El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) informó este jueves, a través de un comunicado, que presentó una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de la Isla en favor del preso político José Daniel Ferrer García, quien, según denunció su familia, se encuentra hospitalizado luego de ser golpeado por las autoridades carcelarias de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
El CTCD declaró que el documento, firmando por el activista opositor Manuel Cuesta Morúa y que contó con la colaboración del abogado Julio Ferrer Tamayo, "demanda la inmediata liberación del líder y prisionero político y de conciencia". "La demanda no es solo moral, humanitaria y en consonancia con los derechos humanos", añadió, sino que "es fundamentalmente técnica", toda vez que "José Daniel Ferrer García lleva 105 días de más en la prisión. Su condena se extinguió el 13 de agosto de 2024".
Ferrer García "ha vencido, en prisión, la prueba del maltrato, del aislamiento, de las golpizas, de la negación de visitas y otras vejaciones. Por sus convicciones, fortaleza y compromiso con lo que cree mejor para Cuba y por lo que ha luchado durante más de tres décadas", destacó el CTDC.
Asimismo, la organización de la sociedad civil declaró: "El Gobierno cubano, que vende a la comunidad internacional un comportamiento apegado a la ley, debe cumplirla ya en este caso. La golpiza sufrida recientemente por Ferrer García es una señal peligrosa de hasta donde pueda llegar la conducta inhumana en las prisiones de Cuba y una oportunidad para la reflexión tanto de todo el sistema carcelario cubano ―las y los presos son seres humanos con dignidad intrínseca― como del sistema jurídico. Respetar la dignidad de toda persona y respetar la ley son opciones abiertas que las autoridades pueden y deben honrar".
"Ni un día más", demandó el CTDC, en relación a la necesidad inminente de excarcelación de Ferrer García quien, insistió la organización, "debe regresar ya junto a su sufrida familia para poder abrazar a su esposa e hijos, a uno de los cuales no ha podido prácticamente arropar".
Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención del régimen cubano sobre las denuncias de violencia ejercida por las autoridades carcelarias contra Ferrer García, en una publicación en Facebook en la que recordó que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es beneficiario de medidas cautelares.
"El Estado debe garantizar la integridad personal de las personas privadas de libertad y evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes", señaló la Comisión.
En la misma fecha, la Fundación Panamericana para la Democracia le pidió a la CIDH que exija a La Habana el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Ferrer García, sobre quien el régimen niega que haya recibido maltrato en prisión, a la vez que niega a su familia el derecho a visitarlo.
El viernes pasado, la familia de Ferrer García decidió plantarse frente a la cárcel de Mar Verde para exigir fe de vida del preso político. Denunciaron, además, que fueron amenazados tras intentar comprobar la situación del preso político, lo que aumenta la incertidumbre en torno a su estado físico. "En la prisión de Mar Verde ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para decir lo mismo acerca del supuesto lugar donde tienen a José Daniel. Unos dijeron que estaba en un destacamento junto a presos comunes y otros dijeron que José Daniel había sido regresado a la celda de aislamiento", dijo a Martí Noticias Ana Belkis Ferrer, hermana de Ferrer García.
El líder de la UNPACU fue uno de los 75 opositores encarcelados en la Primavera Negra de 2003. En esa oleada represiva fue condenado a 25 años de prisión. Estuvo ocho años preso y fue excarcelado con una licencia extrapenal que permitía al Gobierno devolverlo a una celda en cualquier momento.
En septiembre, a través de una carta escrita de su puño y letra, que pudo salir subrepticiamente de la prisión, Ferrer hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste más atención a la situación de vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de los presos políticos que el régimen de la Isla mantiene en sus cárceles.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, así como varios Relatores Especiales de ese organismo, entre otros, han denunciado esta situación y exigido su liberación, sin que el régimen cubano les preste ni siquiera la más mínima atención.
