En consonancia con la denunciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el grupo de asesoría legal Cubalex alertó este miércoles, en un informe al respecto que, "en abril de 2025, Cuba vivió un agravamiento de su crisis económica, social y política, con consecuencias directas en la situación de los derechos humanos". Así, la organización documentó 301 hechos represivos en la Isla en el cuarto mes del año, con un total de 647 incidentes.
La mayoría de las acciones fueron "violaciones contra personas privadas de libertad, detenciones arbitrarias, amenazas y violencia física o psicológica". Así, "los incidentes más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (92), los traslados hacia centros de detención o establecimientos penitenciarios (62), las detenciones arbitrarias (60), la amenaza o coacción (59) y el uso de la violencia o acoso (56)", denunciaron los juristas.
Además, detallaron que "al menos 188 personas fueron víctimas de estos hechos, entre ellas 70 mujeres y 128 hombres". Las acciones denunciadas, ocurridos en 57 de municipios de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. "Las provincias donde se registraron mayor cantidad de violaciones fueron La Habana (88), Santiago de Cuba (50) y Matanzas (28) y entre los municipios Santiago de Cuba (46), Diez de Octubre (20) y Santa Clara (18)", indicó Cubalex.
"Los datos recabados revelan un patrón sistemático de represión estatal. Las principales víctimas fueron activistas, opositores, periodistas independientes y ciudadanos no afiliados a organizaciones. Entre los más hostigados figuran las Damas de Blanco, el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), al igual que ex presos políticos como Félix Navarro y José Daniel Ferrer, nuevamente encarcelados tras la revocación arbitraria de su libertad condicional", subrayó el grupo de juristas.
Así, la sede de la UNPACU, en el reparto Altamira, Santiago de Cuba, "estuvo sitiada de manera permanente por policías y oficiales de la Seguridad del Estado que retenían, amenazaban y golpeaban a las personas que laboraban en el comedor humanitario y también a quienes se acercaban a solicitar comida. El acoso a la sede de la organización, incluyó el allanamiento del local, robo de medicinas y alimentos, cortes de internet, sugerencias de verter sustancias desconocidas en los alimentos y el uso de niños en horario escolar para realizar un acto de repudio", subrayaron los juristas.
Asimismo, "los reclusos en cárceles cubanas enfrentaron severas violaciones a sus derechos fundamentales, destacándose la persistente falta de atención médica y la negación sistemática de medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas, hipertensión, dolencias odontológicas, entre otras. Las malas condiciones alimentarias y la pérdida de peso fueron señaladas en múltiples denuncias, mientras persisten las restricciones arbitrarias a las visitas familiares, a menudo motivadas por razones ideológicas o represivas".
En tal sentido, Cubalex documentó "el uso de técnicas de tortura y tratos crueles y degradantes; entre estos últimos las negativas al preso político José Gabriel Barrenechea Chávez para que pudiera ver a su madre antes de morir y a Maikel Castillo Pérez para asistir al velorio de su abuela".
Además, "casos extremos como la huelga de hambre y coserse la boca para reclamar contra las arbitrariedades a que son sometidos y las violaciones en los procesos judiciales, reflejan la desesperación de los reclusos ante un sistema penitenciario que incumple garantías básicas y opera bajo una lógica punitiva, más que de rehabilitación".
