En el marco de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras el régimen cubano continúa presentando en los escenarios internacionales propaganda que choca con la realidad de la Isla, siete organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron en un comunicado su "profunda preocupación porque en Cuba se siga deteniendo arbitrariamente, se hostigue y se intimiden a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas".
El documento con la denuncia al régimen cubano fue publicado este lunes y está firmado por la Organización Mundial Contra la Tortura, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el centro de información legal Cubalex, la plataforma Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Artículo 19 y Centre for Civil and Political Rights.
El texto destacó que, pese a que el Estado cubano niega ante instancias internacionales que en el país haya presos políticos, los firmantes siguen documentando en su labor diaria "detenciones arbitrarias, intimidación e incluso, tortura y malos tratos en contra de personas defensoras de derechos humanos quienes se encuentran en prisión".
"En particular, nos encontramos profundamente indignadas porque el pasado 19 de noviembre, Luis Barrios Díaz, de 36 años de edad, falleció en La Habana a causa de falta de atención médica, mientras cumplía una condena de seis años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021", subrayó.
Las organizaciones firmantes enfatizaron que el caso de Barrios es un reflejo de las muertes en custodia que no son investigadas por el Estado y que, "por el contrario, son encubiertas". Según sus registros, tan solo durante el 2023 documentaron 12 muertes de personas privadas de la libertad en centros de reclusión de la Isla.
"Ante esta grave situación, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), ha llamado al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el cual tiene por objeto establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos", insistieron en el texto.
En este contexto, y tras las recomendaciones emitidas por el Comité y del EPU, las organizaciones firmantes del documento llamaron al Estado cubano "a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias, contra las amenazas, el hostigamiento y las injerencias indebidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos y de asociación".
Además, consideraron que el Estado cubano debe velar porque esas acciones, que califican como delitos, sean investigadas "de forma expedita, independiente y exhaustiva", en particular las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos perpetrados por agentes del Estado en el marco de las protestas antigubernamentales del 11J.
"Es urgente que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, erradique y prohíba la tortura, y garantice a la población un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de asociación", concluyeron.
Por su parte Cubalex, en su informe más reciente dio a conocer que, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, identificó diez patrones que muestran "una serie de tendencias consistentes que se han mantenido" en Cuba a lo largo del periodo en análisis
Los signos que se mantienen son: crisis económica y social continuada, especialmente en la gestión y suministro de servicios básicos como la electricidad y la salud pública, lo cual podría seguir siendo un problema significativo en el futuro; represión estatal y violaciones de derechos humanos; éxodo migratorio como válvula de escape para los ciudadanos frente a las dificultades en el país; respuestas populares a las crisis en forma de protestas y huelgas; incremento sostenido y diversificación de la represión con el uso de la ley como herramienta represiva, lo cual sugiere una estrategia gubernamental más agresiva y sistemática contra la disidencia.
Cubalex también incluyó entre los patrones las violaciones de derechos en el sistema penitenciario; foco en grupos específicos y uso de redes sociales para la denuncia; extensión geográfica de los incidentes de represión; violencia e inseguridad, incluidos feminicidios, asesinatos y robos que apuntan a un deterioro del tejido social y la confianza en las instituciones estatales, y una política exterior enfocada en las relaciones con países autocráticos y la participación en foros internacionales.
Según recogió la prensa oficial, Inés María Chapman, vice primera ministra cubana, ratificó este lunes en Ginebra, Suiza, "el compromiso" y "la voluntad" del Gobierno cubano "de continuar fortaleciendo el marco jurídico e institucional de derechos humanos", la misma maquinaria legal perfeccionada para criminalizar y acabar con el disenso.
Ante este escenario, Cubalex consideró que "se hace imprescindible una atención y respuesta sostenidas" por parte de la comunidad internacional y las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. "Este enfoque colaborativo será clave para abordar y mitigar las complejas problemáticas que enfrenta Cuba, y para apoyar a las víctimas y grupos vulnerables afectados por estas prácticas represivas", afirmó la organización.
