En medio de las deplorables condiciones del sistema penitenciario cubano, las autoridades muestran particular encono contra los presos políticos, a los que someten a constantes presiones, así como a castigos recurrentes, golpizas, falta de atención médica y ocultamiento de su estado real ante las solicitudes de información de organismos internacionales. Los casos de Yosvany Rosell García Caso, Félix Navarro y Roilán Álvarez Renzoler así lo demuestran.
Según denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, García Caso, manifestante del 11J condenado a 15 años de cárcel, estaría siendo presionado para aceptar el exilio como única forma de recuperar la libertad.
Rodríguez Sánchez sostuvo, según publicó el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que su esposo fue sacado de su área habitual en la prisión de Holguín "para informarle que sería desterrado fuera de Cuba, una medida que él rechaza totalmente", dijo.
"¿Por qué abandonar nuestra patria?", apuntó Rodríguez Sánchez y destacó: "Nosotros, como familias jóvenes, lo que queremos es forjarla, hacerla crecer por un futuro mejor para todos. Que se vayan ellos; nosotros no tenemos por qué irnos".
En tal sentido, el CDPC recalcó que "nadie debería ser obligado a abandonar su país como represalia por ejercer sus derechos o como condición para recuperar su libertad".
En cuanto a la situación de Navarro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió una comunicación oficial a la Cancillería del régimen exigiendo información detallada sobre el estado de salud del preso político, toda vez que se ha incrementado la preocupación respecto a su integridad física.
La CIDH dio un plazo de un mes a La Habana para que emita un "informe pormenorizado" al respecto y mostró preocupación por una serie de alertas presentadas en los últimos meses por la organización Cuba Decide, de la cual Navarro es promotor.
"En los últimos meses se han registrado denuncias de que Félix Navarro habría sido insultado, reducido, esposado y golpeado por funcionarios penitenciarios, además de haber permanecido en condiciones de aislamiento y sin atención médica adecuada", indicó Cuba Decide en su perfil de Facebook.
En este contexto, la CIDH reiteró su "profunda preocupación por el empleo de detenciones arbitrarias para perseguir a personas consideradas opositoras o que defienden los derechos humanos".
Entretanto, y haciendo caso omiso a las alertas internacionales, las autoridades represivas de la Isla trasladaron a una celda de castigo de la prisión provincial de Holguín al preso político Roilán Álvarez Renzoler, quien se declaró en huelga de hambre luego de haber sido golpeado por negarse a utilizar el uniforme de preso, dijo a Martí Noticias su hermana, Ariagna Álvarez Rensoler.
Durante una llamada telefónica, Álvarez Renzoler le dijo a su hermana: "Mi libertad o el cementerio. Tú sabes que cuando yo inicio una huelga no doy marcha atrás".
Asimismo, Álvarez Renzoler "denunció amenazas del jefe de cárceles y prisiones de Holguín con desaparecerlo, violarlo y trasladarlo de penal, además de advertencias dirigidas a sus allegados", indicó el citado medio a partir de declaraciones de la hermana.
Tanto el caso de Álvarez Renzoler como los de García Caso y Navarro, que son parte de un patrón sostenido de hostigamiento contra los presos políticos, demuestran que, como apuntó la directora del CDPC, Camila Rodríguez, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
