El órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC) reiteró este miércoles sus amenazas de regresar a prisión a los beneficiados del proceso de excarcelaciones anunciado el 14 de enero y que dio por finalizado este lunes. El diario oficial Granma dedicó titulares a los condicionamientos impuestos a los excarcelados y que la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, precisó en su entrevista con el vocero oficialista Humberto López.
Sobre los términos de esta "excarcelación anticipada" y las "obligaciones que deben cumplir estas personas", Sosa Ravelo explicó que es una obligación del juez de ejecución de residencia, donde se ubica el sancionado, informar al individuo cuáles son sus "derechos, proyecciones y restricciones", a partir de su salida en "libertad anticipada".
"En la propia ley se establece que el juez de ejecución cita a estas personas y les hace una comparecencia inicial, en la cual se les hacen saber cuáles son las obligaciones que tienen", dijo la funcionaria.
Entre los condicionamientos está el cumplimiento de las sanciones accesorias, de la responsabilidad civil, la ubicación al empleo o al estudio en aquellas personas que se encuentran aptas para su realización y que es aprobado por el juez de ejecución, citó.
En el caso del acceso al empleo o al estudio, Sosa Ravelo dijo que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Educación, realizan propuestas, aunque también el sancionado puede solicitarle al tribunal la aprobación de algún otro empleo en el cual pretenda desempeñarse.
Insistió en que "estos beneficios podrían ser revocados ante el incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados. Los regresarían entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción, dado que esta excarcelación se entiende como un periodo a prueba, cuando ellos aún no han cumplido toda la sanción", recalcó Granma.
"Los beneficiarios están obligados a cumplir con aquellos requerimientos explicados ante el juez de ejecución, así como mantener un comportamiento social adecuado, acorde con nuestras normas de convivencia socialista", añadió.
Entre las causas que podrían significar una revocación de la excarcelación anticipada, la vicepresidenta del TSP mencionó la no incorporación al estudio o al empleo, según corresponda, estando aptos para hacerlo y sin haber presentado justificación, así como la no comparecencia ante el juez de ejecución en la fecha señalada, pues el reglamento de la ley así lo establece.
En declaraciones en audio enviadas a DIARIO DE CUBA, Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders (PD), denunció que los excarcelados están sometidos a "un régimen carcelario domiciliario, verdaderamente draconiano, cuyas limitaciones de libertad y abusos siguen siendo los propios de un régimen que no respeta ningún derecho humano, incluidos los procesales o los penitenciarios".
Según Larrondo, PD ha verificado que, de los 553 presos encarcelados, solo 229 son presos políticos e incluso en torno a una decena de ellos ya estaban previamente excarcelados y tenían licencias extrapenales que fueron simplemente extendidas en el proceso.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que calificó el proceso de excarcelaciones de "injusto e incompleto", manejó una cifra cercana, pero menor (212 presos políticos) y coincidió en que "algunos ya habían salido de la prisión".
Para Larrondo "se ha dado fin a un intento de fraude del régimen cubano que la sociedad civil junto con los afectados, incluso bajo una enorme persecución en Cuba, hemos conseguido contrarrestar y demostrar".
"La liberación de presos políticos es usada por estas dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo. Es la primera vez que el régimen fracasa estrepitosamente en un intento de engañar a la comunidad internacional. Otros (procesos de excarcelaciones) anteriores provocaron beneficios políticos y económicos para el régimen. No parece que haya sido así esta vez", consideró.
"La información ha fluido entre la población aún amenazada como no se había visto antes, a pesar de que la mayoría de los presos políticos encarcelados no son activistas políticos siquiera, sino civiles, manifestantes pacíficos e inocentes. Este caso del aparato de propaganda del régimen es un síntoma de decadencia y debilidad significativa del régimen", añadió Larrondo.
El presidente de Prisoners Defenders dijo que su organización seguirá "luchando no solamente por los que están en prisión, sino por aquellos que han sido excarcelados, pero están sometidos a un régimen carcelario domiciliario lleno de privaciones, lleno de amenazas y lleno de imposiciones que son inhumanas".
