"Víctimas de las que no se habla", una investigación sobre las familias atravesadas por feminicidios en Cuba, fue lanzada este miércoles por Casa Palanca tras cinco meses de trabajo. El resultado está disponible en la página web del proyecto.
Se trata de la primera investigación colaborativa que realiza Casa Palanca y en ella participaron 16 periodistas independientes cubanas. El trabajo alerta que "hay otras víctimas de feminicidios además de las mujeres asesinadas" y denuncia la desprotección y no reparación que sufren. Como ejemplo, menciona a "las personas que dependían de ellas, que incluyen tanto a hijos e hijas menores de edad como a adultos y adultas mayores, y personas con discapacidades, entre otras".
El equipo de investigación logró hablar con ocho familias de mujeres y niñas asesinadas en seis provincias cubanas (Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo). Todas las víctimas dejaron personas que estaban a su cuidado, específicamente un total de 16 personas dependientes. En ese registro destacan 12 niños y niñas. Las entrevistas realizadas revelan una deficiente atención policial en el momento del asesinato y unas medidas de seguimiento irregulares, alejadas de una reparación integral e insuficientes respecto al resarcimiento económico necesario.
Ante esta crítica situación, Casa Palanca reclama el reconocimiento de todos esos familiares como víctimas directas, para facilitar su acceso a una reparación integral.
De las ocho familias entrevistadas, seis "reciben algún tipo de pensión", que oscilan entre 600 y 2.300 pesos cubanos, lo que equivale a entre dos y ocho dólares aproximadamente. Según explican los entrevistados para la investigación, este monto lo reciben "por viudedad y orfandad", "sin que el hecho de que las muertes hayan sido por feminicidios varíe esta pensión".
"Además, las familias no han recibido ningún acompañamiento ni apoyo psicológico. No tienen claro qué es la violencia de género, ni los feminicidios, y desconocen que tienen derecho a reparación. Todas las mujeres asesinadas tenían un rol fundamental en sus familias como proveedoras económicas y en el plano del trabajo reproductivo y los cuidados", agrega la investigación.
La abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, dedicada a monitorear las denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba, declaró para este proyecto que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger económicamente y en otros ámbitos a las personas sobrevivientes y dependientes de mujeres víctimas de feminicidio en Cuba". Añadió que el derecho internacional, a través de instrumentos como la Resolución 60/147 de la ONU, "establece claramente que los Estados tienen la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos".
Diversent explicó además que en Cuba no existe ninguna normativa específica para víctimas de violencia de género, ni directas ni indirectas. "Pareciera que el feminicidio concluye cuando la mujer es asesinada, pero la realidad es muy diferente; una perspectiva así oculta el impacto económico y social que subyace a estos crímenes machistas".
Para las autoras de la investigación, el escenario actual ilustra el "desamparo en la que quedan las personas dependientes tras perder el cuidado de las mujeres asesinadas, así como la falta de acción por parte del Gobierno para garantizar su protección y vida digna".
La nota de prensa enviada por Casa Palanca a DIARIO DE CUBA apunta que los datos del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y del Observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que trabajan de forma independiente y manejan un subregistro, han documentado desde 2019 en Cuba 285 personas dependientes de víctimas de feminicidios.
La coordinadora de la investigación, Yanelys Núñez, comentó: "Cuba es un país en el que las mujeres son cada vez en mayor medida las proveedoras de los hogares, por lo que los feminicidios, estos crímenes de odio, van teniendo un mayor impacto familiar y social. Sin embargo, no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas eficaces para garantizar la reparación de estas personas dependientes".
El objetivo de esta investigación, indica Casa Palanca, es "llamar la atención sobre estas víctimas no mortales de feminicidios" y "avanzar en su reconocimiento cómo víctimas directas y su reparación integral, que incluya no solo una indemnización dineraria, sino también el acceso a servicios médicos, psicológicos y sociales necesarios para la recuperación de las personas afectadas, así como garantías de no repetición a través de reformas legislativas y políticas preventivas que eviten futuros feminicidios y aseguren la protección de las víctimas".
Casa Palanca fue fundada en 2021 por periodistas y comunicadoras cubanas independientes. Promueve "proyectos de periodismo con un enfoque de derechos humanos".
