La activista Aniette González, encarcelada desde marzo de 2023 por fotografiarse envuelta en la bandera cubana como parte de la campaña ciudadana #LaBanderaEsDeTodos, fue excarcelada este sábado tras casi dos años de prisión.
Su liberación, celebrada por activistas y organizaciones de derechos humanos, llega después de numerosos recursos ignorados por el régimen y tras una condena de tres años por "ultraje a los símbolos nacionales", un dictamen ampliamente denunciado como político.
González había sido recluida primero en Villa María Luisa —un centro señalado por operar bajo la influencia directa de la Seguridad del Estado— y posteriormente en la prisión Kilo 5 de Camagüey, donde sufrió un grave deterioro de salud y un proceso plagado de irregularidades, según denunció su familia.
Pese a ello, los tribunales ratificaron su condena en abril de 2024, rechazando la apelación presentada por la defensa.
La noticia de su excarcelación se conoció a través de publicaciones en redes sociales. El periodista José Luis Tan Estrada la anunció en un evento celebrado en México en honor al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado y al presidente electo venezolano Edmundo González.
Otros activistas, como Magdiel Jorge Castro, confirmaron la liberación y recordaron que Aniette González fue enviada a prisión solo por hacerse una foto con la bandera nacional, una muestra extrema del uso del sistema penal para castigar la libertad de expresión en Cuba.
"A lo largo de su reclusión en la prisión Kilo 5 de Camagüey se habían presentado numerosos recursos y solicitudes de excarcelación por parte de su familia, sustentados en el grave deterioro de su salud y en las irregularidades del proceso, que el régimen ignoró una y otra vez hasta hoy. Su salida de la cárcel es un alivio inmenso para quienes la queremos y la hemos acompañado de cerca, y al mismo tiempo un recordatorio doloroso de que todavía quedan muchos presos políticos sufriendo en las mazmorras de la tiranía", escribió en Facebook la activista exiliada Avana de la Torre.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) calificó el caso como un "ejemplo claro de la criminalización del disenso y la utilización del sistema penal para castigar expresiones protegidas por el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión". El ICLEP celebró la salida de la activista, aunque subrayó que persiste el hostigamiento contra voces críticas en la Isla.
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