El preso político Roilán Álvarez Rensoler, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue trasladado a un hospital tras permanecer más de un mes en huelga de hambre, según informó su abogado a la familia.
De acuerdo con sus allegados, el activista llevaba más de ocho días sin contacto directo cuando recibieron la notificación del traslado. Su hermana, Arianna Álvarez, acudió junto a otros familiares a la unidad de operaciones policiales conocida como Pedernales, en Holguín, para exigir información sobre su estado de salud y el centro médico donde se encuentra ingresado, reportó Martí Noticias.
"La última vez que yo lo vi fue cuando hice las denuncias porque lo encontré en condiciones pésimas. Desde entonces no nos dejaron verlo más. Llamábamos al abogado, al instructor del caso, y nadie nos daba respuesta. Hoy decidimos ir hasta la unidad en Holguín y plantarnos allí hasta saber qué está pasando con él", declaró Álvarez.
Álvarez Rensoler, natural del municipio Mella, Santiago de Cuba, fue detenido el 30 de enero junto a otros activistas. Las autoridades los acusan de realizar pintadas con consignas antigubernamentales en varias localidades de Holguín y de dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.
El opositor inició la huelga en el centro de detención conocido como "Todo el mundo canta", en Pedernales, para exigir su liberación. La familia ha denunciado que oficiales intentaron persuadirlo para que abandonara la protesta mediante la intervención de sus hermanas y el ofrecimiento de alimentos.
El pasado viernes, varios familiares fueron arrestados tras manifestarse en Holguín con una sábana en la que exigían su libertad. Según el testimonio de Arianna Álvarez, un agente de la Seguridad del Estado les arrebató el cartel improvisado. Posteriormente, cuando regresaban a Santiago de Cuba, fueron retenidos durante horas en el punto de control conocido como Caballería.
En los últimos meses, las autoridades han procesado a ciudadanos por la realización de grafitis y carteles con consignas críticas al Gobierno, unas pintadas que cada vez son más frecuentes en espacios públicos.
Esta misma semana diez ciudadanos panameños fueron arrestados por el Ministerio de Interior (MININT) y acusados de "subversión" y "hechos de propaganda contra el orden constitucional" por presuntamente pintar carteles en las calles del país.
Organizaciones independientes señalan que, bajo el nuevo Código Penal, este tipo de acciones puede derivar en condenas de hasta una década de prisión.
El activista cubano residente en Panamá Boris Betancourt, presidente de la organización Camino a la Democracia de Cuba, identificó a los detenidos y, en lo que describió como "un acto extremo de resistencia", se declaró en huelga de hambre para exigir que sean liberados.
Más presiones contra la prensa independiente
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó que Lázaro Pérez Rodríguez y Luis Sotolongo Iglesias fueron arrestados el 1 de marzo mientras distribuían el boletín Páginas Villareñas en el reparto Dobarganes, en Santa Clara.
Según explicó a Marti Noticias, Arailaisy Rosabal, directora del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP, ambos fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado, esposados y trasladados a la Cuarta Unidad Policial de Abel Santamaría, donde permanecieron retenidos unas seis horas.
Durante el interrogatorio, añadió, oficiales del Ministerio del Interior los amenazaron con procesarlos por presuntos delitos como "usurpación de funciones públicas" y "violación del orden constitucional", al tiempo que indagaron sobre el funcionamiento interno y el financiamiento de la organización.
Las autoridades confiscaron ejemplares del boletín, teléfonos móviles, dinero en efectivo y documentos personales. El ICLEP sostiene que este episodio forma parte de un incremento de acciones represivas contra periodistas y colaboradores independientes, que solo en enero de 2026 habría dejado más de un centenar de incidentes documentados.
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