La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del preso político cubano Jorge Bello, así como a su entorno familiar más cercano, "tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable", sostuvo el organismo de la OEA en un comunicado.
Bello, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, "no estaría recibiendo atención médica para su situación de salud, como persona con diabetes, hipertensión arterial y asma, entre otros padecimientos", resaltó la CIDH, al tiempo que denunció que "su madre, esposa e hija estarían siendo objeto de amenazas, hostigamiento y vigilancia por parte de agentes estatales".
La Comisión destacó que "la situación de riesgo descrita tendría por objeto intimidar y con ello silenciar a Jorge Bello, afectando el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión". Asimismo, enfatizó que, si bien pidió información sobre este caso al régimen cubano, La Habana no respondió, lo que eleva la preocupación del organismo en torno a Bello.
Ante este panorama, la CIDH exigió a las autoridades cubanas que adopten "las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" tanto de Bello como de su entorno familiar.
Además, demandó a La Habana que "realice de inmediato una valoración médica integral sobre la situación de salud" del preso político, así como que "garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes".
La CIDH exigió igualmente que el régimen garantice que Bello "no sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario". Además, instó a La Habana a que tome las medidas necesarias para que sus familiares "puedan desarrollar sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia".
El caso de Bello no es una excepción, toda vez que forma parte de un patrón represivo extendido por el régimen para silenciar voces críticas, con particular virulencia contra los presos políticos. En tal sentido, el recluso del 11J Rolando Yusef Pérez Morera estaría próximo a cumplir tres semanas en huelga de hambre y su madre, Nacy Morera, dijo a Martí Noticias que "no sabe si su hijo sigue con vida o si su organismo ha colapsado".
Pérez Morera se declaró en estado de inanición voluntaria el 13 de marzo, exigiendo ser trasladado a una prisión ubicada en su misma provincia. Su estado de salud ha empeorado desde entonces, y padece una desnutrición severa que ha sido denunciada con frecuencia tanto por su madre como por organismos de derechos humanos, que dan cuenta de la degradación insostenible en las cárceles del régimen.
En huelga de hambre también permanece el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y "su situación es de alta vulnerabilidad", denunció el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, toda vez que "fue amenazado de muerte por el régimen asesino y corrupto", agregó. Al hilo de lo anterior, el legislador responsabilizó a La Habana "por su vida e integridad física". "Si algo le ocurre, el régimen tendrá sangre en sus manos", enfatizó.
Sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, de las cuales los casos expuestos son muestras fehacientes, la CIDH alertó en un informe reciente sobre "la profundización de la represión por parte del Estado con el fin de amedrentar y reprimir sistemáticamente a quienes expresan desacuerdo con el Gobierno o son considerados opositores/disidentes del Partido Comunista". Además, denunció "el elevado número de personas encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación".
