El régimen cubano fija la fecha al juicio contra las intelectuales Alina Bárbara López y Jenny Pantoja

El régimen cubano puso fecha al juicio contra la historiadora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja Torres, acusadas en un proceso que ambas califican de fabricado por la Policía y la Contrainteligencia. La vista oral fue fijada para el viernes 30, a las 9:00 de la mañana, en el Tribunal Municipal de Matanzas, tras más de un año de dilaciones administrativas y judiciales.

Según denunció López Hernández en redes sociales, la demora no respondió a supuestos "privilegios, como han afirmado algunas personas de manera injusta", sino "al costo político de enjuiciar a dos intelectuales con reconocimiento social y académico dentro y fuera de Cuba".

Finalmente, afirma la historiadora, el régimen optó por avanzar en lo que definió como "otra de las farsas con que un sistema político excluyente intenta atemorizar a la ciudadanía para impedir el ejercicio de sus derechos".

Ambas han advertido que no aceptarán "otro fallo que no sea la exoneración total" y que no negociarán su libertad a cambio de silencio. "Nuestra dignidad vale más que sus amenazas, e incluso que la posibilidad real de ir a prisión", escribió López Hernández.

El anuncio del juicio ha provocado una ola de reacciones de solidaridad en el ámbito intelectual y cívico cubano.

La historiadora Ivette García González calificó el proceso como una muestra de la "desesperación" y la "falta de inteligencia política" del régimen, y afirmó que López Hernández y Pantoja Torres "no están solas".

En términos similares se expresó la ingeniera y emprendedora Yulieta Hernández Díaz, quien destacó la "dignidad" y el "coraje" de López Hernández como referencia ética para muchos cubanos que hoy no pueden expresarse públicamente.

El economista Mauricio de Miranda Parrondo denunció que se trata de una causa sin fundamento jurídico, en la que las acusadas pasaron de ser víctimas de violencia policial a imputadas por supuestos delitos contra los propios agentes. A su juicio, el caso revela, una vez más, el carácter político de la represión y la negativa del régimen a reconocer la existencia de presos políticos en Cuba.

Por su parte, José Manuel González Rubines, codirector del Laboratorio de Pensamiento Cívico CubaXCuba, enmarcó el juicio en un contexto más amplio de crisis económica, apagones y empobrecimiento generalizado, donde —dijo— la única respuesta del poder sigue siendo la represión. "Este juicio no es solo contra ellas", advirtió, al tiempo que subrayó que la memoria y el tiempo terminarán pasando factura a los responsables.

El proceso contra López Hernández y Pantoja Torres se perfila así como un nuevo test para la capacidad del régimen de criminalizar el disenso y para la respuesta de una intelectualidad y una ciudadanía cada vez más vigiladas, pero también más conscientes del costo de callar.

"La responsabilidad cívica de la intelectualidad cubana también estará en juego. Hace mucho lo está. O asumimos la gravedad de lo que ocurre en nuestro país, o seguiremos siendo copias de la famosa pintura de Marcelo Pogolotti: intelectuales ciegos a otra cosa que no sean sus obras y sus espacios gremiales", concluyó López Hernández.