El régimen cubano tiene en la represión uno de los elementos fundamentales que lo sostienen. En tal sentido, las violaciones a los derechos humanos, tanto en las calles como al interior de las cárceles, son recurrentes y se han incrementado en las últimas semanas como parte del nerviosismo de La Habana al tener todas las cartas en contra para la continuidad del régimen. Así, los casos de los presos políticos Roilán Álvarez Rensoler, Alexander Fábregas Milanés y Carlos Alain Abrahantes Valdés lo demuestran, al igual que el del trabajador del sector cultural en Guáimaro, Ewald Nieves Manduley.
Este lunes, Álvarez Rensoler cumple 46 días en huelga de hambre y "se encuentra en situación crítica", denunció la organización Cuba Decide tras mantener contacto con sus familiares. El preso político "permanece hospitalizado bajo custodia del régimen" y "no permite la toma de signos vitales y se mantiene firme en su protesta extrema como forma de exigir su libertad", detalló la ONG.
"Recordamos que Roilán Álvarez Rensoler es un hombre inocente, encarcelado bajo acusaciones fabricadas, que hoy arriesga su vida utilizando el único recurso que le queda: su propio cuerpo, para reclamar justicia", enfatizó, y sostuvo que "su vida corre peligro y el Estado cubano es responsable de garantizar su integridad".
Al propio tiempo, el preso político del 11J Alexander Fábregas Milanés lleva más de 30 días en una celda de castigo, denunció su madre, Luisa María Milanés Valdés, en un audio compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Según su testimonio, Fábregas Milanés fue enviado a aislamiento como castigo por reclamar atención médica para otro recluso que tenía "gangrena en un pie y al final le fue amputado". Asimismo, Milanés Valdés denunció que no ha podido comunicarse con su hijo, pese a que le correspondía su llamada telefónica el pasado sábado 14 de marzo. Con este panorama, la madre del preso político exigió fe de vida para Fábregas Milanés, algo a lo que se sumó el OCDH.
Otro caso reciente que demuestra la extensión del patrón represivo por parte del régimen cubano es el del preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés, quien, a través de una llamada telefónica con el medio independiente Cubanet, denunció las deplorables condiciones de la Prisión Provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, así como los maltratos a los que son sometidos los reclusos.
"Hace mucho que las autoridades pertinentes no cumplen con las normas dietéticas establecidas para la alimentación de las personas privadas de libertad. Como resultado, en los últimos meses esta ha experimentado un acelerado deterioro", dijo. "La desnutrición es una enfermedad, y cuando se provoca conscientemente por las autoridades, es un genocidio", enfatizó.
Además, Abrahantes Valdés denunció "la complicidad de las autoridades de salud, tanto las de la prisión como las que actualmente inspeccionan la misma, las cuales son parte consciente y encubridoras de estos delitos de lesa humanidad".
Asimismo, subrayó que "obligan a los presos políticos a convivir con presos comunes, sabiendo que con ello los exponen a peligros, dado que los militares omiten sus funciones cuando se trata de establecer y mantener el orden interior estipulado en sus normas, o cuando dan órdenes claras a sus paramilitares de crearles problemas a los presos políticos para fabricarles causas penales o justificar golpizas que pueden llegar a ser mortales".
Si bien la represión contra los presos políticos es notablemente más agresiva que la sostenida en las calles por el régimen, esta no deja de ser significativa y lacera igualmente la dignidad de los individuos, además de dar cuenta de patrones estructurales. En tal sentido, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que Ewald Nieves Manduley, trabajador del sector cultural en Guáimaro, Camagüey, fue expulsado de su empleo por una publicación en Facebook.
Nieves Manduley "trabajó durante casi 23 años como comunicador en el Sectorial Municipal de Cultura. El 27 de enero de 2026 publicó en su perfil personal de Facebook y en un grupo privado un texto crítico sobre la manipulación de la figura de José Martí por parte de Fidel Castro y de la Revolución Cubana", indicó el grupo de juristas.
"Días después, en una reunión extraordinaria en su centro de trabajo, el director provincial de Cultura en Camagüey, Kenny Ortigas Guerrero, ordenó su expulsión, aunque varios directivos defendieron que se trataba de una publicación personal que no afectaba su desempeño laboral", detalló. Cubalex enfatizó que "ninguna persona debería perder su trabajo por expresar una opinión. Sanciones como esta vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y muestran cómo en Cuba el empleo puede quedar condicionado a la obediencia política".
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