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Presos políticos

Cinco mujeres cubanas presas por protestar el 11J piden en una carta ayuda internacional

Mientras, un prisionero político cubano es enviado a una celda de castigo por negarse a vestir el uniforme de recluso.

La Habana
Las prisioneras políticas cubanas Lisdany Rodríguez Isaac y Lisdiany Rodríguez Isaac.
Las prisioneras políticas cubanas Lisdany Rodríguez Isaac y Lisdiany Rodríguez Isaac. Barbarita Isac Rojas/Facebook

Cinco mujeres cubanas condenadas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 a ocho años de cárcel cada una afirmaron en una carta divulgada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) que continuarán levantando la voz por los derechos del pueblo de Cuba, pese al "ajuste de cuentas" del que son víctimas, informó EFE.

Las cubanas que redactaron la carta de puño y letra fueron Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Lisdany Rodríguez Isaac y Lisdiany Rodríguez Isaac, sentenciadas el pasado día 6 de junio en Villa Clara.

"Queremos dejar bien claro que somos inocentes, que no cometimos delito alguno, solamente salimos a las calles el pasado 11 de julio del 2022 a manifestarnos pacíficamente con la idea de vivir en un país libre y democrático junto a miles de placeteños", afirmaron las prisioneras políticas en la carta.

Las mujeres cubanas dijeron que sus condenas no son más que un "ajuste de cuentas de aquellos que movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista".

También señalaron que fue "un juicio lleno de falsas acusaciones y totalmente dirigido por la policía política".

Las firmantes pidieron a "todos los organismos de derechos humanos en el mundo y a todas las personas de buena voluntad para que se unan a nuestro clamor, a nuestra lucha que es digna y justa, así como nuestras ideas son claras y firmes".

Mientras tanto, el jurista cubano Sergio Osmín Fernández Palacios, del grupo legal Inteligencia Ciudadana, presentó este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas una reclamación a favor de Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio, informó Radio Televisión Martí.

Fernández Palacios denunció que Cutiño Bazán "lleva más de 300 días privados de libertad a la espera aún, junto a otros, de la notificación de la sentencia de la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, cuyo juicio oral se celebró entre los días 24 y 26 de mayo de 2022".

El grupo legal Inteligencia Ciudadana dijo que el manifestante cubano ha sido víctima de maltratos y violaciones de derechos, garantías constitucionales, así como de las reglas Nelson Mandela de la ONU.

También se conoció este martes que el opositor cubano Carlos Manuel Pupo Rodríguez, condenado a seis años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, se encuentra en una celda de castigo en la prisión de 5 y Medio, ubicada en Pinar del Río, por negarse a usar la ropa de preso común, según la denuncia realizada por un recluso al portal Cubanet.

Pupo Rodríguez, quien se desempeña como coordinador Nacional del Partido Unión Por Cuba Libre y líder gestor del Proyecto Emilia, se encuentra desnudo en una celda de castigo desde el pasado 4 de junio, luego de recibir una golpiza por parte de los oficiales del penal.

El opositor realizó una huelga de hambre durante 12 días en el mes de mayo, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital Abel Santamaría de Pinar del Rio tras presentar problemas de salud debido a un cuadro de diabetes e hipertensión arterial.

Esta semana la esposa del manifestante cubano Juan Emilio Pérez Estrada, quien aparece en una de las fotografías más difundidas de las protestas, en la que se aprecia a dos personas sobre una patrulla volcada en la zona de Toyo, denunció que su pareja fue condenado a 21 años en prisión.

La esposa de Pérez Estrada dijo a Cubanet que el joven de 29 años recibió un impacto de bala en su pierna el 11J, pero no se lo atendió en el hospital por temor a ser detenido en el momento.

No obstante, días después un grupo de agentes policiales allanaron su vivienda de forma violenta y se llevaron la ropa que llevaba puesta el 11J, su teléfono móvil y a una familiar suya como rehén a cambio de que este se entregara, denunció su pareja.

Al llegar a la casa y tener noticia de lo sucedido Pérez Estrada se entregó a la Policía que lo envío a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde estuvo 30 días.

Finalmente, el joven fue juzgado en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre y condenado a 21 años en prisión.

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