En medio de los reclamos de los cubanos frente al tarifazo de ETECSA, y tras las protestas estudiantiles contra las autoridades del régimen detrás de la impopular medida, que van menguando a partir de la campaña de desactivación desplegada por la Seguridad del Estado, el grupo de asesoría legal Cubalex presentó esta semana un recurso legal para exigir, de forma legítima, que esta medida sea cancelada.
Así, los juristas elaboraron un modelo de petición ciudadana que busca la nulidad del tarifazo. "Esta herramienta está basada en la legislación cubana vigente y permite a cualquier persona ejercer su derecho a queja y petición ante las autoridades, conforme al artículo 61 de la Constitución y la Ley No. 167 sobre atención a las quejas", indicó Cubalex.
El modelo está disponible para su descarga en la web de la organización, que invitó a los cubanos a personalizarlo con sus datos, firmarlo y entregarlo en oficinas de atención a la población de ETECSA, o enviarla digitalmente.
"El recurso no solo denuncia la falta de transparencia y la violación del contrato de servicio prepago —que exige notificación previa de 30 días ante cualquier cambio tarifario—, sino que también destaca que la aprobación de estas medidas debió recaer en el Ministerio de Comunicaciones y publicarse oficialmente en la Gaceta Oficial, cosa que no ocurrió. Por tanto, la acción se considera jurídicamente ineficaz", detalló Cubalex.
Asimismo, los juristas subrayaron que "esta petición tiene un doble propósito: por un lado, es una acción legal con fundamento normativo; por otro, es una herramienta simbólica y política, que se suma a las protestas ciudadanas en redes sociales. Forma parte de una estrategia más amplia de presión social y visibilización internacional de las arbitrariedades que afectan directamente a la población cubana".
En tal sentido, "cada acción individual fortalece una presión colectiva. No se trata de una única herramienta, sino de usar todas las vías posibles para oponernos a una medida injusta", ratificaron.
Cubalex detalló, además, que esta petición colectiva serviría para "dejar constancia legal del desacuerdo, utilizando el propio marco normativo que el Estado dice respetar". Así como para "organizarnos como sociedad civil, usando formas pacíficas, legítimas y coordinadas para actuar frente a decisiones injustas", y para "visibilizar el abuso de poder y la falta de legalidad institucional, mostrando que el propio Gobierno incumple las normas que establece".
De igual forma, la petición "constituye un preámbulo para una futura demanda contra ETECSA, en la vía judicial".
A pesar de reconocer que "es probable que no respondan (las autoridades) o que la respuesta no sea útil", Cubalex apuntó que "presentar el escrito demuestra que se están agotando las vías internas antes de llevar el caso a organismos internacionales o hacer una denuncia pública más fuerte".
El pasado 30 de mayo, la única empresa autorizada a proveer servicios de telecomunicaciones en Cuba y por tanto única opción de la población, implementó una combinación del racionamiento de los gigabytes (GB) que se pueden comprar a un precio moderado y el encarecimiento brutal de los que necesite comprar un usuario al agotarse los anteriores.
De esa forma, los cubanos pueden comprar paquetes cada mes por hasta 360 CUP. A partir de ahí, deben pagar 3.360 pesos por tres GB, una tarifa que supera en 1.200 pesos el salario mínimo de 2.100 pesos y en más del doble las jubilaciones, que rondan los 1.500 pesos.
Los planteamientos de la comunidad estudiantil universitaria, que transcendieron en las redes sociales tras el anuncio, incluyeron la pregunta de por qué el pueblo de Cuba tiene que pagar las deudas acumuladas por ETECSA, esgrimidas por su presidenta ejecutiva, Tania Velázquez Rodríguez, para justificar el tarifazo. También señalaron la contradicción entre el carácter supuestamente socialista del país y de la propia empresa y la medida, que agranda la brecha de desigualdad entre los cubanos.
