El centro de información legal Cubalex informó de la liberación de tres personas detenidas durante protestas por los prolongados apagones en Encrucijada, Villa Clara, el siete de noviembre, mientras otras dos permanecen bajo arresto y alertó de la incierta situación legal de todos, a raíz de las amenazas del régimen con aplicar procedimientos penales contra quienes se manifiestan en las calles.
"Hemos recibido información sobre personas detenidas en la comunidad de El Purio, perteneciente a Encrucijada, Villa Clara, que ya han sido liberadas. Fuentes locales confirman que Roger Yanes, Alejandro Chaviano, una persona conocida como 'Chicho', y otra cuya identidad aún se desconoce, han sido puestos en libertad. Sin embargo, se desconoce su situación legal actual", publicó Cubalex en sus redes sociales.
Hasta el momento, la organización confirmó que Andy Pérez Medero y Rasiel Cárdenas Pérez, detenidos en esa comunidad, continúan bajo detención arbitraria como consecuencia de la escalada represiva tras la protesta pacífica del 7 de noviembre ante los prolongados cortes de electricidad.
"Continuamos trabajando en la verificación de información relacionada con las protestas, especialmente sobre posibles detenciones y la situación legal de los manifestantes", añadió Cubalex.
El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J confirmó recientemente que más de una decena de personas han sido detenidas en al menos 14 protestas originadas tras el huracán Rafael, en una declaración en la que condenó el inicio de procedimientos penales anunciados por la Fiscalía General contra personas que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna y a que su bienestar sea prioridad del Gobierno.
La Fiscalía General de la República de Cuba publicó en la noche del 9 de noviembre una nota informativa en la que confirma que en los últimos días se han producido detenciones en tres provincias de la Isla.
El comunicado dijo que se tramitan procesos penales por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. A los imputados se les ha impuesto medida cautelar de prisión provisional.
Para Justicia 11J, el inicio de estos procesos penales está directamente relacionado con las declaraciones de Miguel Díaz-Canel el pasado 20 de octubre, cuando afirmó: "No vamos aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra Revolución". Para la plataforma, esto deja "en evidencia la continuidad de la naturaleza de los actos represivos contra expresiones públicas de descontento en el país".
Hasta la publicación de la nota de la Fiscalía, Justicia 11J había verificado 66 protestas ocurridas en la Isla desde que colapsara casi totalmente el sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre: Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Asimismo, dijo que se había logrado aunar información sobre 23 personas que aún están detenidas en Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y Villa Clara, en relación con su (supuesta) participación en protestas. "Nos consta que al menos tres de ellas están siendo acusadas de cometer desórdenes públicos", precisó el equipo.
Dijo que luego del paso del huracán Rafael, el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 14 de las detenciones.
Justicia 11J manifestó profunda preocupación por todas las personas detenidas de las que no tienen información, cuyos casos no podrán visibilizar para promover su inmediata liberación.
"De igual manera, nos preocupa que la Fiscalía no menciona a las personas actualmente en detención de la provincia de Villa Clara —arrestadas desde el inicio de la nueva ola de protestas en octubre— que, de acuerdo con nuestro registro, ascienden a 18, de los municipios Manicaragua, Encrucijada y Camajuaní", señaló.
"Nuevamente, rechazamos las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, y a que su bienestar sea prioridad del Estado y los órganos de gobierno y sus funcionarios", añadió.
