Human Rights Watch documenta los abusos sufridos por manifestantes del 11J encarcelados

La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) presentó el informe "Cuba: manifestantes relatan abusos en prisión", que documenta las violaciones sistemáticas de sus derechos sufridas por los manifestantes del 11 de julio de 2021 encarcelados, y que se mantienen una vez recobran la libertad.

A partir de entrevistas telefónicas realizadas a 17 víctimas de la represión emprendida por el régimen cubano, todos ellos excarcelados a partir de enero último, y manteniendo en el anonimato a los testimoniantes, la organización documentó que los detenidos "fueron golpeados y sometidos a régimen de aislamiento como forma de castigo. Describieron condiciones carcelarias insalubres y antihigiénicas, incluyendo acceso completamente inadecuado a alimentación y agua. Señalaron que permanecen bajo vigilancia constante y en condiciones estrictas, algunas de las cuales parecen haber sido impuestas de manera informal. Muchos temen ser enviados nuevamente a prisión y al menos tres de las personas liberadas han sido detenidas otra vez".

"Hace cuatro años, el Gobierno cubano desató una estrategia represiva contra miles de cubanos que salieron pacíficamente a las calles para exigir derechos y libertades", dijo al respecto Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. "Hoy, cientos permanecen tras las rejas en condiciones deplorables", añadió.

Los entrevistados estuvieron recluidos en seis cárceles para hombres (Alto Río, de Guanajay; Boniato; Cerámica Roja; Mar Verde; Valle Grande y Unidad 1580), así como en las prisiones de Guamajal y Matanzas para mujeres, aunque "varios entrevistados dijeron haber sido trasladados durante su detención a campamentos penitenciarios o a centros de menor seguridad".

Entre los abusos físicos a los que fueron sometidos varios de los entrevistados estuvieron golpes "por gritar consignas contra el Gobierno o protestar por las condiciones de detención", así como torturas como "la bicicleta" o "carretilla", en la que "los detenidos son obligados a correr, esposados, con los brazos levantados por encima de la cabeza".

Cinco de los entrevistados, que estuvieron en la prisión de Guanajay, coincidieron en contar "que entre 30 y 40 guardias reprimieron violentamente una huelga de hambre de entre 15 y 20 detenidos en noviembre de 2021. Los entrevistados dijeron que, después de negarse a desayunar y almorzar, los guardias de la prisión ingresaron a sus celdas y los esposaron de manos y pies, los golpearon con tonfas y los arrastraron por la prisión".

"Uno de ellos dijo que lo lanzaron por unas escaleras y lo llevaron a otra parte de la prisión, donde lo golpearon de nuevo. Después lo metieron en un camión, junto con otros detenidos, donde los guardias siguieron golpeando a dos de ellos. Más tarde, añadió, los guardias lo llevaron a la enfermería por una herida que le sangraba en la cabeza. Él mencionó que un médico le dijo que abandonara la huelga de hambre para evitar más golpizas. Otro entrevistado nos dijo que los guardias llevaron perros a su celda para intimidarlo y hacer que abandonara la huelga de hambre", añade el informe.

Uno de los golpeados precisó: "Yo tengo en mi cuerpo marcas que son indelebles. Yo tengo mi tobillo lleno de hinchados por los tonfazos que me dieron. Tengo en los muslos marcas de tonfa. Todavía no sé qué me hicieron. Yo estuve que no podía moverme. Después de que me devolvieron para la celda, un compañero de celda me ayudaba a subirme y bajarme de la cama. Yo personalmente no podía hacer esas cosas".

Prosigue HRW: "Los entrevistados describieron consistentemente condiciones de hacinamiento en las celdas y un acceso limitado a alimentos y agua potable, tanto para los presos políticos como para los demás detenidos. 'Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre', nos dijo uno de ellos. 'La comida que te dan es inhumana. Tenía gusanos', relató otro", recoge el informe.

"Las personas que estuvieron detenidas describieron brotes de sarna, tuberculosis, dengue y Covid-19 que, según dijeron, no fueron atendidos. Afirmaron que los funcionarios penitenciarios ignoraban regularmente sus preocupaciones médicas y, en muchos casos, los castigaban por expresar preocupación por las condiciones insalubres o la escasez de alimentos. Quienes protestaban por estas condiciones relataron que con frecuencia eran enviados a celdas donde permanecían en régimen de aislamiento o les negaban las visitas, las llamadas telefónicas o el acceso a los paquetes que les enviaban sus familiares".

Luego de que alrededor de 200 condenados del 11J fueran excarcelados a inicios de 2025, señala el informe, muchos de ellos "dijeron que se les exigió aceptar trabajos asignados por el Estado, presentarse regularmente ante agentes de seguridad y solicitar permiso para salir de sus municipios. Varios también afirmaron que se les prohibió participar en manifestaciones públicas, vincularse con organizaciones de la oposición y publicar en redes sociales. Al menos en algunos casos, estas condiciones parecen haber sido impuestas de manera informal y arbitraria, ya que no figuran en una orden escrita ni en las condiciones de excarcelación impuestas por los tribunales".

"Miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como Seguridad del Estado, han seguido en la calle a quienes fueron liberados y han acudido a sus domicilios, según nos dijeron los entrevistados, para amenazarlos y vigilarlos y entregarles citaciones escritas o verbales para que comparezcan ante los tribunales o estaciones de policía. 'Aunque fui excarcelada, sigo estando presa', dijo una de las entrevistadas. 'Es como estar presa en la calle'", indicó.

HRW recuerda que en abril último los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron devueltos a prisión, y en junio Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, también volvió a ser encarcelada.

"Los gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea deberían condenar las detenciones arbitrarias y el acoso del Gobierno cubano a manifestantes, periodistas y activistas y expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos y la grave situación humanitaria en el país", señala HRW. "Los gobiernos también deberían aumentar el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba", enfatiza.

El 65% de los 1.158 presos políticos actualmente encarcelados en Cuba y contabilizados por la ONG Prisoners Defenders fueron detenidos por participar en las protestas del 11J, indicó la organización en su más reciente informe de seguimiento del tema.

En total, más de 2.000 personas fueron procesadas penalmente por protestar aquel día, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de al menos 50 localidades del país exigiendo libertad y mejoría de las precarias condiciones de vida en medio de prolongados apagones, y en el mayor acto de resistencia civil registrado en Cuba en más de seis décadas.

De los procesados, 752 aún cumplen condena y 421 continúan actualmente en prisión. De estos, 403 son hombres y 18, mujeres. Además, cinco de los encarcelados eran menores de edad en el momento de su detención, lo que ha despertado fuertes críticas de organismos internacionales.