Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart enviaron este jueves una carta a funcionarios de su Gobierno con el objetivo de que no se permita la entrada al país de represores del régimen cubano. El texto señala específicamente el caso de la fiscal camagüeyana Rosabel Roca Sampedro, quien solicitó penas de cárcel para cubanos que participaron en las protestas del 11J y pretende pedir asilo político en Estados Unidos.
"Como miembros del Congreso con electores afectados en lo personal por el régimen opresor de Cuba, les escribimos para asegurarnos de que están al tanto de la indignación provocada por el intento de la cubana Rosabel Roca Sampedro de entrar a Estados Unidos y de que examinen cuidadosamente a quienes buscan ingresar al país para garantizar que no sean violadores de derechos humanos", explicaron en una carta dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Díaz-Balart incluyó la misiva en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que informó sobre la comunicación enviada a ambos funcionarios y expresó la "indignación" de los tres congresistas cubanoamericanos por la pretensión de funcionarios del régimen de entrar a EEUU.
En su publicación en X, el miembro de alto rango de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, alertó que "los operativos del régimen" que son responsables de represión en la Isla "representan una amenaza para nuestra seguridad nacional".
El texto hecho llegar a Blinken y a Mayorkas recuerda que Roca Sampedro fue fiscal en Camagüey y estuvo involucrada directamente en las condenas de tres y cuatro años de prisión impuestas a por lo menos cuatro manifestantes del 11J.
La carta destaca que, en su papel de fiscal, Roca Sampedro jugó un papel activo en las violaciones de derechos humanos que organizaciones, gobiernos de otros países e "incluso la Administración (del presidente Joe) Biden condenan rotundamente".
El texto recuerda que la legislación de EEUU otorga "amplia autoridad" para la imposición de sanciones en respuesta a los abusos contra los derechos humanos, incluido el bloqueo del privilegio especial de entrada al territorio de la nación norteamericana, así como la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite negar la entrada a través de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 7031 (c).
Los tres congresistas también recordaron que el propio presidente Biden impuso sanciones específicas a un grupo de personas por su papel en la represión de los manifestantes.
"Los violadores de derechos humanos no deben recibir el beneficio de entrada a EEUU mientras que inocentes manifestantes del 11J languidecen en las cárceles cubanas", sostuvieron los congresistas al final de la carta.
Los tres políticos cubanoamericanos enviaron la carta a Blinken y Mayorkas apenas tres días después de que el medio estadounidense Martí Noticias revelara que Roca Sampedro pretende presentarse en la frontera de Estados Unidos y pedir asilo político. El medio corroboró con fuentes de Inmigración no identificadas que la funcionaria pidió una cita en la aplicación CBPOne.
La fiscal camagüeyana no es la única exfuncionaria del régimen que intenta obtener los beneficios migratorios que otorga el Gobierno de EEUU.
Esta semana, la exjueza villaclareña Melody González Pedraza, quien sentenció a manifestantes del 11J, tuvo su primera audiencia de asilo político. El 31 de julio deberá demostrar que merece que le sea otorgado.
González Pedraza arribó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el 30 de mayo. Había recibido el permiso de viaje, como beneficiaria del Programa implementado en enero de 2023 por la Administración del presidente Joe Biden. Sin embargo, en la terminal aérea le fue negada la entrada al país, debido a su historial represivo en Cuba.
Ante la negativa, la exjueza solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center en espera de la audiencia de asilo.
En abril la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelys Casañola Quintana, alegó "miedo al socialismo" para ingresar a EEUU.
Creo que se les debería acusar de " desacato" y tenerlos un tiempo por acá guardados y después enviarlos al destinatario de vuelta...
A esta HeP que la dejen "trabajando" en un ballu de Chiapas por el tiempo que condeno a esos muchachos en Cuba, y despues: pa'tras.....