión médica cubana estaba conformada por 412 colaboradores, de los cuales 333 eran médicos. Según información de MSPAS citada por Infobae, 224 trabajaban en el primer nivel de atención, 62 en hospitales, 49 en áreas clínicas y quirúrgicas prioritarias y 20 en Centros de Atención Integral Materno Infantil.
El Gobierno guatemalteco notificó en febrero que no renovaría los contratos del personal cubano a medida que concluyeran sus misiones. Posteriormente, en abril, comenzó el regreso de los primeros contingentes enviados por La Habana.
El fin de la misión en Guatemala se inscribe en un repliegue más amplio de las brigadas médicas cubanas en América Latina y el Caribe. En los últimos meses, al menos una decena de países han cancelado, suspendido o sometido a revisión estos programas.
Guatemala se suma a Honduras, que investiga presuntas irregularidades en los pagos y la acreditación profesional del personal cubano; Jamaica, que puso fin al convenio y permitió a decenas de médicos firmar contratos individuales; Antigua y Barbuda, así como Bahamas, que cancelaron sus acuerdos; Guyana, que anunció su terminación; San Vicente y las Granadinas, que inició la sustitución progresiva de los cooperantes; Paraguay, que dejó sin efecto un memorando de entendimiento; y otros gobiernos que han reducido o pausado estos esquemas de cooperación sanitaria.
El creciente escrutinio coincide con la política de la Administración de Donald Trump contra las practicas de trabajo forzoso en los programas de servicios médicos cubanos. Washington sostiene que estos programas presentan indicadores de trabajo forzoso y trata de personas, debido a que el Estado cubano confisca gran parte de los salarios pagados por los países receptores, restringe la libertad de movimiento de los cooperantes, limita su capacidad para contratar directamente con las instituciones de destino y mantiene mecanismos de vigilancia y control sobre el personal desplazado.
Desde 2025, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios extranjeros vinculados a estos programas y, en 2026, amplió la presión diplomática para promover su revisión o cancelación. Estas denuncias han sido respaldadas por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), por relatores especiales de Naciones Unidas y por organizaciones como Archivo Cuba.
Pese a que el Gobierno cubano rechaza las acusaciones y sostiene que las misiones constituyen un programa de cooperación médica internacional, recientemente ha admitido que durante un tiempo sí les retiraba los pasaportes a los profesionales en misión.
