Al menos 268 cubanos fueron reprimidos en noviembre por el régimen y el 27,48% de los incidentes identificados implicaron alguna forma de privación temporal de libertad, informó Cubalex.
Este centro de información legal detalló en su informe mensual sobre los derechos humanos en Cuba que un 18% de los detenidos fueron torturados por agentes de la Seguridad del Estado.
En informes públicos entregados a organismos internacionales por parte de esta organización, se han documentado 14 técnicas de tortura aplicadas por agentes del Gobierno cubano.
Cubalex considera que "la sostenida represión estatal y la incapacidad de las autoridades para satisfacer necesidades sociales básicas como el suministro de energía eléctrica, medicinas y alimentos, continúan siendo los principales obstáculos para que la ciudadanía cubana pueda acceder a una vida digna."
El monitoreo realizado por esta organización sin ánimos de lucro, registró incidentes represivos en 13 provincias y 38 municipios del país. La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba fueron los territorios con mayor cantidad de víctimas a nivel nacional. San Miguel del Padrón, Regla y Holguín fueron los municipios con más incidentes en el mes.
De las víctimas contabilizadas, 88 eran mujeres y 114 hombres. El sexo del resto no pudo aclararse. Del total de víctimas, 158 fueron reprimidas de manera grupal: parejas, familias y organizaciones independientes de la sociedad civil. En el caso de 92 personas no fue posible determinar el tipo de relación.
Los tres tipos de incidentes más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias, los traslados y los operativos policiales de vigilancia. Las prácticas aplicadas, aunque en su mayoría son selectivas e individualizadas, involucran a familias enteras.
El uso del derecho penal como instrumento de represión y criminalización de garantías fundamentales, principalmente contra personas defensoras de derechos humanos, es la medida más utilizada.
La ley continúa siendo la principal herramienta represiva. Del total de incidentes de represión identificados, el 52.36% constituyeron supuestas diligencias de investigación no vinculadas a procesos penales. En estos casos no se cumplieron con las formalidades legales establecidas.
Por último, Cubalex aclara que los datos de este informe no deben considerarse totales o definitivos. La actividad de monitoreo en Internet, especialmente en redes sociales, no permite abarcar las denuncias de personas víctimas de violaciones de derechos humanos cuyas publicaciones son privadas.
Tampoco es posible conocer denuncias de personas perseguidas que no poseen teléfono celular o servicio de datos móviles. Esto les impide publicar su testimonio.
