Organizaciones y ONG internacionales como Freedom House, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, ambas de Estados Unidos, y Article19, de México, hasta enumerar 23, manifestaron su apoyo a la denominada red humanitaria de Ayuda a los Valientes del #11J, integrada por familiares de presos políticos cubanos.
A través de una declaración pública, los grupos defensores de derechos humanos expresaron "la plena solidaridad con la Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J' y exigimos el inmediato cese de la persecución contra sus integrantes por parte del Gobierno cubano".
La declaración, suscrita por las organizaciones que integran la Coalición por la Libertad de Asociación, incluye, aparte de los anteriores, a Civil Rights Defenders (Suecia); People in Need (República Checa); Prisoners Defenders (España); Freemuse (Dinamarca) y International Institute on Race Equality and Human Rights (Estados Unidos).
Además están CADAL (Argentina); Movimiento San Isidro (Cuba); PROVEA (Venezuela); Programa Feminista La Corriente (Nicaragua); Instituto de Prensa y Sociedad (Perú); Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX (Costa Rica); Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador); Fundación Impulsos (Colombia); Fundación Patricio Aylwin (Chile); FUSADES (El Salvador); Rede Liberdade (Brasil); CIVILIS (Venezuela); Fundación Construir (Bolivia); PROMEDEHUM (Venezuela) y ASOPODEHU (Honduras).
A ellos, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, se han sumado los europarlamentarios Dita Charanzová (vicepresidenta del Parlamento Europeo, del grupo Renew Europe); Nicolae Ștefănuță (vicepresidente de D-US en el Parlamento Europeo, Renew Europe); Soraya Rodríguez (presidenta de DPAP y miembro de DLAT en el Parlamento Europeo, Renew Europe); Javier Nart (vicepresidente de DCAM en el Parlamento Europeo, Renew Europe); Leopoldo López Gil (vicepresidente de D-CL y miembro de AFET, DROI y DLAT en el Parlamento Europeo, Partido Popular Europeo), y José Ramón Bauzá (miembro del Parlamento Europeo, Renew Europe).
Los colectivos indicaron que "el Estado cubano mantiene privadas de libertad a más de 1.000 personas por motivos políticos, la gran mayoría de ellas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, quienes pertenecen a estratos humildes, y al momento de su encarcelamiento eran el sostén económico principal de sus familias".
La declaración singulariza el caso del joven preso político Andy García Lorenzo: "Cuando fue encarcelado, constató las pésimas condiciones y la alimentación paupérrima a la que son sometidos los reclusos y en especial las personas privadas de libertad por motivos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Ello lo motivó a seguir su lucha cívica incluso desde la prisión; así concibió junto a su familia el proyecto 'Ayudas a los Valientes del 11J', con el objeto de contribuir a mejorar mínimamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad por razones políticas, y asistir a los familiares de aquellas que se ven impedidas de lograr un sustento mínimo justamente porque sus familiares están en prisión".
Recuerda el texto que "con la ayuda y el aporte material y de trabajo de familiares, amigos y activistas se creó en diciembre del 2021 la 'Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J'", que "brinda suministros alimenticios básicos, así como otros insumos de carácter urgente para contribuir a la salud, seguridad alimentaria y calidad de vida trabajando en forma descentralizada y horizontal con diversos actores de la sociedad civil cubana de la cual se benefician en la actualidad cientos de personas a lo largo del país".
Según los firmantes, hasta hoy "más del 10% de las personas privadas de libertad por motivos políticos han recibido alguna vez ayuda del proyecto y más de 110 familias se han visto beneficiadas".
"Asimismo, la Red colabora con otros proyectos de naturaleza humanitaria en la distribución de insumos médicos y alimentos a otras personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades cubanas, contribuyendo activamente a aplacar en lo posible la crisis humanitaria y social que sufre el país desde el inicio mismo de la pandemia de Covid-19 en 2020".
Sin embargo, desde su nacimiento la iniciativa se convirtió en blanco de la Seguridad del Estado, "que no ha dudado en desatar una feroz persecución y acoso contra la familia de Andy", abriendo procesos penales y decretado la reclusión domiciliaria de Jonatan López Alonzo y Pedro López", mientras a la hermana de García Lorenzo, Roxana, "se le trata de expulsar de su residencia".
"Al propio Andy García, pese a su delicado estado de salud, luego de haber sido conmutada su sanción de privación de libertad por Trabajo Correccional con Internamiento, se le revocó esta sanción subsidiaria, ordenándose un régimen penitenciario severo", recordaron.
Finalizan los firmantes: "Exigimos al Gobierno de Cuba que cese de inmediato el acoso y persecución penal a que se ven sometidos por el mero hecho de ejercer su derecho humano a asociarse libremente para brindar ayuda humanitaria, y solicitamos a las misiones diplomáticas de países democráticos en Cuba que apoyen esta y otras iniciativas de carácter humanitario".
"Finalmente, llamamos al Sistema Universal de protección de Derechos Humanos, y muy particularmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a atender seriamente la situación que aquí denunciamos y en general de la situación de persecución a los y las activistas de derechos humanos de Cuba", termina.
