El subsecretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes, exhortó el martes al régimen cubano a liberar al preso político de 16 años Jonathan Muir Burgos. El adolescente llegó a tres meses de encarcelamiento justo en esa jornada y es uno de los al menos cuatro menores de edad arrestados por participar en la protesta que estalló el 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila.
"Hoy se cumplen tres meses desde que Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Cuba, supuestamente por participar en una manifestación", escribió el funcionario del Departamento de Estado de EEUU en su cuenta de la red social X.
"Él necesita urgentemente atención médica y no la ha recibido", añadió Barnes en alusión a la deshidrosis severa que padece el menor cubano y que puso en peligro su vida en 2021.
Jonathan debió comenzar un nuevo tratamiento con antibióticos el 18 de marzo. Lo impidió su arresto, llevado a cabo dos días antes.
A inicios de abril, al menor le fue impuesta la medida cautelar de prisión provisional —la más severa de las previstas en la Ley del Proceso Penal de Cuba— y fue trasladado a la prisión para adultos de Canaleta, escenario de un motín en febrero.
El régimen le imputó el supuesto delito de sabotaje, por el que podría siete años en prisión, como mínimo. La acusación es contraria al propio ordenamiento jurídico cubano, como señaló la periodista Lucía Alfonso Mirabal en un análisis publicado en DIARIO DE CUBA, en abril.
La semana pasada, el pastor y activista Mario Félix Lleonart denunció al medio estadounidense Martí Noticias que, en la última visita, la familia había encontrado muy mal a Jonathan, quien necesita atención médica para la deshidrosis y también atención odontológica urgente.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU subrayó en su cuenta de X que "ninguna persona, en especial un menor, debe ser prisionero por sus posiciones políticas o religiosas".
"Exhortamos al régimen cubano a que libere de inmediato a él y a todos los prisioneros políticos detenidos injustamente", concluyó.
El caso de Jonathan Muir ha tenido una fuerte repercusión a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y la representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, manifestó preocupación por su caso la semana pasada. También miembros del Parlamento Europeo, funcionarios del Gobierno de EEUU y congresistas cubanoamericanos han exigido su liberación.
Su caso llegó a la cadena estadounidense de televisión NBC a inicios de mayo, menos de un mes después de que Miguel Díaz-Canel negara que hay presos políticos en Cuba, durante una entrevista con el programa "Meet the Press", de su división de noticias NBC News.
Tras sufrir "violencia institucional", la manifestante del 11J Yunaykis de la Caridad Linares podría ver revocada su libertad condicional
La joven Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez, arrestada a inicios de junio en el contexto de protestas ocurridas en Santa Amalia, barrio del municipio habanero Arroyo Naranjo, fue trasladada a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como "El Guatao", informó en Facebook la activista radicada en Alemania Tania Tasé.
Tras conocerse la noticia, el grupo de asesoría jurídica Cubalex alertó en la propia red social sobre la posibilidad de que Rodríguez Linares vea revocada la libertad condicional que recibió en 2025, en el contexto de las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, cuando había cumplido casi la mitad de una condena de ocho años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar los días 11 y 12 de junio en más de 50 ciudades comunidades de Cuba.
Cubalex denunció que, mientras estaba en el centro de detención conocido como el Vivac, antes de ser conducida a El Guatao, Linares Rodríguez "sufrió violencia institucional, aislamiento y condiciones insalubres, lo que la llevó a sostener una huelga de hambre y sed desde el 5 de junio".
La propia joven había denunciado que la violencia con la que fue arrestada. "Estoy golpeada, me asfixiaron; el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme", dijo Linares Rodríguez en un video compartido a inicios de mes por Cubalex, que subrayó que, "durante la detención, fue golpeada en presencia de sus familiares e introducida de cabeza en una patrulla con las manos inmovilizadas hacia atrás".
Tras el arresto, Linares Rodríguez fue trasladada a la estación policial de El Capri, en Arroyo Naranjo, donde fue recluida en una celda junto a siete hombres. En dicho establecimiento, "le negaron agua y asistencia médica", remarcó la organización defensora de derechos humanos.
