César Adriam Delgado Correa es un joven de 27 años del municipio matancero Colón. El 11 de julio de 2021, cuando Cuba ardía en manifestaciones contra el castrismo, se sumó a las que tuvieron lugar en su localidad. Mientras marchaba, hizo una directa en Facebook en la que afirmó: "El pueblo entero en la calle, esto es histórico". Al fondo se veía una gran concentración de personas en marcha.
El castrismo contra las cámaras
César no fue detenido ese día; volvió a su casa. Probablemente no supo que de la prisión de Agüica, en su municipio, salió un enorme carro jaula que recogió presos por toda Matanzas durante horas, en un recorrido que me describió en detalle Armando Abascal, secuestrado el 11 de julio en el municipio de Jovellanos. Quizás supo que Francisco Rangel, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, colombino como él, fue apresado ese día. "Francisco —comenta su esposa Regla Burunate— se paró en la esquina, a 80 metros de la manifestación, porque prácticamente todo acababa de empezar, y se lo llevaron preso. Lo condenaron por desorden público y está cumpliendo una sanción de seis años. Pero allí ninguno de nosotros hizo nada que sea delito; la Dama de Blanco Tania Echevarría, que está presa también, se manifestó como el resto del pueblo, yo iba al lado de ella. Fue Tania la que me dijo que César iba cerca de nosotros en la manifestación. El esposo de Tania, Leilandis Puente, ni siquiera participó, él lo que hizo fue salir a buscar a Tania cuando estábamos de regreso. Hoy están todos presos."
César fue detenido el 15 de julio y condenado, en diciembre de 2021, a cinco años de prisión por desacato y desorden público. Hoy está en la prisión de Agüica de su municipio. Condenado por hacer un video.
No es una excepción. Yoan de la Cruz fue el joven de San Antonio de los Baños que comunicó, a través de sus directas en Facebook, la manifestación de su municipio y principió por esa vía el estallido nacional del 11 de julio. Por desacato y desorden público, los mismos delitos de César, Yoan fue condenado a seis años de prisión. En mayo de 2022 fue excarcelado y condenado a cumplir cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
A lo largo de todo 2022 se han reportado golpizas, multas, arrestos y condenas de prisión a periodistas y personas que han hecho videos en colas y protestas públicas. El viernes 23 de septiembre fue emitida la sanción contra Yadisley Rodríguez Ramírez y Geovanis Sepúlveda Martínez, ambos periodistas de Palenque Visión. "A Geovanis lo condenaron a cuatro años y cuatro meses de prisión, a Yadisley a tres años y seis meses de privación de libertad sin internamiento. Ellos tienen un trabajo sólido en la filmación y la elaboración de audiovisuales", comenta Rolando Rodríguez, director de Palenque Visión. Yadisley es madre de tres hijos de ocho, 13 y 17 años.
En Las Tunas fue condenado a dos años y medio de cárcel Adrián Góngora. Adrián estuvo más de un año en prisión provisional hasta que se celebró un juicio en mayo de este año. En abril de 2021 había transmitido una protesta en su provincia en la que dos personas se pronunciaron contra el Gobierno cubano por el monto desproporcionado con que los inspectores estatales les habían multado.
En prisión permanece Mayelín Rodríguez Prado, "la chamaca", del municipio camagüeyano de Nuevitas. Mayelín fue detenida el pasado 20 de agosto de 2022 luego de filmar la golpiza que militares y paramilitares castristas les propinaron a dos niñas que defendían a su padre durante las manifestaciones en aquella ciudad.
Contra las acciones represoras, las cámaras de los teléfonos móviles conectados a internet son un instrumento invaluable de denuncia; para las tiranías, que hacen de la represión su única institución efectiva, son tan peligrosas como un arma de precisión.
Agüica: "El hombre del saco" y el crimen de lesa humanidad
En una carta que escribió a su amigo Alfredo Herrera Sánchez, César habla sobre el presidio. Le dice: "El jefe de unidad, el teniente coronel Emilio, es un sádico prepotente que hace de este lugar cuanto quiere sin consecuencias. Entiendo que esto sea a propósito para que Agüica siga siendo 'el hombre del saco' para el preso en Cuba".
El hoy teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez es un viejo conocido de los presos de Agüica.
En febrero del año 2000 el opositor Ángel Moya, que había sido cofundador en 1996 del Movimiento Opción Alternativa, fue trasladado a esa cárcel y confinado en una celda de aislamiento. Sobre el entonces teniente Emilio comenta: "Era jefe de Orden Interior de la prisión. Él ha ido escalando posiciones hasta llegar en la actualidad a jefe de la prisión de Agüica. Se ha caracterizado en todo ese tiempo por su crueldad contra los presos. Sus golpizas son famosas. Él tenía cuatro o cinco guardias a los que llamaban 'la banda de Emilio', recuerdo que los presos los apodaron así porque eran los carceleros que usaba Emilio para dar golpizas salvajes, a los presos. Lo mismo hacían esas golpizas delante de los presos, para sembrar el terror entre el resto de la población penal, que de forma más privada, en un lugar llamado El Vivac, separado de la prisión". En 2001 Ángel Moya fundó y fue elegido coordinador del Movimiento Libertad y Democracia para Cuba. Como miembro de ese Movimiento fue arrestado, procesado y condenado a 20 años de prisión en los días de la Primavera Negra de 2003. Pero entonces no fue a cumplir su sanción a Agüica.
Quien sí conoció al ya para entonces capitán Emilio fue Miguel Galbán Gutiérrez, arrestado como Ángel durante la Primavera Negra, y condenado a 25 años de prisión.
Según escribe en Triste realidad, un artículo testimonial, Miguel fue conducido a cumplir su sanción a la prisión de Agüica. Sobre Emilio, dice: "Mis vivencias fueron tristes, conocí en este sitio a uno de los gendarmes más represores del sistema penitenciario cubano, el capitán Emilio Cruz Rodríguez, este esbirro no se sentía bien si diariamente no golpeaba o maltrataba a un recluso. En una ocasión me aplicó una técnica de asfixia consistente en que, con las dos manos sobre el cuello, se presiona con los dedos la arteria carótida hasta que estés a punto de desmayarte".
Sobre la atención médica comenta Miguel Galbán en el artículo: "La asistencia médica era abominable, nunca me proporcionaron los medicamentos para atenderme las diarreas, ni me dieron los que mi familia entregó. Así mismo fue el tratamiento para un fuerte dolor de muelas que presenté durante varios días".
César Adriam habla de la asistencia médica de Agüica en el presente, en la carta que le escribió a Alfredo Herrera: "El servicio médico es reprochable, los médicos son insuficientes y los oficiales indolentes. No hay agujas nuevas para inyectar. Tengo amigos que llevan cuatro años sin la atención correspondiente, con un hospital a nueve kilómetros y sin los medicamentos que llevan".
Entre los testimonios de Ángel Moya y Miguel Galbán, y el de César Adriam Delgado, median dos décadas. En esas dos décadas la prisión de Agüica ha visto pasar a Emilio Cruz Rodríguez de simple oficial a teniente coronel y jefe de la prisión.
En ese rango de tiempo, de la misma prisión han salido testimonios idénticos acerca de la violencia cometida contra los presos y de la falta de asistencia médica como método para infligir sufrimiento a los internos. Esos testimonios no han sido emitidos por personas responsables de delitos, sino por hombres recluidos allí por sus ideas políticas.
La persistencia del internamiento de ciudadanos producto de un ejercicio de discriminación política, la práctica sistemática de la tortura y la promoción de los responsables de tales crímenes en la prisión de Agüica trasciende cualquier duda sobre su naturaleza puntual. Responsabiliza a instituciones ajenas a la prisión misma. Responsabiliza a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y a su responsable último, los sucesivos ministros del Interior que han ejercido como tales en estos años. Igualmente, a los diversos fiscales generales, pues la Fiscalía General está obligada a velar por el correcto tratamiento al confinado a través de su Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios (CLEP).
Cuando se corrobora que lo que ocurre en la prisión de Agüica no es una excepción en las condiciones generales de abuso, atropello y confinamiento de ciudadanos encerrados por sus ideas políticas, la responsabilidad de las instituciones estatales adquiere carácter indubitable.
Por solo citar casos escandalosos de tratamiento a presos políticos cubanos en los últimos años, ahí están las denuncias de Tomás Núñez Magdariaga, torturado en la cárcel de Boniato en 2018, en Santiago de Cuba, en días en que realizó una huelga de hambre con 66 años de edad; Ariel Ruiz Urquiola y las torturas sufridas en la prisión provincial de Pinar del Río y la sala de penados del hospital de la misma provincia, también en 2018; Mario Alberto Hernández Leyva, quien sufrió una invalidez temporal producto de torturas que lo obligaban a mantenerse parado por horas, en los meses que estuvo en la prisión El Pre, de Villa Clara, en un confinamiento que se extendió de 2017 a 2019 y por el que recorrió innumerables prisiones del país; Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que en la prisión de mujeres de Ciego de Ávila se contagió de una enfermedad para la que recibió muy pobre atención médica hasta poner en peligro su vida en 2019; o las denuncias actuales de Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, y de José Daniel Ferrer sobre el tratamiento que recibe en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.
La extensión por un largo periodo de un régimen de torturas y malos tratos a ciudadanos y ciudadanas perseguidos por sus ideas políticas, así como la diseminación de casos por todo el territorio nacional, permiten afirmar que, más que instituciones responsables, la persistencia de la discriminación política, la tortura y la privación de asistencia vital como modo de infligir dolor son un crimen de Estado.
Para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, creador de la Corte Penal Internacional en julio de 2002, el crimen de lesa humanidad es cualquiera de una serie de actos lesivos que el documento menciona, "… cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
El testimonio de las víctimas de la agresión política por años en Cuba exhibe perfectamente algunos de esos actos lesivos constitutivos de crímenes de lesa humanidad por El Estatuto de Roma. Tales son: "encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional" (Artículo 7.1, inciso e); "tortura" (7.1 f); "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos…" (7.1 h); "otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física" (7.1 k).
El preso político, nuestra mayor reserva cívica
La denuncia de un sistema tan agresivo de confinamiento entraña habitualmente en las prisiones cubanas consecuencias para los presos. El pasado 30 de agosto, Roxana García Pedraza, esposa de César Adriam Delgado, escribió en Facebook lo siguiente: "Quiero denunciar ante todos, que mi esposo César Adriam Delgado Correa, el 29 de agosto, en horas de la mañana, se encontraba en su celda Sección #10, Cubo #2, donde lo esposaron y se lo llevaron sin darle alguna explicación o decirle a dónde lo dirigían. Sin necesidad alguna, lo trasladaron a Orden Interior, dónde fue constantemente acusado e intimidado por más de cuatro guardias de la prisión de Agüica, de alto rigor, donde ellos le aconsejaban o, mejor dicho, le advertían que no se complicara, que solo tiene cinco años de sanción, lo acusaban de ser líder de organizaciones con otros reclusos o reos…".
César Adriam no ha dejado de denunciar a la dictadura desde la prisión y esa es la razón de la amenaza que reveló Roxana.
En un escrito que recibí de él, de puño y letra, César afirma sobre el nuevo Código Penal: "El problema no está en el Código o las leyes en sí, sino en quienes las regulan y ejecutan, ahí sí se necesita trabajo, y profundo. Según he podido verificar de quienes se me han acercado en la prisión de Agüica y mi vivencia propia, los abogados, fiscales y jueces trabajan tan injustamente que dejan todo que desear. La imparcialidad necesaria de los tribunales en los juicios no existe. Cuando menos, es inconstitucional. Las ejecuciones de sentencia se realizan sin pruebas sólidas ni contundentes. Una vez en prisión, al reo le deniegan los progresos injustificadamente, los derechos y beneficios que tiene, todo eso en medio de un trato deplorable."
Como posdata de su mensaje, me comunica César: "Amigo, en la escasez de tiempo te envío esta idea que creo urgente: hay demasiadas personas cumpliendo sanciones excesivas, de haber un cambio profundo en nuestra sociedad se debería concertar, de manera paulatina, revisiones de causa a muchísimos expedientes de reos, son muchas vidas tiradas al caño por caprichos represivos de unos pocos ya conocidos."
César Adriam Delgado es licenciado en Cultura Física, su sensibilidad por los problemas de sus semejantes en la prisión de Agüica, y su madurez intelectual a los 27 años, resultan emocionantes.
Las palabras de César me recuerdan las de Ariel Ruiz Urquiola en la entrevista que me concedió en 2018, cuando acababa de salir de prisión luego de 16 días en huelga de hambre y sed: "Me siento con la tremenda responsabilidad de añadir a las obligaciones que llevo una nueva por los derechos de los presos cubanos. Enmarcado en las violaciones del derecho penal y el procedimiento penal, así como de las condiciones infrahumanas y humillantes que afligen a gran parte de la población carcelaria que conocí. Sobre la población penal cubana dominan dos flagelos de la Cuba contemporánea: la injusticia y el miedo."
Es un horror que año tras año se verifiquen en Cuba crímenes de lesa humanidad como los descritos y denunciados por décadas, y que buena parte de la comunidad internacional y la población cubana permanezcan de espaldas a tanto sufrimiento. El sufrimiento de los presos, pero también el de sus hijos e hijas, a veces niñas como Docelyn Silveira Nieto y Rihanna de la Caridad Boris Nieto, hijas de la Dama de Blanco y presa política Aymara Muñoz Nieto; el de padres como Wilber Aguilar Bravo, papá de Walnier Luis Aguilar Rivera, quien salió con 21 años a manifestarse el 11 de julio por la libertad y hoy sufre una condena de 23 años. Un joven con un historial clínico de retraso mental que, según la denuncia su padre, fue ignorado en el acto del juicio. O el sufrimiento de cónyuges como Roxana García Pedraza, la esposa de César Adriam Delgado Correa, que apenas era su novia cuando el joven fue condenado a prisión, y se casó, vestida de blanco, con su novio vestido de preso el pasado 11 de febrero de 2022. Se casó rodeada de rejas, de militares, una secretaria, un notario y dos padrinos escogidos de entre los verdugos que intimidan y vigilan a su esposo.
"Él me pidió matrimonio —me cuenta Roxana— un día de visita. Se arrodilló y me dijo 'cásate conmigo'. Me lo dijo un lunes y el viernes ya yo estaba allí vestida de blanco y con tacones. Él no se lo esperaba, cuando me vio le brillaron los ojos. Cuando el notario leía el documento, a cada cosa que leía nos apretábamos las manos. Él firma primero y yo lo dejo, cuando yo voy a firmar él me aguanta la pluma y me pregunta '¿tú estás segura de que quieres casarte conmigo?' Yo lo miré y le dije 'quiero pasar el resto de mi vida contigo'."
César no deja de escribir en la prisión. Sobre todo, escribe cartas y poemas a Roxana. También trata de llevar como un diario para ella hecho con dibujos, poemas y escritos en libretas que luego le envía. "Incluso cosas que hacía en ese momento —me dice Roxana— me las contaba como si estuviera hablándome a la vez que las hacía. Aparte él me hizo unos poemas consecutivos, con números romanos. Otros él me los dice por teléfono, yo me los aprendo, y cuando él cuelga los copio."
A partir del 11 de julio de 2021, el régimen castrista incrementó el número de presos políticos, desde poco más de cien, a más de mil.
En el informe de agosto de 2022 sobre la represión política en Cuba, de la ONG Prisoners Defenders, puede leerse: "En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 31 de agosto de 2022, la lista de prisioneros políticos de Cuba contiene un total de 1.016 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso".
Un régimen que podría buscar las vías para ganar su autoridad mediante el debate plural, la preeminencia autorizada por las elecciones, y la estimación pública por la gestión eficiente de los recursos económicos privados, se complace en conservar el poder apenas por la violencia y el terror.
Las víctimas más sufridas de semejante condición, los presos políticos, no dejan de denunciar a la tiranía comunista desde las celdas donde son confinados, amenazados y torturados, al mismo tiempo que encuentran espacio para la poesía y el amor: desde esa grandeza, de la que César Adriam Delgado es un ejemplo entre tantos, los cubanos reharemos la nación luego de esta larga pausa de horror que debutó el 1 de enero de 1959.
