Los cinco manifestantes detenidos el pasado 6 de mayo tras una protesta popular en Caimanera, Guantánamo, continúan bajo arresto y serán llevados a juicio "esta semana o la próxima", informó a DIARIO DE CUBA el reportero de Palenque Visión Yeris Curbelo Aguilera, residente en esa localidad.
Explicó que el delito que las autoridades han mencionado hasta el momento a los familiares de Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, es el de "desorden público".
Precisó que todos se encuentran en el Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado en Guantánamo, conocido en la provincia como "Operaciones", y que los oficiales dijeron a las familias que fueran buscando abogados.
Comentó que la madre de Yandris Pelier Matos le dijo, al salir de la visita del pasado jueves, que su hijo "tiene una herida con puntos en la frente". El reportero puntualizó que a los otros detenidos "ya no se le ven las huellas de los golpes" que recibieron durante el arresto durante la protesta pacífica.
Según el Código Penal, el delito de "desórdenes públicos" es el que, "mediante actos de violencia, intimidación o escandalosos" afecte "el orden, la paz y tranquilidad de las familias, de la comunidad o de la sociedad". Las sanciones previstas están en el rango de seis meses y tres años de privación de libertad, o también pueden ser de multas de hasta mil cuotas, en dependencia de la gravedad de los cargos.
Los gritos de "Libertad", "Patria y Vida" y "Vivan los Derechos Humanos", que comenzaron la protesta de Caimaneera, contagiaron a cientos de cubanos que salieron a las calles de Caimanera en apoyo a esos reclamos.
Los oficiales le han explicado a las familias que los detenidos cargan con "el agravante" de que las protestas ocurrieron justo en Caimanera, por "la cercanía" que tiene esa localidad con la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.
Según Curbelo la justificación de la Seguridad del Estado es que las protestas en Caimanera "pudieran dar cabida a una intervención".
La versión del régimen cubano fue que la manifestación la comenzaron tres participantes en una "fiesta pública", que estaban "en estado de embriaguez". El Gobierno negó la represión de la protesta pese a que circularon imágenes que muestran claramente una brutal golpiza a varios manifestantes.
Amnistía Internacional exigió a Miguel Díaz-Canel la "liberación inmediata" de los manifestantes detenidos y expresó: "La violencia estatal no debe ser la respuesta a las protestas".
Además de los arrestos, el Gobierno cortó internet en casi todo el país para impedir que se extendieran las protestas. A pesar de esta clara censura, numerosos videos que ilustraban la represión, se publicaron antes y después de la suspensión del servicio.
