Una de las medidas anunciadas por la Administración del presidente Joe Biden hacia Cuba este 28 de mayo es la autorización para que los cubanos accedan desde la Isla a servicios de autenticación de usuarios, plataformas de redes sociales, plataformas de colaboración, videoconferencias, plataformas de juegos y aprendizaje electrónicos, y traducción automática, entre otros. Pero el historial de represión y violaciones al derecho de libre acceso a la información del régimen cubano hace saltar alarmas sobre el uso que podría hacer de esas modificaciones de la política de EEUU, diseñadas para favorecer a la población.
Vicente Pimienta, un consultor cubano en temas de internet que sigue el desarrollo de la conectividad en la Isla, alertó al respecto, pese a considerar que los nuevos servicios podrían empoderar a la ciudadanía.
"Dado el historial del Gobierno cubano en cuanto a la libertad de información y los derechos humanos, hay preocupaciones sobre cómo podrían monitorear y restringir estos servicios", dijo Pimienta en entrevista con el medio estadounidense Martí Noticias.
"Estas actualizaciones de la licencia general pueden tener un gran impacto en los cubanos, porque van a mejorar su acceso a la información, la comunicación y los recursos tecnológicos. Al permitir una amplia variedad de servicios de comunicación por internet y dando el soporte necesario, la regulación busca mejorar la conectividad y facilitar el libre flujo de información", sostuvo el consultor.
"Esto puede empoderar, lo cual puede ser un problema para el Gobierno, porque puede empoderar a las personas, apoyar la educación y fomentar actividades del sector privado", señaló.
Respecto al impacto en los empresarios privados cubanos, Pimienta explicó que "la disponibilidad de estos servicios, sobre todo el servicio en la nube y softwares actualizados, pudiera ayudar a los emprendedores y a pequeñas empresas cubanas. Esto significa que pudieran proporcionar herramientas esenciales para el crecimiento de los negocios".
Es poco probable que el régimen, que controla el acceso a la información y viola la libertad de prensa y expresión, contemple pasivamente el empoderamiento de los cubanos. En 2021, tras las históricas protestas antigubernamentales de julio, las autoridades de la Isla aprobaron Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad para restringir y criminalizar la difusión de ideas contrarias al régimen en internet.
Ante el nuevo escenario que se le presenta, tras las medidas anunciadas por Washington, el régimen "podría usar estas herramientas para controlar y vigilar a los ciudadanos aún más, inclusive limitando los beneficios positivos de estas regulaciones", advirtió Pimienta.
"La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos tendrán que estar atentos para asegurar que estos avances no se usen para reprimir a la población", dijo el consultor de internet.
La restricción del acceso de los cubanos a los servicios autorizados por la Administración Biden y la limitación de los beneficios por parte del régimen resultan previsibles, teniendo en cuenta su reacción al anuncio de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.
Miguel Díaz-Canel afirmó al día siguiente que responden "un diseño subversivo", que, según él, está "delineado en estrategias conocidas, que contempla la manipulación y el empleo de este sector como potencial agente de cambio en el país".
El régimen cubano, que ha potenciado la creación de pequeñas y medianas empresas como una manera de sugerir una apertura económica, y hecho lobby a través de sus agentes de influencia en EEUU para hacer negocios a través de ellas pese al embargo, ha asegurado en varias ocasiones que Washington trata de usar a ese sector para incidir en la política interna.
Reiterando la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) cubano, Díaz-Canel aseguró que las medidas de EEUU son "limitadas, restrictivas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra nuestro país, ni las demás sanciones de su política de máxima presión".
La subdirectora general de Estados Unidos del MINREX, Johana Tablada, había asegurado un día antes que el régimen "va a estudiar estas medidas y, en caso de que ellas signifiquen una real apertura y no sea solamente un anuncio político (...) no pondrá frenos a su implementación".
Las nuevas medidas han sido bienvenidas por congresistas demócratas alineados con el discurso del régimen de culpar al embargo de las calamidades que enfrentan los cubanos, y por el excongresista demócrata cubanoamericano Joe García.
García es uno de los dos ciudadanos estadounidenses autorizados por la OFAC para invertir en las MIPYMES cubanas y ha estado defendiendo en EEUU la presunta apertura económica del régimen de la Isla. Pese a aplaudir las medidas, tuvo que reconocer que no hay forma de asegurar que el régimen cubano no las aproveche en su propio beneficio.
Una de las personas que se han opuesto radicalmente al anuncio es el senador republicano Marco Rubio, quien calificó las medidas como "concesiones al régimen" y afirmó que "el 'sector privado' de Cuba es una fachada que enriquece al régimen de Castro y Díaz-Canel, como ya lo demostraron los compromisos fallidos durante la anterior administración demócrata".
La opinión del político cubanoamericano coincide con la de varios analistas que han señalado que las MIPYMES —de las que el régimen ha aprobado cerca de 11.000 desde 2021— son un mecanismo del poder en Cuba para negociar con empresas estadunidenses eludiendo las regulaciones del embargo, que impiden establecer negocios con empresas estatales de Isla.
De hecho, al frente de muchas de MIPYMES se encuentran personas vinculadas al régimen cubano e incluso exagentes de la Seguridad del Estado.
