En medio de condiciones inhumanas y hechos constantes de represión, las cárceles del régimen cubano son entornos cada vez más hostiles. En tal sentido, los presos políticos Ángel Cuza y Walnier Luis Aguilar, ambos recluidos en el Combinado del Este, en La Habana, fueron trasladados de forma arbitraria a centros penitenciarios en Artemisa y Matanzas, respectivamente, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
Según subrayó Wilber Aguilar Bravo, padre del manifestante del 11J y preso político Walnier Luis Aguilar, su hijo fue trasladado a la prisión de Agüica, en Matanzas —a casi 200 kilómetros de La Habana—, bajo el pretexto de una supuesta lista de reclusos que planeaban "plantarse" en el Combinado del Este.
Aguilar Bravo desmintió que su hijo tuviera intención de iniciar una huelga y denunció que se trata de un abuso y una represalia directa para aislarlo y dificultar el contacto con su familia.
Asimismo, Aguilar Bravo denunció que fue citado y retenido durante horas en el Combinado del Este, donde le informaron sobre el traslado de su hijo. Además, condenó el hostigamiento y la manipulación de las autoridades, señalando que estas medidas son una represalia por defender públicamente a su hijo y exigir justicia.
Por su parte, el preso político Ángel Cuza fue trasladado a la prisión de Guanajay, en Artemisa, bajo los mismos argumentos de una supuesta huelga.
"Estos traslados forzados agravan el sufrimiento de las personas privadas de libertad y sus familias, que enfrentan grandes dificultades y altos costos económicos para poder visitarlas. A los gastos de transporte se suman los de alimentos y medicamentos, indispensables ante las precarias condiciones en prisión. La distancia forzada provoca un profundo impacto emocional, al dificultar el contacto con sus seres queridos", denunció Cubalex.
"Los traslados arbitrarios forman parte de un patrón de castigos contra presos políticos y sus familias, quienes sufren amenazas, suspensión de llamadas y visitas como represalia por las denuncias públicas sobre las condiciones inhumanas y los abusos en prisión", agregó.
Cubalex denunció, además, que el preso político Eider Frómeta Allen continúa siendo víctima de castigos injustificados en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, por denunciar las condiciones inhumanas a las que son sometidos los reclusos. El grupo de asesoría legal denunció, asimismo, que, "por órdenes de la Seguridad del Estado", Frómeta Allen no podrá usar el teléfono de manera indefinida para comunicarse con el exterior.
Lamentablemente, la situación de estos presos políticos no es aislada, toda vez que forma parte de un patrón represivo ejecutado por las autoridades penitenciarias del régimen en contubernio con la Seguridad del Estado. Así, un reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) indicó que, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, registró 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba.
El segundo informe anual Lo que cuentan los números documentó, además, 60 muertes bajo custodia estatal, incluyendo 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna, y siete por violencia física directa.
El informe hizo hincapié en el uso persistente del aislamiento prolongado, traslados punitivos y trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas. También documenta métodos de tortura como "la cama turca", "la bicicleta" y el uso de "shakiras", grilletes que inmovilizan por completo a las personas.
En tal sentido, la directora del CDPC, Camila Rodríguez, enfatizó que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
