"La represión del régimen en Cuba es cada vez más brutal, con más de 1.000 presos políticos tras las rejas, incluidos menores de edad como Jonathan Muir Burgos", denunció el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart en su perfil de X, al tiempo que reafirmó su "solidaridad inquebrantable con el pueblo cubano" e hizo un llamado a la comunidad internacional "a hacer lo mismo y condenar este régimen corrupto y asesino".
"Exigimos la liberación inmediata de Jonathan Muir Burgos, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Saylí Navarro y los miles de cubanos detenidos injustamente por exigir libertad", escribió Díaz-Balart, y agregó: "El pueblo de Cuba será libre, y será gracias a la valentía de quienes, pese a enormes sacrificios personales, se atreven a alzar su voz contra la represión y las violaciones de derechos humanos".
En este contexto, las autoridades represivas del régimen revocaron la libertad condicional al preso político Denis Hernández Ramírez, manifestante del 11J. El hecho ocurrió luego de que este se presentara a una citación policial, tras la cual quedó bajo arresto sin que le ofrecieran explicación alguna, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
Si bien en la papeleta de citación se indicaba que el objetivo de la misma era una entrevista, Hernández Ramírez fue advertido de que "de no presentarse sería objeto de multa o procesado por desobediencia", indicó Cubalex. Sin embargo, el activista sí se presentó y quedó igualmente bajo custodia en la Unidad Provincial de Operaciones (conocida popularmente como "El Técnico"), en Guanajay, Artemisa.
La revocación de esta medida, según dijeron las autoridades policiales a la madre de Hernández Ramírez, fue dispuesta por la Fiscalía y, para conocer los motivos, debe designar un abogado.
Hernández Ramírez fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños. En enero de 2025, fue una de las personas beneficiadas con la excarcelación anticipada en el contexto de negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, sostuvo Cubalex, que desde entonces ha documentado 11 eventos de hostigamiento en su contra, de los cuales ocho han sido citaciones, lo que equivale a una frecuencia aproximada de una cada mes y medio.
Asimismo, el grupo de asesoría legal ha registrado otros actos en su contra, como amenazas, advertencias, vigilancia y restricciones de movimiento.
En este contexto, Cubalex advirtió que "la revocación de este beneficio, sin información clara ni garantías, agrava su situación de vulnerabilidad en un contexto de hostigamiento sistemático contra personas excarceladas por motivos políticos".
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) subrayó que "este caso evidencia la fragilidad de las excarcelaciones en Cuba, sujetas a condiciones restrictivas y a decisiones que pueden revertirse sin garantías ni transparencia".
Al propio tiempo, denunció "estas prácticas como formas de control sobre personas excarceladas por motivos políticos", y exigió "la liberación de todos los presos políticos en Cuba".
En su informe mensual sobre la represión en Cuba correspondiente a febrero, el OCDH alertó que "mientras el régimen continúa en su inmovilismo político y económico, la represión contra los ciudadanos no se detiene en Cuba". Desde entonces, los hechos cometidos por las fuerzas represivas de la Isla no han hecho más que corroborar tal afirmación. Tanto la denuncia de Díaz-Balart como el caso de Hernández Ramírez así lo demuestran.
