Familiares de presos políticos cubanos y activistas de la oposición de la Isla tuvieron este jueves un diálogo virtual con diputados de Europa y América Latina, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), asegura que en el encuentro participaron el eurodiputado Hermann Tertsch, el diputado salvadoreño Ricardo Godoy, el diputado uruguayo Martín Elgue y el diputado ucraniano Maryan Zabotsky.
"Sus hijos, hijas y esposos son lo mejor de Cuba", expresó Tertsch a los familiares durante la reunión. El parlamentario ucraniano Maryan Zabotsky agregó: "Persistan en la lucha por la libertad. Los rusos han cometido errores claves: han usado esclavos para atacar a hombres libres; y, al utilizar mercenarios contra Ucrania, han gestado una unidad entre ucranianos y cubanos libres".
Conectados virtualmente desde Cuba, los familiares detallaron los abusos y pésimas condiciones en la que sobreviven los presos políticos en las cárceles cubanas y pidieron denunciar esta alarmante situación en foros internacionales. Sobre el tema, el diputado Martín Elgue explicó a los familiares el trabajo que realiza la coalición internacional de diputados de Europa y América Latina "que obran para que cese el subsidio europeo al régimen de La Habana".
Esta coalición internacional de diputados durante los últimos meses ha protagonizado una campaña para informar a gobiernos e instituciones sobre la ola de violencia que se vive en Cuba después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, y pedir el cese de la financiación de la Unión Europea (UE) a la dictadura cubana.
El pasado 25 de octubre los diputados participaron en una sesión especial ante el Parlamento Europeo que se centró en la represión del régimen cubano dentro de la Isla y el financiamiento de la UE al régimen de La Habana.
Según el informe más reciente de la Plataforma Justicia 11J, el nuevo Código Penal cubano "transforma las causas penales imputadas a los manifestantes" de antes de diciembre de 2022. "La redacción del nuevo Código estuvo estancada desde la reforma constitucional de 2019 y, a raíz de las manifestaciones masivas (11J), fue publicado como un mecanismo de intimidación frente a cualquier posibilidad de disenso", agrega el documento.
"El número de víctimas directas desde la aprobación de este Código asciende, entre activistas y opositores, a 25 personas, según hemos registrado recientemente en la actualización de nuestra campaña Llamado a la acción por los presos políticos", añade el informe de Justicia 11J.
Según advierte esa organización, la "tensión que se vive se traduce en silencio y apatía masiva". Sin embargo, apunta que "algunas voces reconocidas de la cultura cubana se han pronunciado por la situación política en Cuba", mientras otras corren el riesgo de ser encarceladas.
Justicia 11J pone como ejemplo el caso del actor Carlos Massola, que colgó en sus redes un video cuestionando la realidad de los presos políticos. De igual manera, Armando Tomey, otro actor cubano, salió en su defensa ante las campañas de descrédito que promueve la Seguridad del Estado, asegurando que la voz de su colega "es la de millones que hacen silencio".
También mencionan el caso de la académica Alina Bárbara López, que podría ser condenada el próximo 16 de noviembre bajo el cargo de desobediencia, en "atestado", un tipo de juicio solo aplicable a quienes cometen un delito menor. "Este procedimiento penal deja sin derecho a apelar más que a una segunda instancia. El destino de la intelectual cubana podría quedar sellado tras el veredicto politizado de los Tribunales municipal y provincial si la declaran culpable", alerta la organización.
