En medio del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, que sobrevive entre prolongados apagones y sin los servicios básicos más elementales, "el traslado deliberado de prisioneros políticos a centros penitenciarios distantes de sus provincias de origen funciona como una extensión del castigo que afecta directamente a sus familias", denunció el grupo de asesoría legal Cubalex, que hizo hincapié en cómo el régimen ha encontrado en el colapso del transporte una nueva forma de represión contra los presos políticos.
"Al colapsar el transporte masivo, se vuelve económicamente inviable para las familias viajar para ejercer su derecho a las visitas o entregar la 'jaba' con alimentos y medicinas esenciales para la supervivencia del recluso", destacó la organización.
En ese contexto, Cubalex identificó al menos 55 presos políticos —49 hombres y seis mujeres— que se encuentran "en situación de alejamiento territorial". La Habana constituye "el principal foco emisor, con 20 reclusos trasladados lejos de la capital", precisó.
De esos 55 prisioneros, casi la mitad se encuentra a más de 100 kilómetros de su hogar y cerca del 15% permanece a más de 500 kilómetros de sus familias, subrayó la organización.
Entre los casos más críticos, Cubalex destacó los de Danisbel Labrada Morales, Carlos Alain Abrahantes y Luis Alberto Palacio, "quienes están en Camagüey sin poder recibir visitas de sus familias en Cienfuegos, sumado a que el penal les rechaza las transferencias de dinero".
Asimismo, denunció que "Lizandra Góngora sufre este aislamiento en la Isla de la Juventud, mientras que Walnier Luis Aguilar fue enviado a Matanzas como represalia por exigir sus derechos". La organización también alertó sobre "las suspensiones arbitrarias de visitas a Yordanis Díaz Lozano en el Combinado del Este y la situación de desprotección de Yanet Pérez Quevedo".
"Esta dispersión intencional debilita las redes de apoyo emocional y material de los presos políticos, vulnerando sus derechos fundamentales y extendiendo el sufrimiento penal a sus familiares", señaló Cubalex, que recordó que organismos internacionales de derechos humanos catalogan esta práctica como una modalidad de destierro.
Esta política se suma a la larga lista de mecanismos represivos empleados por el régimen contra los presos políticos. Este mismo martes, Cubalex denunció que el director de la prisión Kilo 8, en Camagüey, el mayor Leonardo Suárez Reyes, "habría ordenado a reclusos comunes colocar cuchillos y sustancias químicas en sus celdas y agredirlos para intimidarlos e impedir que denuncien los abusos que sufren".
A la represión se suman las consecuencias de la crisis eléctrica, que golpea con especial dureza la vida cotidiana en las cárceles. Según un reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, las denuncias por las malas condiciones de reclusión abarcan prácticamente todos los ámbitos de la vida penitenciaria: comida insuficiente, mal elaborada y en mal estado; desnutrición; escasez de agua; infraestructuras deterioradas; falta de colchones; plagas de roedores e insectos, y brotes epidémicos.
