El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) identificó los esquemas generales de hostigamiento y represión, por parte del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno cubanos, contra familiares de presos políticos en Cuba, y los puso en conocimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
De acuerdo con una nota de prensa del OCDH, el estudio revela ocho grupos de acciones operativas de la policía política contra familiares y allegados de los prisioneros de conciencia, en detrimento de sus derechos, sus bienes y relaciones laborales, advirtiéndoles de lo que ponen en riesgo si actúan contrariamente al interés oficial.
"Las estrategias gubernamentales consisten en vigilar, intervenir o suprimir el uso de internet de familiares para acallar o reducir su presencia en redes sociales y medios de prensa independientes; exhortar a no organizar acciones jurídicas de defensa ante organismos nacionales e internacionales; infiltración de agentes o sujetos de confianza; y ofrecimiento condicionado de beneficios legales o la expatriación forzada", añade la ONG.
"Las acciones intentan quebrar las relaciones de familiaridad y de afecto, para lograr el mayor aislamiento y silencio de las víctimas de represión; hacen visible la vigilancia; organizan procesos de arrestos e interrogatorios y despidos laborales; cancelan las licencias de emprendimientos o trabajo particulares; violan el domicilio, la intimidad y la correspondencia física y electrónica privadas; y coordinan el repudio social en centros laborales y barrios, entre otras formas operativas", denuncia.
El OCDH condena que "las autoridades cubanas continúan empleando mecanismos de terror como elemento disuasorio" y que "en un porcentaje, se logra generar el miedo y el abandono de conductas cívicas, quedando la emigración como única vía fundamental de escape del esquema de hostigamiento y represión diseñado".
"Alertamos el incremento de la persecución y represión hacia este universo de familiares y allegados"— señaló el observatorio—, que lo catalogó como "un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de derechos humanos".
