Hay una distorsión comprensible en la recepción fuera de Cuba de lo que nos sucede adentro: a veces destrozan a valientes anónimos y la opinión pública decide ignorar sus gritos (esto ha pasado tristemente con muchos presos del 11J); a menudo aquello que escandaliza es menor en la práctica, pero ha tenido la suerte de encontrarse debajo del reflector.
Este 24 de noviembre de 2022 fue el juicio de 15 manifestantes del 11J en Diez de Octubre, entre los cuales hay uno famoso, Jonathan Torres Farrat, por el cual su madre, Bárbara Farrat Guillén, ha hecho hasta lo imposible para salvarlo. Jonathan, además del trabajo incesante de sus padres, era uno de los menores de edad que el régimen encarceló, lo que produjo no pocos escándalos.
Por esta razón, tal vez, se pensó que los alrededores del tribunal del Diez de Octubre conocerían alguna situación de represión, o algún jaleo. La realidad fue que, salvo algunas madres que se acercaron para solidarizarse con Bárbara y algún que otro activista (Ángel Cuza, a quien al parecer detuvieron y no se sabe dónde está), las afueras del tribunal permanecieron inusualmente tranquilas. Solo se veía muy esporádicamente a algún policía de paisano o al diligente oficial de la Contrainteligencia Yoel Arguelles (alias Denis), quien caminaba de prisa de un lugar a otro bordeando el parque.
Dentro, en la Sala para los Delitos contra la Seguridad del Estado, la crueldad seguía funcionando, aunque con unas maneras un poco más civilizadas —en comparación con otros grupos—. Tres hechos sombríos se refieren: el primero es que la petición fiscal fue cambiada a última hora por una que acusa a los manifestantes directamente de un delito político: la sedición. Los años de prisión, según cuentan los familiares, aumentaron también para la mayoría —a pesar de que aún el grupo incluye a tres jóvenes que eran menores de edad en el momento del arresto—. Bárbara Farrat y Yensenia Díaz, hermana del preso Omar Bravo, aseguran que esta nueva petición nunca llegó a sus manos. En tercer lugar, está la severidad destinada a los jóvenes que respondieron a la violencia revolucionaria ese día, y la ceguera para esa violencia oficialista, apoyada en la mentira.
Según Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan, quien pudo observar el juicio, los policías llevados a declarar aseguraron que allí nadie disparó su revólver. Incluso, que tenían órdenes de no disparar al pueblo. Por ello, a pesar de que muchos llevaban su arma reglamentaria, esta se encontraba sin cargador. Solo un policía, el primer día, admitió haber escuchado tiros, pero dijo no haber visto quién perpetraba el acto. Los videos difundidos en las redes desmienten estos testimonios: hay grabaciones que muestran a policías con claridad disparando en Toyo. Pero, como siempre, no existe dónde rebatir esta mentira.
En sentido general, el tono del juicio fue menos agresivo que el de aquellos de diciembre de 2021 y enero de 2022, pero las peticiones fiscales han sido igualmente exageradas. Muchas sobrepasarían los diez años de cárcel. Para Jonathan Pérez Farrat, la fiscal pidió cinco años de privación de libertad, pero sin internamiento. Es decir, del trabajo a la casa.
A la izquierda de la calle Juan Delgado se vio al final del juicio a Bárbara Farrat llorando de felicidad, y a la hermana de Omar Bravo, a la derecha, llorando de angustia.
Los "tres hechos sombríos" que menciona la autora bastan para sentenciar, no a los acusados, sino al régimen, por abuso de poder. Lo del tono suave o agresivo se lo lleva el viento, lo que queda son las sentencias sobre esos cubanos. Para las familias por supuesto que habrá cierto alivio por aquello de "del mal, el menos", pero ¿felicidad? no creo. Ha sido mucho abuso, mucha represión la que han recibido desde hace más de un año ya.