El 65% de los 1.158 presos políticos actualmente encarcelados en Cuba y contabilizados por Prisoners Defenders fueron detenidos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), según el más reciente informe de seguimiento publicado por la organización.
En total, más de 2.000 personas fueron procesadas penalmente por protestar aquel día, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de al menos 50 localidades del país exigiendo libertad y mejoría de las precarias condiciones de vida en medio de prolongados apagones. y en el mayor acto de resistencia civil registrado en Cuba en más de seis décadas.
De los procesados, 752 aún cumplen condena y 421 continúan actualmente en prisión. De estos, 403 son hombres y 18, mujeres. Además, cinco de los encarcelados eran menores de edad en el momento de su detención, lo que ha despertado fuertes críticas de organismos internacionales.
Las sentencias impuestas han sido particularmente severas: 202 personas fueron condenadas a diez años o más de cárcel, con penas que oscilan entre los diez y los 30 años de privación de libertad. Muchas de estas condenas incluyen cargos de sedición, una figura legal ampliamente criticada por su uso desproporcionado para castigar el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación pacífica.
Pese a la presión internacional, la represión no ha cesado. Tan solo en junio de 2025, Prisoners Defenders documentó ocho nuevos presos políticos en la Isla, una muestra de que el patrón de persecución estatal continúa activo.
Al menos cuatro presos políticos del 11J han sido devueltos a prisión tras ser excarcelados
Aunque 230 presos políticos del 11J fueron excarcelados bajo modalidades como libertad condicional o licencia extrapenal, todos siguen cumpliendo sus condenas bajo un régimen carcelario-domiciliario, fuertemente restrictivo. Este régimen ha servido para mantener el control estatal fuera de prisión formal, imponiendo condiciones severas y represivas, advirtió PD.
El informe indica que al menos cuatro de estos excarcelados han sido revocados y devueltos a prisión por supuestos incumplimientos o por negarse a acatar imposiciones del régimen.
Se trata de José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, quien fue detenido nuevamente el 29 de abril de 2025 tras reiniciar su labor humanitaria. Desde su reingreso ha sido víctima de violencia física extrema, tortura, aislamiento, y amenazas contra su familia.
Jaime Alcide Firdó Rodríguez, joven afrodescendiente detenido por protestar en La Güinera, fue revocado el 1 de abril tras negarse a colaborar como informante. Padece asma severa y ha sido negado tratamiento médico en prisión.
Félix Navarro Rodríguez, de 71 años, líder opositor y prisionero de conciencia, fue revocado el 29 de abril tras sufrir tres meses de hostigamiento. Tiene múltiples problemas de salud, y su familia denuncia falta de información sobre su estado.
Donaida Pérez Paseiro, activista religiosa yoruba, fue devuelta a prisión el 11 de junio por presuntos incumplimientos administrativos. Fue trasladada a la prisión de Guamajal, en Villa Clara.
Mientras más presos, más esclavos; a eso se deben las condenas injustas. Una vez que ino cae preso es propiedad y esclavo del estado.