Aunque es conocido que el régimen coarta el derecho a la libre asociación de los cubanos, muchas personas ignoran el andamiaje legal del cual se valen las autoridades de la Isla para vulnerar una garantía, recogida en la Constitución aprobada en 2019.
Esa armazón es expuesta y analizada en el informe "El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión", elaborado por la organización de la sociedad civil cubana Ciudadanía y Libertad.
El reporte, difundido desde este domingo, fue escrito por Carolina Barrero, directora ejecutiva de la organización enfocada en los derechos civiles y de participación política, y la abogada Maylin Fernández Suris, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA y jefa de Programas Legales de Ciudadanía y Libertad.
El texto debe contribuir "a abrir el debate sobre cómo podemos organizarnos mejor para pelear por nuestros derechos, el pluralismo político y el fin del totalitarismo y la autocracia en Cuba, escribió en sus redes sociales la directora de la ONG registrada en Madrid.
Sobre por qué es importante el informe, pese a que no es una novedad que el castrismo vulnera el derecho a la libertad de asociación, Fernández Suris considera que "conocer el contexto legal en que se desenvuelve la sociedad civil independiente en Cuba es fundamental y se convierte en fortaleza"
"El informe diagnostica el estado actual del derecho de asociación en la normativa cubana, señalando los problemas y destacando los puntos en los que se separa de estándares internacionales", apunta la abogada.
"Además abre las puertas al análisis y construcción de una ley novedosa, una ley que represente a todos los contextos cubanos y de respeto a los derechos humanos en Cuba. En todo caso, es una fotografía del estado del derecho de asociación en Cuba y de la problemática que enfrentan cientos de organizaciones de la sociedad civil", valora.
Llama la atención que el reporte se centra en el derecho a la libre asociación y no aborda los derechos a la libertad de expresión y de manifestación con fines pacíficos, también vulnerados en Cuba.
Al respecto, la experta de DIARIO DE CUBA y de Ciudadanía y Libertad señala que "comúnmente tendemos a unir los derechos de asociación, manifestación y expresión, pero, aunque estrechamente relacionados, cada uno tiene una esencia particular".
"Lo otro es que los derechos de expresión y manifestación no tienen marco legal en Cuba, aunque está previsto de aprobación. La sociedad civil no sabe qué puede hacer o que está penado en esta materia", explica.
"Por el contrario, la posibilidad de reconocimiento legal de asociaciones independientes o incómodas al Gobierno cubano está prohibida legalmente. Cambiar o al menos intentarlo, de cara a una propuesta de ley en el cronograma legislativo es una oportunidad de denuncia y de participación ciudadana", añade.
Precisamente, uno de los capítulos del informe está dedicado a la aprobación de una nueva Ley de Formas Asociativas en Cuba, prevista para ser aprobada durante las sesiones legislativas de julio, de acuerdo con el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
"Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este informe (enero de 2025), el Ministerio de Justicia no ha divulgado las políticas normativas que orientarán el contenido de la futura ley ni ha convocado a la ciudadanía para participar en su desarrollo mediante la presentación de propuestas. Este silencio institucional pone en evidencia la falta de transparencia y participación ciudadana en un proceso de gran relevancia para la regulación del derecho de asociación en el país", recuerda el texto.
El 12 de mayo, el Consejo de Ministros de Cuba dio luz verde a cuatro anteproyectos de leyes, cuyos textos están publicados y páginas webs y deben ser sometidos al criterio de los diputados en julio. Ninguno era el de la nueva Ley de Formas Asociativas.
Los anteproyectos a los que el Consejo de Ministros allanó el camino a la aprobación fueron los Del Sistema Deportivo Cubano; Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas; Del Registro Civil, y Del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
"El principio de transparencia en los procesos legislativos es un componente esencial del Estado de derecho. Según el artículo 13 (incisos a y b) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que Cuba es parte desde diciembre de 2005, los Estados deben garantizar la participación del público y promover la transparencia en la toma de decisiones. La ausencia de información sobre la nueva 'Ley de Formas Asociativas' impide que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a informarse y opinar sobre una normativa que afectará directamente sus derechos fundamentales", recuerda el informe de Ciudadanía y Libertad.
"El derecho a la participación en la vida política y en la elaboración de normativas que afectan derechos fundamentales está reconocido en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 25, que establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. La ausencia de mecanismos de consulta sobre la nueva ley de asociaciones representa una restricción a este derecho", destaca.
El informe también aborda la subordinación en Cuba del derecho a la libre asociación —"uno de los pilares centrales de las sociedades democráticas, ya que garantiza la capacidad de organización de los ciudadanos para perseguir intereses comunes y ejercer su participación en la vida pública", como recuerda el texto en su introducción— a la ideología socialista.
Asimismo, expone la restricción de ese derecho en la Ley No.54/ 1985 "Ley de Asociaciones" y la criminalización del ejercicio mediante leyes como La Ley 80 de 1996, también conocida como Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, y el Código Penal.
El reporte muestra, a través de ejemplos, cómo históricamente el régimen cubano ha puesto trabas a quienes, siguiendo las normas establecidas, han intentado registrar asociaciones no subordinadas al poder.
Este informe es el primero de varios que se propone elaborar Ciudadanía y Libertad, cuya misión última es informar sobre los temas relacionados con la participación política y "elevar así la cultura democrática" de la sociedad cubana, precisa Carolina Barrero a esta redacción.
En un video publicado en las redes sociales de la organización, su directora ejecutiva explica el contenido de este reporte sobre toda la armazón legal diseñada por el régimen cubano para restringir el derecho a la libertad de asociación.
