El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) presentó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud urgente de medidas cautelares a favor de los periodistas independientes Yunia Figueredo y Frank Correa, así como de sus dos hijas, toda vez que el aparato represivo del régimen cubano ha incrementado el hostigamiento contra ellos.
La petición del organismo ocurre horas antes de que venza el plazo para que Figueredo acuda a firmar una medida cautelar arbitraria ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), un requerimiento que la activista ya adelantó que no cumplirá.
"Vamos a ver qué pasa el día 10, porque no voy a ir a firmar nada. No he cometido ningún delito y es una violación de derechos humanos", afirmó Figueredo en declaraciones recogidas por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del ICLEP.
La exigencia de comparecencia mensual fue notificada de forma verbal por el jefe de sector de su barrio de residencia en La Habana, Jaimanitas, el pasado 4 de septiembre, como parte de un proceso penal abierto contra la reportera por supuestamente incitar las protestas que estallaron en esa localidad a finales de agosto a causa de los prolongados apagones y el desabastecimiento. La medida fue impuesta sin orden judicial, sin notificación escrita y sin derecho a defensa legal.
El expediente remitido por el ICLEP a la CIDH documenta 22 episodios represivos contra el matrimonio periodístico entre abril de 2025 y septiembre de 2026. La organización advirtió que la negativa a firmar un acto extrajudicial no puede ser utilizada por las autoridades para encarcelar a la periodista, quien ya fue amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado con la advertencia de que "en la próxima citación no vuelves a casa".
Represión vicaria contra la familia
El recurso ante la CIDH no solo solicita amparo para los reporteros, sino que incluye expresamente a sus hijas, Beily Mariam (18 años) y Tania Bárbara (14 años), ante lo que el ICLEP define como un patrón de "represión vicaria" concebido para quebrar el ejercicio periodístico de los padres.
En días recientes, agentes de la policía política se presentaron en la Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX) de la Universidad de La Habana para indagar sobre la reciente matrícula de Beily Mariam. La indagatoria en el centro universitario dio cumplimiento a las amenazas previas formuladas por los agentes, quienes advirtieron a la pareja que su vínculo con la diplomacia estadounidense y su labor informativa "podrían perjudicar" la carrera de la joven.
Por su parte, Frank Correa también ha sido víctima del recrudecimiento represivo. El pasado 19 de agosto, el periodista fue detenido arbitrariamente mientras realizaba una entrevista y abandonado en una zona rural del municipio Candelaria, en Artemisa, tras ser despojado de sus pertenencias por oficiales que le exigieron abandonar el periodismo independiente.
El caso de la familia Figueredo-Correa refleja el alarmante incremento del hostigamiento contra la prensa no oficial en la Isla. Según datos del OCLE, las violaciones a la libertad de expresión han alcanzado cifras récord en los últimos meses, confirmando una estrategia estatal enfocada en el silencio y el control frente al resquebrajamiento integral de la Isla.
