Como muchos otros jóvenes de Caibarién, Villa Clara, Dayron Yurisbel García Bolaños, de 24 años, salió el pasado jueves 21, en horas de la noche, de la casa en la que vive con su padre rumbo al parque o el malecón, únicos lugares en los que no hay que tener dinero para esparcirse y, de paso, evadir la angustia del calor asfixiante que favorece el diario apagón.
Llegada la medianoche, cortaron la corriente en toda la ciudad, que antaño disponía de circuitos alternantes y que ahora está monolíticamente en tinieblas.
Inmediatamente, sin previa convocatoria, sino gracias a varios sitios nombrados todos "Revolico Caibarién", la gente común de la orilla del mar y de la periferia del pueblo se lanzó a la calle —cazuela vacía en mano— como hiciera el 11 de julio de 2021, pero ahora en número incalculable por causa de la reinante oscuridad.
El cacerolazo no solo se produjo en esas áreas donde habitan personas descontentas a los cuales la oficialidad llama "ingratos", sino en otras como el parque La Güira, justo frente al Sector No 2 de la Policía, y el Paseo de Martí, donde algunos vecinos indignados por los cuatro apagones "no planificados" de aquel jueves, despotricaron contra de las políticas coercitivas —y exclusivistas— del Gobierno hacia los cubanos "del interior", porque nada nunca ocurre en la muy quieta capital del país.
El 11 de julio de 2021 hubo también otros sectores residenciales de Caibarién —como Punta Brava, el reparto Van Troi y la Ciudad Pesquera— que se sumaron a la manifestación espontánea extendida por toda Cuba. Entonces, se contaron por centenares los arrestados por las "fuerzas del orden", ampliadas con boinas rojas y tropas especiales. Una docena de personas del municipio fueron sancionadas posteriormente.
Dayron García Bolaños y su padre, Mario Luis García Marrero, que estuvieron entre los manifestantes del 11J, hoy enfrentan otro proceso al que se le notan los costurones por todos lados.
Tras el 11J, ambos habían recibido una "carta de advertencia" de las autoridades que les conminaba a "no participar en aglomeraciones públicas", so pena de ser acusados de "desorden". Ese es justamente el cargo que hoy quieren imputar a Dayron.
Según relató su padre a DIARIO DE CUBA, Dayron fue detenido cuando en la madrugada del cacerolazo contra el apagón entraba a la casa de su madre, Leonor Bolaños, muy cerca del hospital municipal María del Carmen Zozaya y horas después de concluida la protesta.
El joven permaneció 72 horas detenido y fue liberado bajo una fianza de 1.000 pesos. El teniente coronel Yuri Hernández de Armas, delegado del Ministerio del Interior (MININT) en el territorio, "atendió" personalmente "al caso Dayron", según dijo el padre del joven.
El futuro del joven se va "a decidir en los próximos 90 días", informó el militar a Mario Luis García. Esto quiere decir que Dayron podría ser multado o recibir una sanción de entre uno y tres años de prisión por "desorden público, desacato a la autoridad, o incitación a delinquir", o cualquier otro de los cargos que habitualmente utiliza la instrucción penal para fabricar casos contra ciudadanos a los que se quiere castigar.
Los argumentos que contra Dayron pueda blandir la Fiscalía encontrarán dos escollos importantes, creen el joven y su padre: los testigos del arresto en la vivienda de su madre, fuera del momento de la protesta, así como la Constitución cubana, que supuestamente protege "el derecho del pueblo a manifestarse" sin la violencia que contra él ejerce impunemente la autoridad que debería velar por el disfrute de esa libertad.
