De los 15 detenidos por las autoridades represivas del régimen cubano a raíz de una protesta pacífica que tuvo lugar el pasado 7 de octubre en el reparto Santa Felicia, en el municipio de Marianao, cuando numerosos vecinos salieron a la calle para expresar su hartazgo por los prolongados apagones y la crisis de servicios que los afecta, al menos dos de ellos fueron trasladados bajo una medida cautelar de prisión preventiva a la cárcel Valle Grande, informó Martí Noticias.
En esa situación se encuentra Yuniel Serrano Batista y otro de los manifestantes, del que se desconoce el nombre. "Ambos, residentes en la barriada Pogolotti, están acusados de desórdenes públicos", dijo el citado medio, a partir de declaraciones de Humberto Michael González Zamora, delegado del Movimiento Opositores para una Nueva República (MNOR).
De acuerdo con el activista, "los arrestados fueron dos: uno por, presuntamente, incendiar un tanque de basura, y el otro por tratar de evitar que la policía lo detuviera", agregó.
Sobre el resto de los detenidos se desconoce la situación, y la última información disponible es la que publicó el grupo de asesoría legal Cubalex el pasado sábado, cuando indicó que estas personas "fueron trasladadas al centro de detención del VIVAC y, hasta el momento, se desconocen sus identidades y situación actual".
Asimismo, el activista Liván Gómez Castillo, coordinador en La Habana del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), fue liberado el viernes luego de ser detenido de forma arbitraria y sin pruebas por su supuesta participación en la protesta.
"Durante la detención, agentes de la Seguridad del Estado intentaron vincularlo con la aparición de carteles en el municipio de Marianao y lo acusaron, sin pruebas, de organizar una protesta por la falta de agua y los apagones", detalló Cubalex.
"Luego de revisar las grabaciones de la manifestación, las autoridades comprobaron que Gómez Castillo no participó y procedieron a liberarlo. Sin embargo, fue amenazado con ser encarcelado y procesado si logran asociarlo con los carteles colocados en la zona", agregó.
En este contexto, el grupo de asesoría legal alertó "sobre el uso de la represión y la criminalización de la protesta pacífica como mecanismos para silenciar el descontento ciudadano en Cuba".
Estas acciones confirman lo dicho por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe más reciente: "El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones".
La protesta del pasado martes en Marianao estalló después de más de nueve horas sin electricidad y una sequía de suministro intermitente que, en los días previos, convirtió la corriente en algo que "quitaban y ponían" cada diez o quince minutos. "Sí, en 51 y 88B cerraron la avenida. Tocaron calderos en todo el barrio… hoy se había ido desde las 2:00 de la tarde", contó una vecina al medio independiente CubaNet.
Los testimonios recogen también la desconfianza hacia las autoridades y la rapidez con que el servicio suele restablecerse tras las protestas: "Ese es el nuevo sonido para que las termoeléctricas funcionen", ironizó otro vecino, en referencia a la reaparición de la electricidad poco después del cacerolazo.
"Desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 corresponden a detenciones arbitrarias", enfatizó el OCDH.
