Como parte de "un agravamiento de la represión en respuesta al clima de gran descontento social", el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró en junio al menos 253 acciones represivas contra la población civil en Cuba, de las cuales 61 fueron detenciones arbitrarias y 192, otros abusos, según un informe al respecto publicado este lunes.
Como en meses anteriores, entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, abusos contra presos políticos, amenazas y hostigamientos.
Asimismo, "las mujeres son las más perjudicadas por la represión de las autoridades, con más de la mitad de los casos. La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas", subrayó el OCDH.
En este contexto, "el régimen cubano incrementa la presión contra los ciudadanos y sigue sin ofrecer soluciones a los graves problemas del país", denunció el OCDH, al tiempo que reiteró la urgencia de prestar atención pormenorizad a la situación de los derechos humanos en Cuba.
Así, el observatorio recalcó que "la solución para Cuba es la que plantearon los obispos cubanos en su más reciente mensaje, y no la pobreza y represión que ofrece el régimen".
A mediados de junio, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dijo que "con desesperanza y sin alegría no hay futuro para ningún pueblo". "La realidad dolorosa y apremiante que experimentamos, pide no quedarnos únicamente en los análisis, descripción de los problemas y sus múltiples causas", agregaron los representantes religiosos y demandaron "cambios estructurales, sociales, económicos y políticos" en Cuba.
Si bien los datos del más reciente informe del OCDH corresponden a junio, la organización alertó del incremento de la represión en la Isla durante la primera semana de julio, toda vez que se acerca el cuarto aniversario del estallido social del 11 de julio, una fecha a la que, según la académica Alina Bárbara López Hernández, "tienen miedo patológico". "Y se entiende, las condiciones actuales son mucho peores que cuando ocurrió el estallido social del 2021", agregó.
En tal sentido, varios periodistas y activistas cubanos han denunciado las citaciones de la Seguridad del Estado en las que agentes represivos les han advertido que este 11 de julio sus viviendas estarán sitiadas por varias patrullas policiales para impedirles cualquier movimiento.
"Esta forma de intimidación preventiva no es un hecho aislado: responde a una estrategia del régimen para inhibir la protesta social en una fecha simbólica como el 11 de julio", destacó el grupo de asesoría legal Cubalex.
Tanto los hechos de junio como los de la primera semana de julio demuestra, una vez más, que "la represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", según Cubalex en un reciente informe al respecto.
"Su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos", denunció.
